Por: Armando Rosero
Cada cuatro años volvemos a una escena conocida. Cambian los candidatos, los equipos, los discursos y las promesas; discutimos quién tiene la capacidad para gobernar, quién representa el cambio, quién puede gestionar más recursos o quién garantiza continuidad. Elegimos, esperamos y luego volvemos a administrar las mismas urgencias. Hemos normalizado dar respuestas correctas a preguntas equivocadas, muchas veces formuladas desde las formas tradicionales del poder, sus intereses y sus propias reglas de juego.
El problema aparece cuando esa capacidad de respuesta comienza a confundirse con transformación. Podemos pasar años administrando las consecuencias de un problema sin modificar suficientemente aquello que lo produce: combatir el desempleo sin transformar la estructura productiva; atender la pobreza sin alterar las condiciones que la reproducen; ejecutar recursos sin construir capacidades que permitan depender menos del Estado. Ahí está, quizá, una de las paradojas de la política en Nariño: podemos hacer correctamente muchas de las cosas que el sistema nos pide y, al mismo tiempo, dejar intactas las condiciones que justifican la dependencia y la subordinación al poder.
No se trata de negar el valor de la gestión pública. Gobernar también es administrar, resolver urgencias y garantizar derechos. Una obra, un programa o una inversión tienen un valor concreto en la vida de las personas. El problema aparece cuando esa gestión deja de ser un medio para transformar y se convierte en una forma de perpetuar la dependencia. Porque cuando las oportunidades económicas son escasas, quien tiene la capacidad para distribuirlas adquiere poder; y cuando buena parte de esas oportunidades pasan por el Estado, la dependencia económica puede terminar convirtiéndose también en dependencia política. No toda contratación es clientelismo, pero tampoco podemos ignorar las relaciones que pueden surgir entre empleo, intermediación, lealtad y poder electoral.
Por eso esta reflexión no pretende señalar culpables ni explicar Nariño a partir de una sola causa. Pretende mirar una paradoja: un territorio puede volverse cada vez más eficiente administrando sus problemas y, al mismo tiempo, avanzar poco en transformar sus causas. Mientras las oportunidades de los nariñenses dependan más del poder político que de sus propias capacidades, quienes detentan ese poder tendrán pocos incentivos para dejar de ser una fuente central de esas oportunidades. No es una conspiración ni la maldad de unos pocos; es un equilibrio que puede reproducirse por sí mismo, porque administrar la escasez puede resultar políticamente más rentable que transformar las condiciones que la producen.
Esa lógica no se agota en el Ejecutivo. La Asamblea Departamental y los concejos municipales también están expuestos a estos incentivos. En algunos casos puede configurarse un modelo transaccional en el que el respaldo a planes, presupuestos o decisiones administrativas termina relacionado con expectativas sobre contratación, inversión pública o priorización territorial. No todos los diputados y concejales actúan así, y existen ejercicios serios de control político. Pero el incentivo existe. Cuando la escasez se convierte en la moneda con la que se negocia, el control puede debilitarse precisamente donde más se necesita.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Según las cuentas departamentales del DANE, el conjunto de actividades de administración pública y defensa, educación, salud y servicios sociales pasó de representar el 21,4 % del PIB de Nariño en 2005 al 28,0 % en 2025, cifra preliminar. Hoy es la rama más grande de la economía departamental, por encima del comercio, el transporte y el alojamiento, con 21,1 %, y del sector agropecuario, con 20,5 %. Esto no significa que todo ese valor corresponda a empleo público ni que la economía dependa exclusivamente de la contratación estatal. Sin embargo, si revela el peso creciente de actividades en las que el sector público tiene un papel determinante, en un territorio donde las alternativas para generar empleo formal y oportunidades económicas siguen siendo limitadas.
Y es allí donde aparece una de las barreras más difíciles de modificar: la falsa sensación de transformación. No se presenta como fracaso, sino como avance. Cada obra entregada, cada programa ejecutado y cada meta cumplida alimentan la idea de que el territorio avanza, y en buena medida es cierto. El problema es que una obra puede resolver una necesidad sin modificar la causa que la produce; un programa puede mejorar una condición sin transformar la capacidad de una familia para generar ingresos; una inversión puede cerrar una brecha sin impedir que vuelva a aparecer. La gestión produce resultados visibles. La transformación estructural, en cambio, es más lenta, menos visible y políticamente menos rentable.
Así se reduce nuestro horizonte político. Dejamos de preguntarnos: cómo transformar la estructura productiva para discutir quién consiguió el proyecto; cómo generar empleo privado y productivo, para celebrar cuántos puestos logró gestionar un dirigente; dejamos de discutir cómo aumentar la autonomía económica para concentrarnos en quién consiguió el subsidio, la obra o el contrato. La política termina organizada alrededor de la distribución de oportunidades escasas, en lugar de alrededor de la creación de nuevas oportunidades.
Por eso el verdadero desafío no consiste únicamente en administrar mejor la escasez, sino en hacer que la escasez deje de ser una de las principales fuentes de poder político. Eso exige cambiar las preguntas que hacemos cada cuatro años. No basta con preguntarnos quién va a gobernar mejor, quién ejecutará más recursos o quién conseguirá más proyectos. Tenemos que preguntarnos algo más incómodo: ¿qué estamos haciendo para que dentro de diez o veinte años los nariñenses tengan menos necesidad de acudir al poder político para construir su proyecto de vida y su propio futuro?
Esa debería ser una medida más exigente del éxito de cualquier gobierno: no cuánto logró repartir, sino cuánto contribuyó a que el territorio tuviera mayores capacidades para producir oportunidades por sí mismo. Porque cuando las oportunidades son escasas, quien las reparte acumula poder. Pero cuando una sociedad aprende a producirlas, organizarlas y multiplicarlas, el poder comienza a distribuirse de otra manera.
Tal vez ese sea uno de los debates que Nariño sigue aplazando. Hemos reducido demasiadas veces la discusión pública a una disputa entre la supuesta superioridad moral de un sector y la supuesta superioridad técnica de otro, como si el problema pudiese resolverse escogiendo entre dos maneras de administrar la misma realidad. Pero quizá estamos frente a algo más profundo: una red de dependencias económicas, políticas e institucionales que condiciona nuestras decisiones, limita nuestro horizonte y termina haciendo que normalicemos aquello que deberíamos estar intentando transformar.
Y ahí también existe una oportunidad. El reto no es encontrar quién administre mejor la dependencia, ni quién tenga la mejor explicación para justificarla. Es construir una sociedad con suficiente autonomía económica, capacidad colectiva y confianza en sus propias posibilidades para dejar de aceptar como normal aquello que durante demasiado tiempo hemos aprendido simplemente a administrar. Quizá allí comience la verdadera transformación de Nariño.
