Gobernador o mediador: la crisis del liderazgo regional

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En el ámbito de la política regional, la figura del gobernador debe ser un bastión de defensa y representación de todos los sectores de la sociedad. Especialmente en Nariño, donde la riqueza cultural y la diversidad étnica son parte fundamental de su identidad, el papel del gobernador no solo debe limitarse a ser un mediador o tramitador de citas en Bogotá con el gobierno nacional, sino que debe ir más allá para convertirse en un defensor inquebrantable de los intereses de la comunidad indígena.

Luis Alfonso Escobar, como candidato a la gobernación de Nariño, recibió el mandato de los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas para avanzar hacia una cogobernanza inclusiva y efectiva. Según él, se ha construido un acuerdo de cogobernanza, abriendo así las puertas al diálogo y la concertación con un profundo respeto por la autonomía organizativa de estos pueblos.

 

Sin embargo, al definirse como mediador, Escobar se distancia de tomar una postura contundente de los intereses fundamentales de las comunidades indígenas. Al adoptar esta postura neutral, corre el riesgo de no representar plenamente los intereses de esta población nariñense, permitiendo que sus necesidades y derechos queden relegados a un segundo plano. Muchas veces es necesario sentar posición y no quedarse en un punto neutral, especialmente cuando se trata de defender los derechos de las comunidades históricamente marginadas.

El mismo gobernador expresó en su red social de X que: Las comunidades indígenas Pastos y Quillacingas de Nariño, integradas por más de 250 mil personas que representan el 73% de la población indígena del departamento, creyeron firmemente en el Gobierno del Cambio y en este Gobernador, que recibió su respaldo como mandato popular¨. Estas mismas comunidades ahora reclaman el cumplimiento por parte del gobierno nacional con inversiones reales en distintos sectores como salud, educación, infraestructura, etc.

La mediación, por definición, implica imparcialidad y neutralidad, y si bien es crucial facilitar el diálogo entre las partes en conflicto, no es suficiente en un contexto donde una de las partes ha sido históricamente marginada y desatendida. Las comunidades indígenas requieren de un líder que no solo facilite el diálogo, sino que también asuma una posición firme y decidida en defensa de sus derechos e intereses.

El verdadero liderazgo se demuestra al estar al lado de los más vulnerables y luchar por su inclusión y reconocimiento de sus derechos. En este sentido, el gobernador de Nariño debe ser más que un simple facilitador; debe ser un defensor activo que trabaje incansablemente para asegurar que el Gobierno Nacional cumpla con sus compromisos hacia las comunidades indígenas.

La posición de Luis Alfonso Escobar, si bien promueve el diálogo y la concertación, debe evolucionar hacia una postura de defensa activa. El pueblo nariñense merece un liderazgo que no se limite a mediar, sino que actúe como un escudo protector de los intereses y derechos de sus comunidades indígenas, asegurando así que estos no se diluyan en el proceso de negociación.

En conclusión, la defensa de los intereses de la comunidad indígena no es solo una responsabilidad moral, sino una obligación política y social del gobernador de Nariño. Los pueblos Pastos y Quillacingas, junto con todas las comunidades indígenas, necesitan un líder que no solo camine la palabra, sino que también actúe con determinación y valentía para proteger sus derechos y promover su bienestar. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo e inclusivo para todos los nariñenses.

Pdta: Esta posición del actual gobernador me recordó una actitud similar del exgobernador Camilo Romero en donde para lo malo se identificaba como ciudadano y para lo bueno como gobernador. Aquí pueden leer la columna de opinión de la época.

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