A menos de dos meses de las elecciones, las tensiones internas dentro del Pacto Histórico en Nariño saltan de las redes y las tertulias políticas al centro de la discusión pública. Lo que comenzó como una supuesta propuesta técnica para dinamizar el sector minero del departamento se ha convertido en una controversia que, para algunos, muestra al movimiento de Gobierno en su peor momento de unidad.
La controversia estalló cuando el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó a la Asamblea Departamental facultades para crear una sociedad de economía mixta con el objetivo de formalizar, acompañar y potencialmente comercializar proyectos mineros en el departamento, destinando 3.000 millones de pesos del presupuesto público como aporte inicial.
Lo que para la administración departamental es una herramienta para ordenamiento y producción responsable del recurso, para Erick Velasco, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, es una “alarma política”:
“¿Usted entregaría su dinero para un negocio donde no conoce ni a los socios? Cuidado Nariño… ¡ya alertamos sobre los fondos mixtos!” — escribió Velasco en redes sociales, alertando sobre los riesgos de abrir la puerta a intereses privados en un proyecto financiado con dineros públicos.
Unidad en riesgo
La crítica de Velasco toca un punto sensible: la falta de claridad sobre la estructura societaria, los socios involucrados y los mecanismos de control público. En su pronunciamiento, el congresista advierte que:
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No se garantiza la formalización de los pequeños mineros rurales.
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No hay certezas sobre quiénes serán los socios privados, ni el origen de sus recursos.
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La contratación no seguiría los controles públicos habituales.
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No está claro quién controlará la empresa ni bajo qué reglas operará.
Este rechazo público no solo traza una línea crítica frente a la propuesta del gobernador Escobar, sino que expone las fracturas dentro del mismo Pacto Histórico en Nariño, un movimiento que, durante la campaña y los primeros años de Gobierno, promovió la transparencia y la defensa del interés público como bandera.
A puertas de elecciones
La polémica ocurre en un momento político sensible —con elecciones legislativas en el horizonte— donde los partidos buscan proyectar unidad y propuestas contundentes. Sin embargo, el choque entre la visión del gobernador y la de un congresista de la misma colectividad evidencia que, en temas clave como la gestión de recursos, la cohesión del pacto está lejos de ser sólida.
Para muchos analistas políticos de la región, una empresa pública, transparente y directamente controlada por el Departamento, sería una alternativa más segura para avanzar en la formalización minera sin poner en riesgo los recursos de la ciudadanía. La propuesta de una sociedad mixta, en cambio, revive viejas sospechas de acuerdos opacos entre administración y privados que han marcado la historia de los fondos mixtos en Colombia.
¿Qué viene ahora?
Mientras la Asamblea Departamental analiza la autorización solicitada, la discusión se ha convertido en un termómetro de la salud política dentro del Pacto Histórico en Nariño. La incertidumbre sobre el futuro de la minería legal en el departamento no solo es técnica: es ahora también una pregunta sobre la unidad, la transparencia y la capacidad de un movimiento político para cumplir con las expectativas de sus bases
