La Fundación Conflict Responses —Core— publicó un informe que prende nuevas alarmas sobre la seguridad en Colombia: entre 2018 y 2025, los principales grupos armados organizados no solo se mantuvieron activos, sino que en la mayoría de los casos se fortalecieron militar, económica, política y territorialmente.
El dato más contundente es el crecimiento de sus integrantes. Según cifras de inteligencia de la Fuerza Pública citadas por el informe, los grupos armados pasaron de cerca de 12.800 miembros en 2018 a aproximadamente 27.100 en 2025. Es decir, más que duplicaron su capacidad humana en siete años. La tendencia, advierte Core, comenzó durante el gobierno de Iván Duque y no fue frenada durante el gobierno de Gustavo Petro.
El análisis mide cinco dimensiones: militar, organizacional, económica, política e ideológica. En términos generales, casi todos los grupos avanzaron en la mayoría de esos campos. La principal excepción es la Segunda Marquetalia, que aparece con señales de estancamiento frente a otras estructuras.
El informe es crítico con la política de Paz Total, pero evita una lectura simplista. Core señala que esta política sí tiene responsabilidad en la tendencia de fortalecimiento, especialmente por la falta de líneas rojas, consecuencias claras y coordinación entre los procesos de diálogo y las decisiones del sector Defensa. Sin embargo, también advierte que no es la única causa: el fenómeno venía desde 2018 y se explica por múltiples factores, entre ellos economías ilegales, vacíos institucionales, débil implementación territorial del Acuerdo de Paz de 2016 y problemas en la política de seguridad.
Uno de los puntos más delicados es que los ceses al fuego y acercamientos con estructuras armadas no siempre se tradujeron en alivio para las comunidades. En algunos casos, según el análisis de Core, los grupos aprovecharon los espacios de negociación o menor presión militar para recomponerse, extender su influencia o consolidar control social y económico en los territorios.
La expansión no se limita al número de hombres. Core advierte que los grupos armados también ampliaron su injerencia territorial, entendida no solo como presencia armada, sino como capacidad de imponer reglas, controlar economías locales, influir en decisiones comunitarias y afectar la autonomía ciudadana. Según el informe, en 2025 la mayoría de estructuras aumentó los municipios donde ejerce influencia frente al año anterior.
El Ejército Gaitanista de Colombia —EGC o Clan del Golfo— aparece como el grupo más cohesionado y con mayor crecimiento reciente. Entre 2024 y 2025, según las cifras citadas por Core, aumentó sus integrantes en un 30 % y pasó de tener injerencia en 278 municipios a cerca de 290.
El panorama de las disidencias de las Farc es más complejo. El Estado Mayor Central —EMC— se fragmentó entre la estructura de alias “Mordisco” y el Estado Mayor de Bloques y Frentes —EMBF—, asociado a alias “Calarcá”. Aun así, pese a esa división, ambas estructuras muestran crecimiento en integrantes y presencia territorial. Core reportó que entre 2024 y 2025 el EMC aumentó sus filas en 23 %, mientras el EMBF creció 22 %.
El ELN, por su parte, también registra fortalecimiento, aunque con matices. Su crecimiento no se explica únicamente por presencia militar, sino también por su capacidad de trabajo político, redes de milicianos y gobernanza armada en algunas regiones. El informe señala que este grupo aumentó su injerencia municipal y que el cese bilateral pudo haberle servido para consolidar formas de control en zonas como Arauca, aunque Core advierte que es difícil medir con precisión el impacto específico de ese periodo.
La otra cara del informe es la fragmentación. Salvo el Clan del Golfo, casi todos los grupos muestran retrocesos organizacionales. El ELN perdió el frente Comuneros del Sur; el EMC se dividió; la Segunda Marquetalia perdió sus dos estructuras más grandes, que terminaron conformando la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Esa fragmentación no necesariamente significa menos riesgo: en muchos territorios puede traducirse en más disputas, más violencia y más presión contra la población civil.
El informe también conecta el crecimiento armado con el fortalecimiento de economías ilegales. Aunque no cuantifica exactamente cuánto aumentaron las finanzas de cada grupo, sí señala que desde 2018 crecieron las rentas criminales que alimentan a estas estructuras, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control de corredores estratégicos.
La conclusión es incómoda para el país: ni la política de seguridad del gobierno anterior ni la Paz Total del actual lograron revertir la expansión armada. Colombia llega a 2025 con más hombres en estructuras ilegales, más municipios bajo influencia criminal y una población civil atrapada entre negociaciones inciertas, fragmentación armada y respuestas estatales insuficientes.
El reto no es solo “mano dura” ni solo diálogo. El informe sugiere que cualquier estrategia futura deberá combinar presión efectiva contra las estructuras, reglas claras en los procesos de negociación, consecuencias frente a los incumplimientos, presencia integral del Estado y protección real para las comunidades. Sin eso, el país corre el riesgo de seguir viendo cómo los grupos armados negocian, se fragmentan o cambian de nombre, mientras en los territorios mantienen el control.
