La representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Juliette De Rivero, visitó el departamento de Nariño para abordar la crisis de seguridad que enfrenta la región, agravada por el asesinato de Jimmy Rosero, personero del municipio de Cumbitara. Este homicidio, perpetrado en un contexto de creciente violencia, refleja el riesgo de pérdida de gobernabilidad y la grave amenaza que representan los grupos armados no estatales para la institucionalidad.
En su visita, De Rivero sostuvo una reunión con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y altos mandos de la fuerza pública. Tras el encuentro, expresó su profunda preocupación por la fragilidad del orden público y subrayó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados. “Es urgente apoyar a las autoridades locales y restablecer el orden en Nariño, donde la amenaza de actores armados compromete seriamente la gobernabilidad y la protección de los derechos humanos”, afirmó.
Acciones hacia la paz territorial: visita a Samaniego
Como parte de una misión conjunta con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, liderada por Franklin Castañeda, De Rivero visitó el municipio de Samaniego. Allí destacó los avances en los diálogos de paz territorial y la importancia de consolidar estos esfuerzos como un pilar para superar la violencia estructural que afecta a la región.
“Es imprescindible ampliar la participación de la sociedad civil en estos procesos. La construcción de una paz duradera requiere el involucramiento de todos los sectores, especialmente de las comunidades directamente afectadas por el conflicto”, indicó, reconociendo el trabajo realizado en esta localidad como un ejemplo de resiliencia y compromiso colectivo.
Distritos mineros: preocupación por impacto social y ambiental
En su agenda, De Rivero también abordó los planes del Gobierno Nacional sobre los distritos mineros proyectados en Nariño. Manifestó que estas iniciativas deben ser evaluadas a fondo, considerando sus impactos en materia de derechos humanos y medio ambiente, y enfatizó la importancia de realizar consultas previas con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
“La protección de los territorios y los derechos de las comunidades debe ser una prioridad. Los proyectos mineros no pueden avanzar sin garantizar que se respeten los principios de sostenibilidad y justicia social”, señaló.
Un llamado a la acción
La situación de inseguridad extrema en Nariño pone en evidencia la necesidad de una respuesta estatal integral que no solo fortalezca la seguridad, sino también el tejido social y la institucionalidad. Ante la amenaza de los grupos armados y las tensiones generadas por proyectos económicos, se requiere una acción concertada que priorice los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernabilidad en el departamento.
Mientras tanto, el lamentable asesinato del personero Jimmy Rosero sigue siendo un recordatorio de los desafíos urgentes que enfrenta Nariño y de la importancia de garantizar la seguridad y justicia para sus habitantes.
Ver esta publicación en Instagram
