La vía Panamericana, eje vital del suroccidente colombiano, dejó de ser solo un corredor estratégico para convertirse, cada vez más, en un escenario de miedo. Atentados, ataques armados, secuestros y robos han marcado su realidad reciente. Pero lo ocurrido en Cajibío, Cauca, este fin de semana, escaló la violencia a un nivel que muchos califican como uno de los golpes más graves contra la tranquilidad, la vida y la democracia en la región.
El ataque no solo sacudió a las autoridades, sino que profundizó la percepción de pérdida de control territorial en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado. La Panamericana, que conecta economías, comunidades y departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, hoy refleja la fragilidad de la seguridad en el suroccidente.
En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, en un tono inusualmente fuerte. Calificó a las disidencias lideradas por Iván Mordisco como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y anunció que firmará una acusación contra sus jefes ante la Corte Penal Internacional.
El mandatario fue más allá: señaló directamente a alias “Marlon” como uno de los responsables del atentado y ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero rastrear las finanzas del grupo. Además, instruyó a las Fuerzas Militares a desplegar sus “mejores soldados” para enfrentarlos, anunciando lo que denominó una “máxima persecución mundial” contra estas estructuras.
Sin embargo, el discurso llega en un momento crítico para la política de “paz total”. La ola de violencia que durante más de 24 horas golpeó al Cauca y al Valle del Cauca —atribuida a la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc— vuelve a poner en entredicho la efectividad de los diálogos con grupos armados que, en paralelo, continúan ejecutando acciones violentas.
Para muchos sectores, lo ocurrido en Cajibío no es un hecho aislado, sino la evidencia de una estrategia fallida que no ha logrado contener la expansión ni el fortalecimiento de estos grupos. La crítica es directa: mientras el Estado negocia, los actores armados consolidan control territorial y aumentan su capacidad de ataque.
La situación revive una exigencia recurrente en la región: más seguridad y presencia efectiva del Estado. En departamentos como Cauca y Nariño, la ciudadanía ha venido alertando sobre el deterioro de las condiciones de orden público y la necesidad de recuperar el control institucional en corredores clave como la Panamericana.
El atentado deja, además, un mensaje político contundente. La respuesta del presidente, endureciendo el lenguaje y anunciando acciones internacionales, podría marcar un giro en la estrategia frente a las disidencias. Pero también plantea una pregunta de fondo: ¿es posible sostener una política de diálogo en medio de una escalada violenta como la que vive el suroccidente?
Por ahora, lo cierto es que la Panamericana sigue siendo más que una carretera: es el reflejo de un país que aún no logra cerrar el capítulo de la guerra, y donde cada ataque no solo destruye infraestructura o cobra vidas, sino que erosiona la confianza en la paz.
