El candidato del Pacto Histórico pidió desde Quibdó que el presidente electo cumpla el Plan Chocó. La crítica no tardó: sectores políticos le recordaron que ese compromiso fue adquirido por el Gobierno Petro, que está terminando su mandato y no logró ejecutar plenamente varias de sus grandes promesas regionales. En Nariño, el caso de la doble calzada Pasto–Catambuco es uno de los ejemplos más claros.
La transición presidencial apenas comienza y ya se abrió un nuevo debate político: ¿quién debe responder por los compromisos regionales que firmó el Gobierno Petro y que no quedaron ejecutados?
La discusión surgió luego de que Iván Cepeda Castro publicara desde Quibdó un mensaje en el que le dijo al presidente electo Abelardo De la Espriella que debe cumplir el Plan Chocó, con sus obras y beneficios pactados para la población en el gobierno actual.
La respuesta política llegó desde la otra orilla. La excongresista Margarita Restrepo cuestionó el pronunciamiento de Cepeda y preguntó por qué no le exigió lo mismo al presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de gobierno. En su mensaje, Restrepo escribió: “¿Y qué hizo Petro por el Chocó? ¿Por qué no le exigiste nada a él en sus 4 años de desgobierno?”.
La imagen compartida en redes refleja una tensión que empieza a marcar el arranque del nuevo escenario político: Abelardo todavía no se posesiona, pero ya recibe exigencias por compromisos que fueron firmados, anunciados o pactados durante el gobierno saliente.
El problema de fondo: los planes se firman, pero las obras no siempre llegan
El debate no es solo sobre Chocó. Es una discusión nacional sobre la continuidad del Estado, la responsabilidad política y la diferencia entre anunciar inversiones y ejecutar obras.
Durante el Gobierno Petro se impulsaron varios instrumentos de planeación para el Pacífico, entre ellos pactos territoriales y políticas de desarrollo integral. El Departamento Nacional de Planeación presentó en abril de 2026 el CONPES 4185 como una política de desarrollo integral del Pacífico, con horizonte a 2035, 179 municipios priorizados, 166 acciones y articulación de 18 ministerios y 27 entidades nacionales.
El documento también señala que esta política se articula con los pactos territoriales de Nariño, Cauca y Chocó, en una apuesta de inversión pública para cerrar brechas históricas del Pacífico colombiano.
Pero ahí aparece la pregunta que se hacen las regiones: ¿cuánto de eso quedó realmente ejecutado y cuánto quedó como hoja de ruta para el próximo gobierno?
Nariño ya vivió esa historia con Pasto–Catambuco
En Nariño, la discusión tiene un ejemplo concreto: la doble calzada Pasto–Catambuco.
En octubre de 2025, la Alcaldía de Pasto informó que, con la firma del Pacto por Nariño, se asegurarían $325 mil millones para la construcción de la doble calzada Catambuco–Pasto, una obra considerada estratégica para la conectividad del departamento.
Sin embargo, meses después, el panorama fue distinto. Página 10 reveló que un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que para la segunda calzada entre Catambuco y Pasto solo había recursos disponibles por cerca de $151 mil millones, pese a que en prefactibilidad se había estimado una necesidad de $455 mil millones. Es decir, la obra seguía sin cierre financiero.
Ese caso resume el malestar regional: se anuncian recursos, se generan expectativas, se habla de compromisos históricos, pero al final las obras no quedan garantizadas en su totalidad.
Cepeda exige al nuevo gobierno lo que el actual no terminó
La exigencia de Cepeda a Abelardo De la Espriella puede entenderse desde la lógica de continuidad institucional: los compromisos del Estado deben cumplirse sin importar quién gobierne.
Pero políticamente el mensaje genera ruido, porque el Plan Chocó y otros compromisos regionales fueron promovidos por el Gobierno Petro, del cual Cepeda fue aliado político y candidato presidencial del mismo sector.
Por eso, sus críticos consideran que resulta contradictorio exigirle al presidente electo, antes de posesionarse, el cumplimiento de un plan que el propio gobierno saliente no logró dejar plenamente ejecutado.
La discusión de fondo no debería ser si Abelardo debe cumplir o no los compromisos con Chocó. Claro que debe revisarlos y honrar lo que sea viable, legal y financieramente sustentado. La pregunta incómoda es otra: ¿por qué esos compromisos no quedaron resueltos durante los cuatro años del Gobierno Petro?
Las regiones necesitan empalme territorial
Lo ocurrido con Chocó y Nariño refuerza una propuesta que ha surgido desde el sur del país: que el empalme presidencial no se haga únicamente desde Bogotá, con cifras, balances y documentos, sino también desde los territorios.
Las regiones necesitan saber qué quedó ejecutado, qué quedó contratado, qué quedó financiado, qué depende de vigencias futuras y qué fue simplemente anunciado.
En Nariño, esa revisión debería incluir la doble calzada Pasto–Catambuco, la vía Panamericana, el Pacto Territorial por la Vida y la Paz, los proyectos agroindustriales, la seguridad en el Pacífico, la sustitución de cultivos y la inversión rural.
En Chocó, el mismo ejercicio debería hacerse con el Plan Chocó, sus obras pactadas y los beneficios prometidos a la población.
La confianza se recupera cumpliendo
El nuevo gobierno tendrá una tarea difícil: recibir una lista amplia de compromisos regionales, muchos de ellos anunciados como históricos, pero con niveles distintos de financiación y ejecución.
Abelardo De la Espriella no podrá desconocer las obligaciones del Estado. Pero tampoco puede cargar sin revisión con anuncios que no tengan respaldo presupuestal real.
Por eso, la salida responsable debe ser una auditoría territorial, clara y pública. Que se diga qué se puede cumplir, cuándo, con qué recursos y quién responderá por cada proyecto.
Nariño ya sabe lo que significa quedar en medio de grandes anuncios y obras sin financiación completa. El caso Pasto–Catambuco dejó una lección: los compromisos regionales no pueden seguir siendo discursos de campaña ni comunicados de gobierno. Deben convertirse en contratos, obras, cronogramas y recursos reales.
Al final, la controversia entre Cepeda y sus críticos deja una enseñanza nacional: los planes firmados con las regiones no son propiedad de un gobierno, son compromisos con la gente. Pero quien los firma también debe responder por lo que no ejecuta.
