El director Juan Carlos Villota aseguró que la recuperación de la Caja debe conducir al levantamiento de la intervención, devolverle la autonomía regional y permitir que sus órganos naturales definan su futuro.
El principal propósito de la actual administración de Comfamiliar Nariño es recuperar financiera e institucionalmente la entidad para devolverles su conducción a los empresarios y trabajadores del departamento.
Así lo expresó el director administrativo, Juan Carlos Villota Toro, quien aseguró que su gestión estará orientada a cumplir las condiciones necesarias para levantar la intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar y recuperar la autonomía de la Caja.
La intención es que, una vez superada la medida, sean nuevamente los representantes de los empresarios y trabajadores quienes, a través del Consejo Directivo, definan el rumbo de Comfamiliar y elijan a su director administrativo.
Una dirección técnica, autónoma y comprometida con Nariño
Villota defendió la importancia de que la dirección de la Caja responda a criterios técnicos, experiencia profesional y conocimiento del sistema de compensación familiar.
Aunque reconoció que se necesita el acompañamiento de los sectores políticos para gestionar recursos y promover reformas ante el Congreso, sostuvo que ese respaldo no puede traducirse en interferencias sobre las decisiones internas de la entidad.
Comfamiliar necesita profesionales con la capacidad técnica suficiente para cumplir las expectativas de los empresarios, atender las necesidades de los trabajadores y garantizar servicios de calidad a las familias nariñenses.
La recuperación institucional también implica reconstruir la confianza de los afiliados, proveedores y diferentes sectores del departamento. El objetivo es que Comfamiliar vuelva a ser reconocida como una entidad de Nariño, administrada desde la región y al servicio de los nariñenses.
Tres pasos para levantar la intervención
Para avanzar hacia ese propósito, la administración deberá resolver tres asuntos fundamentales: las obligaciones heredadas de la antigua EPS, las deudas relacionadas con los convenios de vivienda y el trámite pendiente de aproximadamente 4.000 historias clínicas.
La antigua EPS llegó a registrar obligaciones cercanas a los $265 mil millones. Después del proceso de depuración de acreedores, la deuda reconocida se redujo a aproximadamente $120 mil millones.
En una primera etapa se habrían pagado cerca de $60 mil millones. La administración estima que necesitará entre $45 mil millones y $48 mil millones adicionales para negociar las obligaciones pendientes.
La estrategia contempla convocar a los acreedores y ofrecer acuerdos equivalentes a entre el 35 % y el 50 % de las acreencias reconocidas. Este proceso podría tardar alrededor de seis meses.
Gestión ante el Congreso
Comfamiliar buscará promover una alternativa basada en la Ley 1929 de 2018, que permitió utilizar temporalmente una parte de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec, para sanear pasivos del sector salud.
También se estudia la posibilidad de utilizar excedentes del sistema de compensación como respaldo para acceder a un crédito. En este punto será determinante el acompañamiento de los congresistas y del Gobierno nacional.
El segundo frente corresponde a los convenios de vivienda y a las obligaciones con el Banco de Occidente. La Caja adelanta una negociación para alcanzar un acuerdo cercano a los $35 mil millones, respaldado con recursos derivados de convenios que se encuentran en proceso de facturación.
El tercer asunto está relacionado con una IPS liquidada y la organización de aproximadamente 4.000 historias clínicas. Comfamiliar contratará personal especializado y buscará el acompañamiento del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud para identificar a los usuarios y entregar la documentación.
Recuperar la confianza en Comfamiliar
Villota considera que, si estos tres puntos avanzan satisfactoriamente, en aproximadamente un año podría solicitarse el levantamiento de la intervención.
A partir de ese momento, los órganos naturales de dirección recuperarían sus funciones y los representantes de los empresarios y trabajadores volverían a tomar las decisiones fundamentales sobre el futuro de la entidad.
Más allá de resolver las obligaciones económicas, el desafío consiste en recuperar la confianza y garantizar que Comfamiliar responda a los intereses regionales.
El propósito planteado por su director es claro: que Comfamiliar vuelva a ser de Nariño, de sus empresarios, de sus trabajadores y de las familias que durante décadas han encontrado en la Caja una institución de respaldo y bienestar.
