Por: Armando Rosero García
La sociedad está saturada de opiniones que apenas logramos procesar y acorralada por emociones, cada vez más radicalizadas, en torno a la realidad nacional y regional, que desvían la atención de los temas fundamentales para la transformación del país y del departamento.
Prueba de esto se encuentra en el cumulo de opiniones generadas a partir de la radicación del proyecto de Ley para la creación del Departamento del Litoral Pacífico, conformado por los 10 municipios de la costa nariñense (cuyos nombres, me atrevo a afirmar, pocos conocen), 3 del litoral caucano y el Distrito de Buenaventura.
Más allá de analizar los factores que explican lo que está sucediendo e identificar las responsabilidades de los distintos actores (dirigentes, clase política, empresarios, académicos, electores, abstencionistas, entre otros), la mayoría de comentarios se han limitado a la búsqueda de “culpables, cómplices y oportunistas”, como reacción natural para evadir cualquier grado de responsabilidad de la sociedad nariñense en su conjunto, porque estimado lector todos – en mayor o menor medida – tenemos algo que asumir frente a este acontecimiento.
Un primer paso es ir más allá de las etiquetas de “izquierda” o “derecha” y del uso de otras formas despectivas para nombrar a las personas que piensan diferente y que, dicho sea de paso, representan los valores, creencias e ideas que conforman la identidad nariñense.
Es en este frenesí – del cual hago parte – desde donde trataré de aportar reflexiones que seguro no estarán exentas de cuestionamientos, reproches y calificativos, o peor aún, habrá perdido vigencia ante alguna otra noticia del día. Es probable que, al momento de publicarse, este asunto sea cosa de un pasado cada vez más frágil y poco significativo y, sin embargo, asumo el riesgo de intentar aportar al debate.
Dicho lo anterior procedo a plantear el siguiente interrogante cuya respuesta inicial requiere un mayor desarrollo: ¿La creación del departamento del Litoral Pacífico es un hecho ilegitimo, ilegal o irracional?
- No es ilegal toda vez que la solicitud formal se enmarca dentro de la institucionalidad competente y conforme al procedimiento establecido en la Ley. A su vez, la iniciativa no implica una división territorial, una ruptura con el orden constitucional ni se promueve mediante una confrontación armada en contra el Estado colombiano.
- No es ilegítimo puesto que existen rezagos estructurales que limitan el goce efectivo de derechos por parte de los diversos grupos poblacionales que residen en la región, quienes han quedado marginados de los beneficios de la agenda de desarrollo nacional y se han visto afectados por la consolidación de la violencia armada y de las economías ilícitas.
- No es irracional, en tanto la cultura, poblamiento y formas de gobierno de los pueblos negros e indígenas de la costa pacífica se han construido al margen de la idea de un Nariño mestizo, andino y patriarcal. El anunció de esta iniciativa dejó en evidencia la prevalencia de prejuicios y estereotipos que sostienen la histórica división y ausencia de diálogo político – no politiquero – entre la costa y la sierra.
Al tiempo, queda en el ambiente la sensación que ser un pueblo rebelde, que reivindica sus derechos y rechaza el centralismo como forma de gobierno imperante, es una cuestión que se circunscribe al ideal generalizado de ser “pastuso” – denominación sobre la cual se homogeniza los diferentes lugares de origen del Nariño andino – mientras que la aparición de nuevas expresiones internas que reafirman sus identidades y reclaman sus derechos, no merecen ser reconocidas e incluso deben ser rechazadas sin ningún tipo de espacio para el debate regional.
Basta con leer algunos comentarios alrededor de la temática en donde la mayoría de reacciones rechazan la idea de perder el mar, pero existen mínimos cuestionamientos en torno al abandono institucional de los territorios del pacífico y de sus comunidades. Queda claro que son más fuertes los estereotipos que nos dividen que los valores que nos unen.
Bajo esta idea, sorprende la hipocresía de los sectores que rechazan la posibilidad de un nuevo departamento, pero mantienen un silencio cómplice frente a la persistencia de las desigualdades sociales, las violencias de género, las muertes por desnutrición infantil, los embarazos en adolescentes, las muertes de madres gestantes, la precaria cobertura en agua potable, el deterioro de los servicios de salud, las barreras en el acceso a la educación superior, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de los ríos, entre otras realidades, que imperan en los territorios del pacífico, cuyas principales causas se justifican en la existencia del conflicto armado, desconociendo el cumulo de malas decisiones y omisiones frente a las demandas históricas del pacífico. Es este el verdadero conflicto que debemos enfrentar.
Sin embargo, son mínimas las expresiones que piden aprovechar el momento para construir un proyecto de región que vaya desde el mar hasta las galeras, desde el monte hasta el confín, que reconozca las múltiples identidades, formas de ocupación y uso sostenible del territorio, resultado de un proceso de movilización constructiva en el cual todas las voces sean escuchadas.
Es el momento de superar la visión reduccionista y la confrontación emocional sobre la cual se plantea el debate y promover la construcción de una instancia que permita exponer los argumentos, plantear proyectos y definir acuerdos para la construcción de un orden alternativo posible.
No es una tarea fácil, pero el momento y la historia nos están dando una señal para avanzar en la construcción de un nuevo Nariño, integrado en lo administrativo, diverso en lo político y empoderado en lo sociocultural.
