En medio de la Segunda Guerra Mundial existió un personaje que, con un aura de emisario del destino, buscó recuperar la grandeza de su país. Exiliado y con el apoyo de Churchill, logró que su palabra se convirtiera en la esperanza de la Francia Libre y que pretendía no solo recuperar su país, sino cimentar las bases de un futuro próspero. Acudió a la razón de Estado para reconstruir su país y avanzar en una posición igualitaria con los países aliados. Ese personaje fue Charles de Gaulle.
Ahora, seguramente usted, lector, se pregunta por qué hago referencia a esta historia, muy lejana de la realidad de Nariño y de Colombia, para tratar un tema regional. Seguramente porque en la política regional ha faltado altura para revisar los temas centrales del departamento. Los intereses coyunturales, electorales o burocráticos no han permitido ver la grandeza de este departamento, ni han permitido consolidar una Unidad Regional que mejore la vida de los y las nariñenses.
Frente al debate político que se ha generado en las filas del Pacto Histórico, protagonizado por el representante Erick Velasco y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, es preciso hacer algunas precisiones para que resulte útil la discusión. La primera y más importante es que el gobernador, hasta el momento, no ha celebrado, realizado ni suscrito ningún convenio ni contrato con fondo mixto alguno. Lo que sí realizó fue la designación, por acto administrativo, de dos Fondos Mixtos como ejecutores de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, por cerca de 25 mil millones de pesos: primero, a FONER por cerca de 15 mil millones y, segundo, a Servicios Integrales del Estado por cerca de 10 mil millones de pesos. Este acto administrativo se fundamenta en el régimen especial y constitucional de regalías, lo que tiene implicaciones directas en la selección y definición del responsable de la ejecución de los proyectos.
Frente a la designación de FONER, se generó la polémica nacional el año pasado, no solo por designar a un fondo mixto como ejecutor de proyectos, una práctica muy cuestionada por el mismo Pacto Histórico a nivel nacional, sino porque su antiguo socio en la unión temporal de un proyecto de regalías entregado por el Fondo Mixto del Valle, Proyectos Stanford, es el socio principal de FONER. Luego, en menos de dos meses y a pesar de todos estos cuestionamientos, designó a Servicios Integrales como ejecutor de otro proyecto de regalías. Solo hasta la semana pasada, el congresista Erick Velasco denunció públicamente la utilización de los fondos mixtos por parte del gobernador. Mientras tanto, los demás congresistas del Pacto han guardado silencio. No voy a calificar la decisión como tardía, conveniente, oportunista o pertinente. Creo que los electores del representante tienen que hacer la evaluación. Lo que sí es cierto es que el Pacto Histórico hizo un quiebre en Nariño, con el único gobernador de la colectividad que tiene el presidente, un presidente que ha cuestionado y denunciado la corrupción con las regalías.
Aunque sí quiero resaltar un aspecto adicional de la postura del representante y su equipo: los contratos financiados con recursos de regalías deben someterse al Estatuto General de Contratación Pública. Su argumento central radica en que, aunque los fondos mixtos tienen un régimen de contratación especial basado en el derecho privado, cuando manejan recursos del SGR deben ajustarse a la Ley 80 de 1993. La Ley 2056 de 2020, en su artículo 37, establece que los proyectos de inversión financiados con cargo al SGR deben ser ejecutados por la entidad designada y contratados bajo el régimen de contratación pública, es decir, conforme a la Ley 80 de 1993. Esta disposición es clara en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando se manejen recursos del SGR.
Ahora bien, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, desde mi perspectiva, como máxima autoridad departamental, tiene la responsabilidad de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos, incluyendo los del SGR. Esto implica no solo supervisar la inversión realizada y la ejecución real de los proyectos, sino también verificar que el ejecutor designado cumpla con la contratación pública, como lo exige la Ley 2056 de 2020. Obviamente, simplemente es una opinión que busca que los recursos nariñenses estén bien cuidados.
Por otro lado, la designación de fondos mixtos como ejecutores de proyectos de regalías está permitida por la ley. Sin embargo, la discusión sobre su utilización es ética y política, discusión que, como he resaltado, ha liderado el mismo gobierno nacional del Pacto Histórico. La pregunta que le haría al gobernador es por qué asumir un costo tan alto políticamente hablando para ir en contra de su propia colectividad y hacer la designación. Además, siendo conocedor al detalle de las implicaciones. ¿Qué priorizó más, el pasado de campaña electoral o el futuro político?
En otro sentido, no menos importante, una de las implicaciones más relevantes de designar fondos mixtos es el posible debilitamiento institucional de los municipios de Nariño, la mayoría de categoría sexta, que pierden ingresos por cuestión de impuestos y la capacidad de manejo y aprendizaje en la ejecución de los proyectos. Esto se sacrifica para beneficiar a particulares. Una decisión de política pública correcta y adecuada debería priorizar los intereses generales.
Finalmente, los debates políticos en Nariño tienen que ampliarse y dar paso a una democracia deliberativa. Desde Página 10 hemos recibido críticas durante este año por haber realizado señalamientos que han develado una incoherencia en el gobierno del cambio. Si la discusión tiene algo de beneficiosa, que sirva para corregir y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de los nariñenses. De Gaulle demostró que la palabra, con convencimiento de causa, logró recuperar la libertad de Francia. Seguro, no solo la caminó, sino que también la hizo realidad. Se dice que el fracaso enseña más que el éxito. Es una oportunidad para Cambiar.
Nota: Esta columna fue escrita antes de la alocución presidencial de anoche, la cual dejó varios elementos clave para el análisis con implicaciones para Nariño. El primero y más relevante es el reconocimiento, por parte del propio presidente, del grado de incumplimiento de los compromisos del gobierno nacional con la ciudadanía. El segundo, la evidente crisis interna dentro del gobierno, que dificulta avanzar hacia objetivos claros en beneficio del país. Mientras la atención siga centrada en la ideología y en cálculos electorales, el cambio para Colombia seguirá siendo esquivo. Ampliaré estos puntos en una próxima columna.
