La guerra volvió a meterse en el juego de los niños. En zona rural de Olaya Herrera, Nariño, cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la activación de un área minada mientras jugaban, según denunció la Tercera División del Ejército Nacional. La emergencia obligó a una operación humanitaria contrarreloj para evacuarlos y trasladarlos a centros asistenciales, primero en la región y luego a Cali, donde reciben atención especializada.
El hecho no solo sacude por su brutalidad. También reabre una pregunta que en Nariño se escucha cada vez con más fuerza: ¿en dónde quedó el control estatal? ¿En dónde quedó la paz en los territorios? Porque cuando los niños no pueden jugar sin encontrarse con explosivos sembrados en la tierra, lo que fracasa no es solo la seguridad. También se resquebraja la confianza en la capacidad del Estado para proteger a la población civil y en la efectividad de los procesos de diálogo, seguimiento y verificación frente a los actores armados.
De acuerdo con Caracol Radio, tres de los menores fueron trasladados desde Tumaco hasta Cali y atendidos en el Hospital Universitario del Valle. El centro asistencial reportó politraumatismos severos, lesiones complejas en extremidades y, en uno de los casos, una lesión abdominal. El mismo reporte indicó que los niños se encontraban jugando cuando ocurrió la explosión en la vereda Laguna, zona rural de Olaya Herrera.
La imagen es devastadora: menores heridos, una comunidad aterrada y una región que vuelve a confirmar que la violencia no se ha ido, sino que sigue instalada en la vida cotidiana. El Ejército calificó el hecho como una infracción al Derecho Internacional Humanitario y rechazó el uso de medios ilícitos de guerra que ponen en riesgo deliberado a la población civil. Pero más allá de la condena institucional, el caso deja una sensación amarga: en varias zonas de Nariño la guerra sigue operando con capacidad de sembrar miedo, controlar territorios y desafiar la presencia estatal.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido que las minas antipersonal siguen siendo una amenaza directa para la vida y para la consolidación de la paz. En un pronunciamiento de abril de 2025 recordó que, desde 1990, más de 12.000 personas han resultado afectadas por estos artefactos en Colombia y que Nariño figura entre los departamentos más golpeados, con 1.156 víctimas acumuladas. También señaló que la presencia de minas restringe la movilidad, afecta el acceso a tierras, caminos y fuentes de agua, e impide el desarrollo de comunidades enteras.
Ese diagnóstico encaja de forma dolorosa con lo ocurrido en Olaya Herrera. No se trata solo de un hecho aislado ni de una tragedia más en la larga estadística del conflicto. Se trata de una señal de que en territorios como Nariño la llamada paz todavía no logra traducirse en control institucional efectivo, prevención real ni garantías suficientes para la población civil. Cuando un campo minado termina alcanzando a niños, el mensaje que recibe la comunidad es brutal: el Estado sigue llegando tarde y la guerra todavía manda en demasiados rincones.
La preocupación no es menor. Reuters reportó en febrero de 2025, con base en el informe anual de la ONU sobre Colombia, que los grupos armados ilegales han mantenido control territorial y social en distintas regiones del país, afectando la gobernabilidad y golpeando a la población civil. El informe advirtió que esos grupos imponen normas, ejercen control social y aprovechan vacíos de presencia estatal.
Por eso, la discusión de fondo va más allá de la reacción militar o humanitaria posterior a la tragedia. La pregunta de Nariño hoy no es únicamente quién sembró el área minada, sino por qué sigue siendo posible que estos artefactos permanezcan en zonas donde viven y juegan niños. Tampoco basta con hablar de voluntad de paz en abstracto. La paz territorial exige verificación, control, desminado, presencia institucional sostenida y protección concreta para las comunidades. Sin eso, el discurso de paz corre el riesgo de quedarse en Bogotá, mientras en los territorios la población sigue caminando —y ahora incluso jugando— sobre la guerra.
En Olaya Herrera, la explosión no solo dejó menores heridos. También volvió a dejar herida una idea de país: la de que la paz ya estaba avanzando con suficiente fuerza en las regiones más golpeadas. En Nariño, esa promesa todavía parece enterrada bajo tierra.
