Por: Juan Pablo Torres-Henao
Nariño fue integrado militarmente al país a finales de la década de 1990 producto de la puesta en marcha del Plan Colombia en el bajo y medio Putumayo, provocando un desplazamiento de los cultivos de uso ilícito y por consiguiente de la mano de obra con experiencia en esos cultivos, así como de los usos y costumbres asociados a economías ilegalizadas y la exacerbación de la confrontación librada entre el Estado y las extintas FARC-EP y entre éstas y el paramilitarismo. No obstante, resulta fundamental, para tener una perspectiva histórica, señalar tres aspectos para nuestras conclusiones:
i) la presencia de las FARC-EP en el suroccidente de Colombia se remonta hasta la década de 1980 cuando esta organización traza sus nuevos planteamientos estratégicos. En Nariño iniciaron operando el Frente 29, el Frente 60, el Frente 49 y las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y Jacinto Matallana. Ciertamente, en su momento el departamento de Nariño revistió de importancia estratégica para el desarrollo del proyecto político/armado de las extintas FARC-EP, no solamente porque existían las condiciones para obtener recursos para financiar la confrontación armada, sino también porque construir un proyecto nacional suponía arribar a nuevas regiones. De ello dio cuenta la toma de la base militar de Patascoy en 1997, la mayor operación militar hecha por guerrilla alguna en la historia de Colombia;
ii) el ELN encontró en Nariño, en la segunda mitad de la década de 1980, un escenario de refugio, gracias a la geografía intrincada de nuestro departamento y la precaria presencia estatal en este territorio. En este caso también la presencia del ELN en la región haría parte de su proceso de expansión, la cual se apoyó en el usufructo de la economía petrolera -especialmente en los márgenes del Oleoducto Trasandino- y la explotación aurífera. A diferencia de las extintas FARC-EP, el ELN tendría una mayor presencia urbana a través de la comisión regional urbana “Omaira Montoya Henao” en Pasto que luego se extendería a las zonas rurales mediante la creación del Frente Comuneros del Sur. En Nariño hoy se reporta la presencia, ademas de la estructura ya mencionada, de los Frentes Héroes y Mártires de Barbacoas, Manuel Vásquez Castaño y Guerreros de Sindagua, y de las Compañías Jaime Toño Obando, Camilo Cienfuegos y José Luis Cabrera;
iii) en el caso del paramilitarismo en Nariño, si bien hay antecedentes que nos remontan a tres actores en particular como sus principales promotores: ganaderos, narcotraficantes y palmicultures, es solo hasta inicios del siglo XXI que hace presencia el Bloque Libertadores del Sur, estructura adscrita al Bloque Central Bolivar bajo el mando de Macaco y Julian Bolívar. Sería de la mano de alias Don Berna que el paramilitarismo entraría como tal al pacifico nariñense, siendo su principal objetivo el control de las rutas del narcotráfico. Las primeras estructuras fueron los frentes Héroes de Tumaco y Llorente y Lorenzo de Aldana y las Brigadas Campesinas. Pese a que su interés primordial era el control del narcotráfico, el accionar de esta organización impactó directamente en las dinámicas sociales y políticas del departamento, ya que buscó frenar/amilanar a un movimiento social que desde la década de 1980 había adquirido un dinamismo sostenido en defensa de los derechos de la población nariñense.
Con esta perspectiva histórica ahora podemos ver con más elementos el presente de construcción de paz en nuestro departamento. Lo primero que me parece fundamental señalar es que en el caso de las extintas FARC-EP, hasta su dejación de armas, gran parte de su capacidad operativa se concentraba en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Esto explica, en parte, porqué las estructuras disidentes más fuertes -militarmente hablando- de esta organización se encuentran en el suroccidente del país. Segundo, que la relación entre las extintas FARC-EP y el ELN en Nariño ha sido una de las más problemáticas, siendo el occidente del país una de las regiones donde más combates se han registrado entre estas dos organizaciones después de Arauca. Dicha confrontación se ha sostenido entre las disidencias de las FARC-EP y las estructuras del ELN en el departamento. Y tercero, que existe una continuidad en Nariño de la presencia de cultivos declarados de uso ilícito, cultivos con los cuales todos los actores armados presentes en el departamento tienen un relacionamiento que ha tendido con el paso de los años y la reconfiguración del conflicto luego de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 a profundizarse y ampliarse en términos de su participación en la cadena del narcotráfico.
Hoy en día Nariño vuelve a ser un escenario de disputa y esto tenderá a agudizarse aun más de llegar a buen puerto los diálogos con el Frente Comuneros, ya que será un territorio que otras fuerzas armadas irregulares querrán entrar a copar, más cuando este es la cordillera nariñense, paso obligado para el centro del país, posición estratégica para cualquier proyecto armado en Colombia. Ahora, más allá de lo que puede suponer dejar un espacio vacío en términos político militares, desde mi punto de vista lo que debería reclamar la atención de los/las tomadoras de decisiones en Nariño, es la reflexión sobre la madurez o no del conflicto armado en nuestro territorio, ya que ello demarcaría en gran medida la política de paz a adoptar.
Desde mi punto de vista, y ciñéndome a lo planteado por el Gobierno Nacional en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la vida y la paz 2022-2026”, en Nariño solamente el Frente Comuneros del Sur -hasta hace unos cuantos meses adscrito al ELN-, ha alcanzado la madurez y por consiguiente encuentra más incentivos en una salida política al conflicto armado que persistir en el. En sentido contrario, otras estructuras del ELN presentes en Nariño que no se han sumado a los diálogos regionales, las disidencias de las extintas FARC-EP en sus distintas variantes y principalmente las AGC, recrean la “inmadurez” del conflicto armado, principalmente porque debido a la reconfiguración del mismo y su deriva en la multiplicación de actores criminales, la ampliación de prácticas ilícitas de control social, la disputa de rentas criminales y las afectaciones humanitarias dosificadas, los incentivos de estas organizaciones armadas irregulares se han transformado y resultan cada vez más difíciles de aprehender por el Estado si de buscar una salida negociada se trata.
Dicho en palabras del presidente: la existencia de una amenaza multicrimen mas que insurgente y/o contrainsurgente, supone que al ser las rentas criminales el mayor desafío para la seguridad en el presente y mediano futuro, al tiempo que el mayor incentivo para las organizaciones armadas irregulares, de no ser atendidas de forma integral y sostenible no estamos haciendo otra cosa que simular soluciones que profundizan las contradicciones y aplazando la conquista de la paz como derecho constitucional.
Pensar en la construcción de paz en nuestro departamento pasa por atender, en primera medida la reconversión productiva de los territorios con presencia de cultivos de coca, explotación minera y maderera; reconocer la importancia que tiene el pacífico nariñense y trabajar denodadamente por transformar este territorio para la vida digna, es decir, no llevando solamente toneladas de concreto, sino ante todo logrando un acceso y goce efectivo de derechos a las víctimas directas y estructurales del conflicto social, político y armado en nuestro departamento.
Pd. Todo esfuerzo por lograr una salida política y negociada a un conflicto armado debe ser acompañado y apoyado. Podemos extraer de la historia reciente de nuestro país lecciones aprendidas para que logrado un acuerdo de paz los territorios no queden a merced de los nuevos actores armados, sino que producto de la profundización y ampliación de la gestión comunitaria sean a pequeña escala manifestación de la paz con justicia social y ambiental.
