Manuel Alejandro Pantoja Rodríguez[1]
Juan Manuel Santos desciende de una poderosa familia política de Colombia. A pesar de que la riqueza y el lugar de privilegio en la vida nacional le viene dada al expresidente por línea paterna, ya que los Santos conformaron el órgano de propaganda liberal más poderosos del país, El Tiempo, por línea materna desciende de una célebre, aunque desafortunada, estirpe política boyacense que logró altos cargos en el Estado durante el siglo XIX y principios del XX.
El tatarabuelo de Juan Manuel Santos Calderón fue Arístides Calderón Reyes (1815-1890). Este influyente político ocupó altas distinciones: fue presidente del Estado de Boyacá en 1882, secretario de gobierno del último mandato de Rafel Reyes en 1884 y ministro del presidente Campo Serrano en 1886. Tamaño poder y relevancia en la vida política del país, como es costumbre en Colombia, le permitió a sus familiares y amigos ubicarse en buenos cargos públicos. Sin duda, dos de los mayores beneficiados fueron sus sobrinos: los hermanos Florentino y Carlos Calderón Reyes. A los dos los recordamos por ser autores de uno de los actos más corruptos en la historia de Colombia que evidencian la desastrosa manera en que la oligarquía del país ha manejado los asuntos públicos y el interés nacional.
En 1900, mientras Colombia atravesaba la terrible Guerra de los Mil Días, Carlos Calderón Reyes, siendo ministro de Hacienda, ideó con su hermano Florentino un plan para entregarle el Caquetá a los franceses. Buscaron un testaferro para el negociado y encontraron a un desengañado señor, Leopoldo Cajiao, a quien le propusieron sacarlo de la clase media con un jugoso contrato de 25 mil pesos de la época. A Cajiao le indicaron que su deber consistía en solicitar al Gobierno Nacional un contrato de arrendamiento del Caquetá por un lapso de treinta años. Para esto debía presentar al Ministerio de Hacienda un memorial y un proyecto de contrato que fueron redactados y entregados por el mismo Florentino Calderón Reyes. Estos documentos se debían presentar al ilustre ministro de Hacienda: Carlos Calderón Reyes, el hermano de Florentino. Una vez el contrato fuera avalado por el ministro, los Calderón Reyes le indicaron a Cajiao que debía transferirlo a una compañía francesa, futura dueña del Caquetá, que tenía como testaferros en París a la Casa Samper y Compañía (el lector estará familiarizado con estos apellidos tan fecundos en la vida política nacional).
En efecto, el contrato fue presentado por Cajiao al Ministerio de Hacienda. El secretario del ministerio, Alejandro Olivares, tan pronto lo leyó, presentó serias observaciones y prevenciones por considerarlo nocivo y peligroso para los intereses de Colombia. Sin embargo, su jefe, el ministro Calderón Reyes, ordenó que lo dejaran tal cual estaba en el original. El remordimiento de conciencia inundó la moral de Cajiao y este, temiendo un daño en su reputación, desistió del negocio. Sin embargo, el honorable ministro Calderón, para cumplir con las exigencias de los franceses y hacerse con una tajada inmensa del negocio en cuestión, elaboró un decreto ministerial para consumar la enajenación del Caquetá y lo expidió dándole sustento legal al contrato de Cajiao. Florentino, tratando de acallar los remordimientos de Cajiao, aumentó la coima a 35 mil pesos de la época, pero este no cedió y denunció a los reyes ante el director general de la Policía. Tamaño escándalo público obligó al presidente Sanclemente a revesar las acciones de su ministro y proteger los intereses nacionales.
A pesar de este fracaso en sus apátridas intenciones, los hermanos Calderón Reyes tuvieron su revancha cuando su tío Rafael Reyes, también pariente lejano de los Santos, fue elegido presidente de Colombia en 1904. El ministro de Obras Públicas, Modesto Garcés, autorizado por el presidente Reyes, firmó un contrato con la sociedad Cano, Cuello y Compañía (la misma que trató de hacerse con el Caquetá) para concesionar el tránsito por los ríos Putumayo y Caquetá y la explotación de estos territorios. Sin embargo, esta empresa negoció el contrato con la terrible Casa Arana del peruano Julio César Arana, los mismos que exterminaron a los indígenas de Colombia en las selvas del Amazonas. Resulta que, los intermediarios de este negocio fueron los mismísimos: Florentino y Carlos Calderón Reyes.
En dos cartas de autoría de Florentino Calderón Reyes, publicadas en 1910 en el periódico 13 de marzo, se demostró que este señor estuvo en contacto con la Casa Arana y establecieron negocios para quedar “dueños y señores del Putumayo”. Con el traspaso del contrato los Arana se pudieron adentrar en el territorio colombiano, asesinando a los caucheros colombianos que había en el Amazonas y esclavizando a las comunidades indígenas que habitaban esas tierras para que fueran extractores de caucho.
Todo lo anterior está documentado detalladamente en el magnífico libro Caucherías y Conflicto Colombo-Peruano: testimonios (1904-1934), escrito por los investigadores Augusto Gómez, Ana Cristina Lesmes y Claudia Rocha. En el encontrarán todas las pruebas que sustentaron, en su momento, las graves denuncias contra los Calderón Reyes y Rafael Reyes por traición a la patria.
[1] Excandidato a la Cámara de Representantes por Nariño. Estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Gerencia para el Desarrollo y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Historiador de la Universidad Nacional sede Bogotá.
