Una tutela presentada por una fundación de Puerto Asís frenó, de manera provisional, cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento. El juzgado deberá decidir ahora de fondo si el plan piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes amenaza derechos fundamentales relacionados con la salud, el agua y el medio ambiente.
Cuando en Putumayo crecía la expectativa por el inicio de un plan piloto de aspersión aérea contra cultivos de uso ilícito, una decisión judicial cambió el escenario.
El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó este 11 de septiembre de 2026 suspender temporalmente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio dentro del departamento, mientras recopila información y resuelve de fondo una acción de tutela interpuesta contra varias entidades del Gobierno Nacional.
La decisión quedó consignada en el expediente 865683189003-2026-00189-00 y tiene carácter de medida provisional. Es decir, no constituye todavía un fallo definitivo sobre la legalidad o constitucionalidad del programa.
La tutela fue presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, en representación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, organización con presencia en Puerto Asís y que desarrolla proyectos sociales, culturales y de acompañamiento comunitario en Putumayo. (Fundatiempo de Cambios)
Según el auto conocido por Página 10, la acción judicial cuestiona la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante la cual se habría ordenado un plan piloto “controlado y evaluable” para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con un producto formulado con glufosinato de amonio.
La fundación sostiene que la medida podría comprometer derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua y el derecho a gozar de un ambiente sano.
Una orden con efecto inmediato
En la parte resolutiva, el juez Germán Alberto Mora Mena dispuso suspender cualquier actividad de aspersión aérea con esa sustancia que pretenda desarrollarse en Putumayo bajo la resolución cuestionada.
La suspensión permanecerá vigente hasta que el despacho judicial recaude la información necesaria y adopte una decisión definitiva dentro de la tutela.
El juez también advirtió a las entidades accionadas y vinculadas que el incumplimiento de la medida podría generar consecuencias por desacato, de acuerdo con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
La acción está dirigida, entre otros, contra la Presidencia de la República, los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud y Justicia, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— y el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA—.
Además, el juzgado decidió vincular al proceso a Corpoamazonia, la Gobernación del Putumayo, la Defensoría del Pueblo regional, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales, el Instituto Nacional de Salud, el IDEAM y la Aeronáutica Civil.
¿Qué significa realmente la decisión?
El auto no significa que el juez haya prohibido definitivamente el uso del glufosinato de amonio ni que haya declarado ilegal la política de erradicación aérea.
Lo que hizo fue aplicar una figura preventiva propia de la acción de tutela: ante la posibilidad de que durante el trámite pudiera producirse un daño que después fuera difícil de revertir, el despacho decidió mantener suspendidas las operaciones mientras estudia pruebas, recibe respuestas de las entidades involucradas y determina si efectivamente existe una vulneración de derechos fundamentales.
Por eso, el punto decisivo vendrá después.
El juzgado tendrá que establecer, entre otros asuntos, qué estudios técnicos respaldan el piloto, cuáles serían las condiciones de aplicación del producto, qué riesgos han sido evaluados sobre fuentes hídricas, cultivos legales, biodiversidad y población, y qué mecanismos de participación o concertación fueron previstos en los territorios donde se proyectaba intervenir.
La discusión también podría extenderse a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en Putumayo, especialmente si se determina que alguna operación podía producir una afectación directa sobre sus territorios.
Putumayo vuelve al centro del debate sobre la política antidrogas
La controversia revive una discusión que el sur de Colombia conoce desde hace décadas: cómo combatir los cultivos de uso ilícito sin trasladar los costos ambientales, sociales y sanitarios a las comunidades rurales.
Putumayo ha sido uno de los departamentos históricamente más afectados por las economías de la coca, el conflicto armado y las sucesivas estrategias estatales de erradicación.
Ahora, el debate incorpora un nuevo elemento: el uso del glufosinato de amonio dentro de un esquema experimental de aspersión aérea.
Mientras el Gobierno deberá explicar ante el juzgado los fundamentos técnicos y jurídicos del programa, las comunidades tendrán la posibilidad de poner sobre la mesa sus preocupaciones sobre agua, salud, cultivos de pancoger, biodiversidad y permanencia en el territorio.
