El Consorcio de la Ruta del Sol 2 –Odebrecht y Corficolombiana GrupoAval– pagó sobornos en Colombia por cien mil millones de pesos, dice la Fiscalía, y, luego de año y medio de estallado el escándalo, no tiene ninguna sanción del Estado. ¡Ninguna! ¡Cero! Además reclama en un tribunal de arbitramento –en el que actúa de igual a igual con el gobierno, como si nada hubiera pasado– 3,61 billones de pesos, para repartirse así: 1,66 para el Consorcio, que invirtió apenas 300 mil millones de pesos, y 1,94 para los bancos que financiaron el negocio, con el 50 por ciento de esa suma para los del Grupo Aval (enlace 1). Y esto sucede porque el ministro de Hacienda logró en diciembre que el Congreso aprobara la Ley 1882 –¡y de aplicación retroactiva!–, para volver legal esta maroma inmoral e ilegal.
Esta nota es parte del archivo histórico de Página 10.
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