La campaña presidencial empieza a trazar con claridad sus líneas de confrontación. En un movimiento que marca distancia directa con el Gobierno de Gustavo Petro, la candidata uribista Paloma Valencia anunció que, de llegar a la Casa de Nariño, su primera decisión sería revocar la figura de los llamados “gestores de paz”, uno de los pilares de la política de “paz total”.
El anuncio lo hizo en Barranquilla, durante el lanzamiento de su propuesta de “seguridad total”, acompañada del expresidente Álvaro Uribe. Allí presentó el borrador de lo que sería su primer decreto, con el que busca desmontar los beneficios jurídicos otorgados a cabecillas de grupos armados en el marco de los diálogos impulsados por el actual gobierno.
Según el documento, la política de paz total ha derivado en la suspensión de órdenes de captura y en escenarios que, a juicio de la campaña, terminan favoreciendo la impunidad. Por eso, la propuesta plantea reactivar de inmediato esas órdenes contra quienes hoy están cobijados por la figura de gestores, en medio de negociaciones con el Estado.
El planteamiento no es menor. Toca directamente uno de los instrumentos más polémicos del gobierno Petro, que ha permitido levantar órdenes judiciales para facilitar acercamientos con actores armados. Para sus defensores, se trata de una herramienta necesaria para avanzar en procesos de diálogo; para sus críticos, es una concesión excesiva que debilita la autoridad del Estado.
La narrativa de la candidata se apoya, además, en hechos recientes de inseguridad. Durante el mismo evento, Valencia relató un episodio que involucró a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quien —según dijo— fue increpado por un presunto extorsionista mientras grababa un video en Soledad, Atlántico, denunciando ese delito.
“Se sienten dueños de nuestras calles”, afirmó la candidata, al referirse a la percepción de control territorial por parte de estructuras criminales en ciudades y regiones como Barranquilla, Cauca y Nariño. Su propuesta, en ese sentido, apunta a una ofensiva más agresiva de la fuerza pública, basada en inteligencia y operativos focalizados contra redes de extorsión.
El anuncio abre un debate de fondo sobre el rumbo de la política de seguridad y paz en Colombia. La “paz total” fue la bandera central del gobierno Petro desde su llegada al poder, pero su implementación ha enfrentado críticas por decisiones polémicas, como los ceses al fuego simultáneos anunciados a finales de 2022, que generaron dudas sobre su viabilidad y control.
Ahora, la propuesta de Valencia pone sobre la mesa un giro de enfoque: pasar del diálogo con beneficios jurídicos a una estrategia de presión estatal directa. El riesgo, sin embargo, es evidente. Mientras unos ven en esta postura una recuperación de la autoridad, otros advierten que desmontar los canales de negociación podría cerrar puertas a posibles desescalamientos del conflicto.
Lo cierto es que la campaña empieza a polarizarse alrededor de una pregunta clave: ¿más negociación o más fuerza?
En esa disyuntiva, el país vuelve a enfrentarse a un dilema histórico, donde la seguridad y la paz no solo compiten como discursos, sino como modelos de Estado.
