La mesa estaba servida para bajar la tensión, pero terminó vacía. La reunión bilateral de alto nivel entre las comitivas de Colombia y Ecuador, realizada este viernes 6 de febrero en Quito, cerró sin acuerdos concretos para desmontar la guerra de aranceles que mantienen enfrentados a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Mientras en los puentes fronterizos de Nariño y Putumayo camioneros, comerciantes y transportadores cuentan pérdidas y miran con incertidumbre el futuro, en los salones de la diplomacia los gobiernos solo lograron algo: confirmar que el pulso comercial va para largo.
La reunión que no destrabó la crisis
Por Colombia estuvieron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y delegados de los ministerios de Justicia, Comercio y Minas. También participaron funcionarios de Ecopetrol, en un guiño a la creciente tensión energética y petrolera entre los dos países.
La prioridad colombiana era clara: pedir la suspensión inmediata del arancel del 30 % que Ecuador impuso desde el 1 de febrero a la mayoría de importaciones de origen colombiano, bajo la figura de una “tasa de seguridad”.
Sin embargo, la respuesta desde Quito fue fría. La delegación ecuatoriana se limitó a señalar que “evaluará la solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión”, según comunicó la parte colombiana.
En otras palabras: nada de levantar, por ahora, la tasa del 30 %.
Cómo empezó la guerra de aranceles
El conflicto se desató el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos, justificándolo como una tasa de seguridad frente a una presunta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en la frontera.
La medida, que entró en vigencia el 1 de febrero, golpea a buena parte de las importaciones definitivas de origen colombiano, desde alimentos hasta insumos industriales.
Bogotá reaccionó con una combinación de firmeza y cálculo político:
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Imposición de un arancel del 30 % a un paquete de productos ecuatorianos (23 partidas y 73 subpartidas, principalmente pesca, agro e insumos industriales).
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Suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, que depende de Colombia para cerca del 10–12 % de su demanda.
Colombia ha defendido estas medidas como “proporcionales, transitorias y revisables”, argumentando que responden a una acción unilateral de Quito que, además, politiza el comercio al usar la seguridad como excusa arancelaria.
Tras el fracaso en Quito: decreto y demanda ante la CAN
La reunión de este viernes en Quito era vista como la oportunidad para un desescalamiento. No ocurrió. Al contrario, al cierre del encuentro la Cancillería colombiana anunció que el Gobierno se “ve obligado” a activar y ampliar sus propias medidas.
En concreto:
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Decreto arancelario en firme
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El Gobierno colombiano ya había definido y oficializado el listado de productos ecuatorianos que quedarían cobijados por el arancel del 30 %, pero había frenado la firma de un nuevo decreto ampliatorio “a la espera de acuerdos más inmediatos” con Ecuador.
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Tras la negativa ecuatoriana de suspender su tasa del 30 %, Bogotá confirmó que expedirá el decreto para mantener y extender los aranceles espejo a más bienes ecuatorianos, bajo el argumento de seguridad nacional.
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Demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
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Colombia anunció que presentará una demanda ante el sistema andino de solución de controversias de la CAN, al considerar que Ecuador desconoce el Acuerdo de Cartagena, que dio origen al bloque.
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¿Qué reclama Colombia en la CAN?
El corazón del reclamo colombiano está en una idea: dentro de la Comunidad Andina hay libre comercio de bienes originarios, y los países no pueden imponer, de manera unilateral, nuevos gravámenes a las importaciones de sus socios.
El Acuerdo de Cartagena creó un Programa de Liberación cuyo objetivo es eliminar gravámenes y restricciones de todo orden que afecten las importaciones intracomunitarias.
En decisiones recientes y en la propia jurisprudencia andina se ha reiterado que:
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Un país miembro no puede restringir, limitar u obstaculizar las importaciones provenientes de otro miembro mediante aranceles, recargos o tasas adicionales, salvo excepciones muy específicas (por ejemplo, salvaguardias debidamente justificadas).
Colombia argumenta que la “tasa de seguridad” del 30 % aplicada por Ecuador equivale a un gravamen arancelario disfrazado y, por tanto, vulnera el marco normativo del acuerdo andino.
Si la Secretaría General de la CAN le da la razón a Bogotá, podría ordenar a Quito desmontar la medida o enfrentar sanciones en el ámbito comunitario. Pero estos procesos suelen ser largos, mientras que el impacto en los territorios de frontera ya se siente día a día.
