Colombia se ha caracterizado por su constante irresponsabilidad en sus políticas públicas educativas. Recorte de presupuesto, baja asignación presupuestal y abandono de su misión en procura de alcanzar la excelencia educativa. Uno de los hechos más sobresalientes hace referencia a la educación incluyente y la gran mentira del Estado colombiano en referencia a brindar respeto, calidad y dignidad a la población infantil con algún tipo de discapacidad.
Para la Contraloría General de la República existen grandes y preocupantes problemas en tal sentido por cuanto sus investigaciones concluyen que “existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad en Colombia” y en consecuencia hace un llamado a los diversos actores involucrados a mejorar la implementación de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en Colombia.
Los resultados de esta investigación son sumamente preocupantes, pues “El análisis arroja que ocho de cada 10 diez estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), evidenciando que el servicio educativo de educación inclusiva no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales, lo anterior reforzado en que el 21% de los niños con discapacidad registrados en el SIMAT (38.067 estudiantes con discapacidad) cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), quedando un 79% por caracterizar (162.280 estudiantes con discapacidad)”.
Lo delicado del asunto y que debe tocar las fibras de los colombianos radica en el hecho puntual de que ” existe una financiación insuficiente. Los recursos adicionales podrían no estar siendo empleados de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo” . El presupuesto dedicado a atender a la población infantil con discapacidad en las instituciones educativas se embolata y se esconde en otros gastos necesarios, dejando en condiciones deplorables a esta franja poblacional que no cuenta con las condiciones mínimas para su permanencia. Ausencia de mobiliario adecuado, inexistencia de material pedagógico, inexistencia de grupos de apoyo y logístico. Muchas veces un solo psicorientador para una población de dos mil o tres mil alumnos.
Se agrava el panorama por la escasa o nula preparación del cuerpo docente para afrontar estos retos educativos. Se incluye en una aula a tres, cuatro o más niños con necesidades especiales e incluyentes sin que cuente con la preparación médica, psicológica, psiquiátrica o clínica del caso. Se ha pretendido hacer creer que tener a un niño con necesidades educativas de inclusión consiste, simplemente, en permitirle el acceso al aula sin que, se cuente con las mínimas condiciones que permitan su integración al grupo o el desarrollo de las mínimas competencias básicas del conocimiento.
El discurso de las entidades, llámese ministerios, secretarías de educación o comités de educación incluyente, se limitan a recitar normas y leyes que obligan al docente a cumplir una serie de exigencias sin que se le brinden las herramientas básicas que tal responsabilidad implica.
Muchas veces se acude a la “buena voluntad de los maestros ” o a su habilidad para afrontar una obligación de naturaleza tan comprometedora. Se ignoran responsabilidades penales, disciplinarias, judiciales y hasta laborales.
Los maestros han asumido en forma pasiva estas determinaciones estatales y acataron docílmente unas políticas de inclusión que no son favorables ni sustentadas favorablemente en materia presupuestal. No cuentan con la preparación, la cultura o los conocimientos que faciliten un proceso educativo y social. Se los ha dejado solos, a la deriva y expuestos a todo tipo de consecuencias.
Se requiere un análisis y debate de este tipo de políticas educativas estatales, iniciar o fortalecer un movimiento nacional que promueva una reestructuración legal y pedagógica de estas normas que, reitero, ponen en la picota pública al maestro de Colombia.
Es lamentable decir y expresar que no se cuenta con las condiciones mínimas para afrontar debidamente esta obligación educativa. No existe presupuesto, no se cuenta con profesionales idóneos y suficientes de apoyo pedagógico, educativo y psicosocial. No se brindan herramientas técnicas y mucho menos con una infraestructura acorde a las necesidades de los diversos grupos.
Las responsabilidades deben recaer en las entidades, funcionarios y directivos de la educación que han permitido este desastre pedagógico y educativo sin que se hayan operado los ajustes necesarios.
Los maestros no pueden continuar en esa pasividad aterradora, en la que aceptan todo tipo de normas sin la existencia de un marco legal que se sustente en realidades económicas, financieras, administrativas y operativas. Igualmente las organizaciones gremiales y sindicales deben pronunciarse al respecto y no dejar solos y expuestos a todo tipo de vejámenes al maestro colombiano. Más allá de las normas están las realidades de una población infantil que requiere respeto y dignidad para sus anhelos de educación e integración social.
A propósito de estas dudas razonables existen serios pronunciamientos de la Corte Constitucional que “falló a favor de las personas con discapacidad en Colombia. El alto tribunal revisó una tutela que exigía un acompañamiento de docentes especializados para un alumno con problemas de aprendizaje”. Docentes especializados que en la casi totalidad de las instituciones inclusivas NO EXISTEN y someten al docente y al niño a una tortura indecible y deprimente.
De acuerdo a lo expuesto por el padre de familia ante la Corte Según “la institución educativa en la que se encuentra matriculado lo promovió hasta el grado sexto. Sin embargo, el joven no sabe leer ni escribir y presenta dificultades en su proceso educativo debido a que no ha contado con docentes capacitados e idóneos para acompañarlo de acuerdo con sus necesidades”. Por esta razón, el padre solicitó al juez de tutela que ordenara a la Secretaría de Educación del municipio donde reside su hijo, matricularlo en un establecimiento educativo que cuente con docentes especializados en trabajo pedagógico con personas con discapacidad. En las instituciones, educativas NO Existe este tipo de docentes especializados.
Lo delicado es que el docente, por su cuenta y riesgo, debe elaborar un un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para el niño y suscribir una acta de acuerdo para su implementación con la familia, entre otras gestiones encaminadas a garantizar la inclusión educativa del joven.
Tremenda responsabilidad que no se debe asumir. En consecuencia se solicita un pronunciamiento de gremios, entidades médicas, agremiaciones de salud mental y de organizaciones de padres de familia. Educación incluyente NO DEBE SER sinónimo de irresponsabilidad, improvisación y abandono de unas justas políticas que respondan a las expectativas de padres de familia, niños y comunidad educativa.
