Por Tirso Benavides Benavides
Entre el 21 y el 25 de septiembre se conmemoró la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia. Este año se escogió como lema “Derechos para decidir, oportunidades para transformar”, una frase que resume bastante bien el enfoque que hoy se intenta dar al problema: prevenir el embarazo temprano no consiste únicamente en repartir anticonceptivos ni en repetir advertencias sobre los riesgos de iniciar una vida sexual. Es un asunto de salud pública, pero también de educación, información, protección contra las violencias y posibilidades reales de construir un proyecto de vida.
Conviene empezar haciendo una precisión. Cuando las estadísticas oficiales hablan de la tasa específica de fecundidad adolescente, no están contando todos los embarazos. El indicador registra los nacidos vivos por cada mil niñas o adolescentes de determinado grupo de edad. Por tanto, no incluye embarazos que terminaron en aborto espontáneo o voluntario ni aquellos que todavía se encontraban en curso al momento de la medición. Esa distinción parece técnica, pero evita un error frecuente: utilizar como sinónimos embarazo adolescente y nacimientos de madres adolescentes.
La fecundidad adolescente viene disminuyendo en Colombia y también en Nariño. Sin embargo, detrás de cada indicador siguen apareciendo preguntas sobre educación, acceso a servicios de salud, anticoncepción, violencia sexual, desigualdad y proyectos de vida.
La importancia del dato va mucho más allá de la demografía. La Organización Mundial de la Salud incluye la tasa de natalidad adolescente dentro del indicador 3.7.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la utiliza para seguir la situación de las niñas de 10 a 14 años y de las adolescentes de 15 a 19. En Colombia, además, las tasas de fecundidad en esos dos grupos forman parte del seguimiento del Plan Decenal de Salud Pública. Dicho de una manera sencilla: es una especie de termómetro. No mide por sí solo la calidad de un sistema de salud, pero permite observar qué tan efectivamente una sociedad está garantizando educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia y servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.
Las cifras muestran una noticia positiva, aunque no autorizan a declarar resuelto el problema. Según los datos preliminares del DANE utilizados por el Ministerio de Salud para la Semana Andina de 2026, durante 2025 se registraron en Colombia 57.963 nacimientos de madres entre los 15 y los 19 años y otros 2.929 nacimientos en niñas de 10 a 14 años.
La tendencia, sin embargo, es claramente descendente. El boletín de Estadísticas Vitales del DANE muestra que la tasa nacional de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años pasó de 63,6 nacimientos por cada mil mujeres en 2016 a 27,3 en 2025, con cifras preliminares. Entre las niñas de 10 a 14 años pasó de 2,8 a 1,5 por cada mil durante el mismo periodo. La reducción es significativa y constituye un avance sanitario y social que debe reconocerse.
Nariño presenta también una disminución importante. Para 2025, las cifras preliminares del DANE sitúan la tasa departamental en 1,5 nacimientos por cada mil niñas de 10 a 14 años y en 20,3 por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. En este último grupo, Nariño se encuentra por debajo de la tasa nacional, que fue de 27,3.
Mirada en perspectiva, la reducción departamental resulta todavía más clara. El análisis de situación de salud de Nariño registraba para 2014 una tasa de 54,62 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años; para 2023 había descendido a 25,94. En las niñas de 10 a 14 años pasó de 2,73 a 1,79 durante ese periodo. El dato importa porque demuestra que las intervenciones sostenidas sí pueden modificar los indicadores.
Pero ningún promedio departamental cuenta toda la historia. El propio diagnóstico de Nariño advierte que el embarazo temprano no se distribuye homogéneamente y que variables como las condiciones socioeconómicas, el territorio y la pertenencia étnica crean vulnerabilidades distintas. Es decir, una tasa departamental puede bajar mientras permanecen municipios o poblaciones en los que las barreras para acceder a información, educación y servicios continúan siendo mucho mayores.
¿Por qué preocupa tanto el embarazo a edades tempranas? La respuesta no pertenece al terreno de la moral, sino al de la salud.
La OMS advierte que las madres adolescentes de entre 10 y 19 años presentan mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres entre 20 y 24 años. Sus hijos, a su vez, tienen mayores probabilidades de presentar bajo peso al nacer, prematurez y condiciones neonatales graves. A ello se suman consecuencias sociales que pueden afectar la permanencia escolar, las oportunidades laborales y la autonomía económica.
La edad, además, obliga a hacer una diferencia fundamental. No es lo mismo analizar un embarazo a los 19 años que uno a los 11, 12 o 13. Cuando las estadísticas informan sobre nacimientos en niñas de 10 a 14 años estamos frente a una población particularmente vulnerable, en la que la prevención debe ir estrechamente unida a la detección de violencia y coerción sexual. Por eso la Semana Andina de este año no se limitó a hablar de anticoncepción: incluyó expresamente la prevención de violencias sexuales y de género y la creación de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes.
También vale la pena desmontar uno de los prejuicios más resistentes alrededor del tema: creer que hablarles de sexualidad a los adolescentes los anima a iniciar más temprano su vida sexual. La evidencia recogida por la OMS señala precisamente lo contrario. Su guía actualizada en 2025 considera esencial la educación integral en sexualidad y señala que esta puede contribuir a reducir los embarazos precoces, retrasar el inicio de la actividad sexual y mejorar el conocimiento sobre el propio cuerpo, la anticoncepción y la salud reproductiva.
El silencio, entonces, no funciona como método anticonceptivo.
La prevención efectiva necesita adolescentes que sepan cómo funciona su cuerpo, qué significa el consentimiento, dónde pueden pedir orientación, qué métodos anticonceptivos existen y cómo utilizarlos correctamente. Pero también necesita servicios de salud que puedan atenderlos sin estigma, barreras innecesarias o juicios morales. La nueva directriz de la OMS insiste precisamente en ampliar el acceso a información, anticoncepción y servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a las necesidades de esta población.
Y existe un elemento adicional que a veces se olvida cuando el problema se reduce exclusivamente a una conversación sobre sexo: la educación formal también previene embarazos. Permanecer en la escuela amplía horizontes, fortalece la autonomía y ofrece alternativas vitales. Por eso la OMS incluye entre sus recomendaciones mejorar la permanencia escolar de las niñas y ampliar sus oportunidades económicas y sociales. El embarazo adolescente tiene causas múltiples y, por la misma razón, no admite soluciones únicas.
La Semana Andina termina cada septiembre. El problema, naturalmente, no.
Las cifras de Colombia y Nariño permiten reconocer un avance importante: hoy nacen menos niños de madres adolescentes que hace una década. Pero precisamente porque la tendencia está mejorando conviene entender qué ha funcionado y sostenerlo. Educación sexual basada en evidencia, acceso oportuno a anticonceptivos, servicios amigables para adolescentes, prevención de la violencia sexual, permanencia escolar y acompañamiento familiar no son estrategias rivales. Son partes de una misma política de prevención. Porque detrás de una tasa de fecundidad no hay solamente un número. Hay una niña que pudo permanecer estudiando, una adolescente que recibió información antes de tomar una decisión, otra que logró acceder a un método anticonceptivo y, en los casos más graves, una menor que necesitaba que alguien identificara a tiempo una situación de violencia.
Ese es, finalmente, el verdadero sentido de utilizar el embarazo adolescente como indicador de salud pública: no contar nacimientos para juzgar a quienes los tienen, sino leer las cifras para saber dónde están fallando —o funcionando— las oportunidades que una sociedad ofrece a sus futuras generaciones.
