El proceso de nulidad electoral contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, continúa avanzando en el Consejo de Estado. Este caso, promovido por la demandante Yolanda del Socorro Bolaños, busca anular la elección de Escobar Jaramillo para el período 2024-2027, al alegar que incurrió en la prohibición de doble militancia durante la campaña electoral.
Las acusaciones en el caso
De acuerdo con la demanda, Escobar Jaramillo, inscrito por una coalición encabezada por el Polo Democrático Alternativo y otros partidos como Colombia Humana y MAIS, habría apoyado de manera pública al entonces candidato a la alcaldía de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, quien fue postulado por una coalición distinta, denominada “Movimiento Alianza Ciudadana”. Este acto, según la parte demandante, constituye una violación a la normativa electoral colombiana.
Entre las pruebas presentadas se incluyen reuniones públicas realizadas entre septiembre y octubre de 2023, en las cuales Escobar Jaramillo habría manifestado su apoyo a Toro Muñoz, algo que está prohibido según la Ley 1475 de 2011.
Intervenciones de terceros y decisiones del Consejo de Estado
El proceso ha captado mayor atención tras la intervención de dos terceros coadyuvantes, Edgar Efraín Cerón Tobar y Juan Carlos Álvarez Hernández, quienes alegan que existen pruebas adicionales que refuerzan las acusaciones de doble militancia. Sin embargo, en un auto emitido el 20 de enero de 2025, la Magistrada Ponente Gloria María Gómez Montoya aceptó la intervención de estos coadyuvantes, pero rechazó las pruebas aportadas por ellos, señalando que fueron presentadas de manera extemporánea y buscaban introducir hechos nuevos no contemplados en la demanda inicial.
Los próximos pasos
El Consejo de Estado ha declarado que continuará el trámite del proceso tras resolver las solicitudes pendientes. De acuerdo con las disposiciones legales, se espera que en las próximas semanas se emita un fallo definitivo que determinará si se anula la elección del gobernador Escobar Jaramillo o si se mantiene su mandato.
Este caso representa un precedente importante para la normativa electoral en Colombia, ya que pone en el centro del debate la figura de la doble militancia y los límites de las coaliciones políticas en procesos electorales regionales. La decisión final será determinante para la estabilidad política y administrativa del departamento de Nariño.
