Por: José Arteaga
(X-Twitter: @jdjarteaga)
Más allá de los enfrentamientos políticos consabidos y las soluciones diplomáticas conocidas en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, el tema de la deportación sigue y seguirá estando en el tapete informativo. Pero no sólo con Norteamérica sino también con otros continentes. La deportación es algo mucho más frecuente de lo que se conoce.
Voy a escarbar un poco en el caso de España porque lo conozco más y porque es representativo de la política de la Comunidad Europea al respecto, Pero hay que tener en cuenta que países como China tienen una leyes particulares mucho más severas para deportar, al igual que Australia. En suma, cada continente obra según su tradición política y su cultura, y cada país varía según la trascendencia de determinados delitos.
No es que todos los deportados desde otros países hacia Colombia sean delincuentes, pero la infracción a las normas de residencia podría ser tipificada como delito. Es el caso de la mayoría de deportados que llegan anualmente desde España.
Cada año arriban 60 deportados desde España en promedio. De esos 60, una tercera parte correspondió sólo el año pasado a personas con “numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos graves registrados en diversas zonas de España, principalmente en Catalunya”, de acuerdo con el informe que remitió la Policía Nacional a la Unidad Central de Repatriaciones (UCR).
¿Cómo funciona todo esto? Bueno, el asunto comienza, como es lógico suponer, cuando se observa una infracción o delito. De acuerdo con el Ministerio del Interior, eso compete a los extranjeros que realicen conductas tipificadas como muy graves. Estas son: atentar contra la seguridad nacional, hacer parte de una red de trata de personas, y contratar trabajadores sin permiso de residencia.
Es lógico pensar que hay delitos más graves y así es, pero estos son los que entran en un proceso de expulsión. Los demás aplican una condena en territorio español. Pero hay alternativas. Uno de los deportados en 2024 estaba cumpliendo condena en una cárcel, pero al llevar más de dos tercios de la misma, pudo conmutar la pena por una expulsión a su país de origen.
Todo esto continúa con la comprobación del delito, la apertura de un expediente administrativo, el boletín informativo del proceso a la persona y la resolución judicial de expulsión que emite la Subdelegación del Gobierno por Infracción a la Ley de Extranjería.
Pero claro, hablamos de delincuentes que se pueden dar a la fuga. Por eso se realizan operativos policiales que coordinan las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras. Hay quienes se entregan voluntariamente, y hay quienes son perseguidos, capturados y llevados a unos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta su deportación. Y ese es el momento en que algunas ONG consideran que se vulneran los derechos humanos.
@StopDeportación es una de ellas, una plataforma que aboga por el cierre de los CIE, a los que consideran una especie de Guantánamo, la prisión militar de alta seguridad al oriente de Cuba. @StopDeportación está constantemente alertando sobre vuelos de deportación y piden a la comunidad denunciar las redadas policiales. Como se aprecia, hay una fina línea entre lo que supone defender a un delincuente y defender los derechos civiles de una persona.
Hay otras ONG, en cambio, que presionan a las compañías aéreas que realizan estos vuelos contratados por el Estado español, pues consideran que detrás hay un negocio millonario. Lo denominan “Viajes de racismo de Estado”.
En cualquier caso, la expulsión de España, materializada por la deportación, supone que no se puede volver a dicho país hasta que expire la prohibición de entrada, lo cual depende de cada caso, y se solicite un perdón o una exención. Es lo que le sucede a personas con familia establecida en Europa. Y aquí hay un tema delicado.
La plataforma Community Psychology trabaja con las consecuencias psicológicas en los individuos, en los menores, en las familias y en la comunidad, como el trauma, o la violencia y abuso posterior. “Muchos inmigrantes, deportados regresan a entornos extremadamente peligrosos. Los hijos padecen trastornos del sueño, bajo rendimiento académico y peor salud física. La familia reduce sus ingresos económicos y fragmenta la estructura familiar… Cuando alguien es deportado, las personas de su comunidad comienzan a sentir temor y desconfianza hacia las instituciones publicas”.
Dicho esto, ¿qué pasa al llegar de regreso? Intervienen varias entidades: Embajada de Colombia en España, Cancillería, Migración Colombia y Aerocivil. A estas se suman la Policía Nacional de Colombia y la Defensoría del Pueblo. Hay un protocolo establecido por la Ley Orgánica 4 del año 2000, por lo que los deportados pasan por unos controles diferentes a los de los vuelos comerciales.
Uno de esos controles es el médico y otro el humanitario. La deportación la comunica el Defensor del Pueblo de España a su homólogo colombiano, activando el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. De esta manera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se vigilan los casos con necesidades humanitarias.
Este sistema es igual para los deportados de otros países. Así lo establece, por ejemplo, en Estados Unidos el Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (ISAP), que es el que regula el uso de grilletes o pulseras de tobillo desde el año 2004, bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Como se aprecia, el número de deportados desde España no tiene nada que ver con el proveniente de Estados Unidos, donde sólo en 2024 llegaron 126 aviones con un gran porcentaje de pasajeros esposados, dado el sistema ISAP. Pero hay unos protocolos similares y es muy probable que estos y las leyes a los que pertenecen se endurezcan en los próximos años.
La migración un tema que está sobre el tapete de todos los gobiernos del mundo y cada país lo aborda según el mandatario de turno. La razón es que si la migración es muy alta, esa pérdida de población afecta la capacidad de producción del país de origen. Según Naciones Unidas los migrantes internacionales representan en 3,5% de la población mundial actual. No parece mucho, pero es que la cantidad aumenta exponencialmente cada año.
España se ha visto desbordada por los diferentes orígenes migratorios y por la forma en que acceden al país. Esto involucra a Marruecos, Senegal, Rumania, Ucrania, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Italia tiene una situación parecida con estos orígenes, a los quede sumar a Albania. Hay una continua lucha por la expulsión de migrantes albaneses entre la Presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni y el Tribunal de Roma.
Pues bien, de acuerdo con las previsiones Colombia se sumará en breve tiempo a ese alto nivel de flujo migratorio. En una columna anterior citaba las cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC): “La salida de nacionales colombianos del país rompió todos los registros históricos… Ese sorpresivo flujo superó el medio millón de emigrantes el año pasado”. Y a esa cifra hay que sumar la de Aeronáutica Civil: “más de mil personas al día dejan el país con intenciones de radicarse en el exterior”.
La sensación de inestabilidad que transmite el Gobierno se ha convertido en una de las razones principales para ese éxodo, a lo que se debe sumar la devaluación del peso, el cada vez más complicado acceso a la salud, la falta de oportunidades profesionales, la dificultad de contratación debido al aumento del salario mínimo, o la competencia feroz en puestos de trabajo básicos con venezolanos y otros inmigrantes.
A lo que voy es a la estadística: si cada año se va más gente de Colombia, pues hay más colombianos fuera y más éxitos y trabajos fuera, pero también más infracciones fuera y por ende, más deportaciones.
La deportación es un ámbito que ha rebasado lo judicial y se ha instalado dentro de la cotidianidad migratoria. Ante ello y como dice la Presidente de la Cámara Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, se necesitan estrategias integrales. Colombia cambiaría de mandatario en 2026. Ahí se podrían trazar estrategias. España tiene unas elecciones generales previstas para 2027. Ahí se podrían revisar acuerdos.
Pero claro, hace falta ecuanimidad y consenso para evitar encontrarse de sopetón con problemas generados en redes sociales. Las leyes y los protocolos deben estar por encima de los trinos, vengan de donde vengan.
