El departamento de Nariño se encuentra en una encrucijada histórica. Aunque en los últimos años se han logrado avances significativos en áreas como la educación, el fortalecimiento de la cultura regional, el fortalecimiento de la organización étnica y proyectos sociales que buscan reducir la brecha de desigualdad, estos esfuerzos chocan con una realidad nacional que no facilita un camino claro hacia la paz. El sueño de una paz total, prometido por el actual gobierno, se diluye frente a la falta de estructura en las políticas nacionales, la fragmentación de actores ilegales y el peso de economías extractivistas que perpetúan el ciclo de violencia.
La fragmentación de la paz en Colombia es un reflejo de los múltiples actores que operan en el territorio. En Nariño, los rezagos de grupos armados, bandas criminales y redes de narcotráfico siguen siendo una amenaza latente. Cada actor tiene agendas particulares que fracturan el tejido social y hacen que las comunidades se enfrenten a una paz incompleta y frágil. Este escenario demanda un enfoque estatal mucho más coordinado, que priorice la seguridad integral, la justicia social y una mayor inclusión de las comunidades en los procesos de decisión.
Por otro lado, el extractivismo sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo sostenible de Nariño. En particular, el actual gobernador ha enfocado gran parte de su gestión en la “formalización” del oro como una de las principales actividades económicas del departamento. Esta dependencia no solo perpetúa un círculo vicioso de ilegalidad, pobreza y despojo ambiental, sino que también limita las posibilidades de transitar hacia una economía más diversificada y sostenible. Contrario a esta postura, el gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, ha sido contundente en su rechazo a las economías extractivistas, incluyendo el petróleo y el carbón, abogando por una transición hacia modelos más sostenibles. Persistir en el extractivismo a nivel departamental representa un claro desconocimiento de las tendencias globales y condena a regiones como Nariño a un atraso estructural y a una dependencia crónica de actividades que benefician a unos pocos mientras perjudican a la mayoría.
Finalmente, un elemento clave que muestra las inconsistencias en el compromiso del gobierno nacional con Nariño es la falta de acción en torno a la infraestructura. El Pacto Territorial por la Paz y la Vida, una promesa emblema del presidente Gustavo Petro, no fue firmado en el 2024. Este pacto era visto como una oportunidad para mejorar las condiciones de movilidad, conectividad y desarrollo regional. Su ausencia subraya la distancia entre los discursos políticos y las acciones concretas. Sin infraestructura adecuada, cualquier promesa de paz y desarrollo se convierte en una quimera, especialmente en un departamento donde las comunidades rurales continúan estando aisladas y marginadas.
Es urgente que el gobierno nacional reevalúe sus prioridades y fortalezca su compromiso con Nariño. Esto implica no solo redoblar los esfuerzos para construir una paz total, sino también coordinar con el gobierno seccional modelos económicos que respeten el medio ambiente y fomenten la equidad. Además, la inversión en infraestructura debe convertirse en un pilar fundamental para garantizar que las comunidades puedan acceder a oportunidades reales de desarrollo.
El futuro de Nariño depende de decisiones claras y coherentes. Este departamento ha demostrado su capacidad para resistir y construir a pesar de las adversidades, pero no puede hacerlo solo. La paz no puede seguir siendo un mosaico de esfuerzos dispersos; debe ser una obra colectiva, con liderazgo estatal y una visión de largo plazo que priorice la dignidad y el bienestar de todas las comunidades.
Apostilla: Invitación a que el gobierno departamental aplique los principios del gobierno abierto en las decisiones que toma, que genere espacios de deliberación y que fortalezca su equipo de forma técnica para que se corrijan todos los errores que se cometieron en el primer año de gobierno.
