La educación no puede, ni debe, ser la caja menor de la austeridad.

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Pablo Emilio Obando Acosta
Observamos con profunda preocupación cómo se presentan decisiones gubernamentales que únicamente se explican desde las cifras, pero se padecen desde la realidad. Y cuando esas decisiones comprometen los recursos destinados a la educación, no estamos frente a un simple ejercicio de contabilidad pública, sino ante una determinación que puede hipotecar las oportunidades de miles de niños y jóvenes colombianos.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, acaba de anunciar que su cartera solicitó al Ministerio de Hacienda una reducción de $386.173 millones del presupuesto de inversión correspondiente a la vigencia 2026. Una cifra que no puede pasar inadvertida y que merece, cuando menos, una profunda reflexión sobre las prioridades del Estado colombiano.
El asunto tiene un antecedente igualmente preocupante. Mediante el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 ya se habían reducido $13.341 millones de las apropiaciones de inversión del Ministerio de Educación. Ahora se pretende avanzar en un nuevo ajuste por $372.832 millones, con otros $11.726 millones adicionales identificados para incorporarlos a la reducción. No estamos, entonces, frente a una simple reorganización administrativa, sino ante una disminución considerable de los recursos que deberían contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema educativo.
La ministra argumenta razones de austeridad, transparencia y responsabilidad fiscal. Nadie podría oponerse a que los recursos públicos se administren con rigor, que se combata el despilfarro, que se revisen los contratos y que se ponga freno a los gastos innecesarios. Pero una cosa es acabar con el derroche y otra muy distinta es terminar sacrificando la inversión que necesita la educación para responder a sus innumerables necesidades.
¿Desde cuándo la austeridad debe comenzar por aquello que más necesita una sociedad para construir su futuro?
Hace apenas unos días, en el desarrollo de nuestra Expedición Pedagógica Sur, tuvimos la oportunidad de recorrer diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto. Escuchamos a sus rectores, coordinadores, docentes, estudiantes, personeros, contralores escolares y padres de familia. Conocimos sus proyectos, sus iniciativas, sus dificultades y, particularmente, sus preocupaciones.
Encontramos instituciones que requieren intervenciones urgentes en infraestructura, recuperación de aulas, adecuación de cubiertas, mejoramiento de escenarios deportivos, baterías sanitarias, espacios culturales y ambientes dignos para el aprendizaje. Detrás de cada necesidad existe una comunidad que espera respuestas y un estudiante que merece desarrollar su proceso formativo en condiciones adecuadas.
No se trata de apreciaciones formuladas desde la distancia de un escritorio. Son realidades que pudimos constatar, escuchar y conocer directamente. Hay instituciones urbanas y rurales que llevan años esperando una intervención, comunidades educativas que han aprendido a convivir con las limitaciones y maestros que hacen verdaderos milagros para convertir las dificultades en oportunidades pedagógicas.
En Pasto debemos reconocer los esfuerzos de la administración municipal del doctor Nicolás Toro Muñoz por destinar recursos a la recuperación y mejoramiento de la infraestructura educativa. Es una tarea necesaria, importante y digna de reconocimiento. Sin embargo, las necesidades son tantas que ni siquiera los presupuestos locales, por significativos que sean, alcanzan para resolverlas en su totalidad.
¿Qué podemos esperar, entonces, cuando desde el Gobierno Nacional se anuncia una reducción de semejante magnitud en los recursos de inversión educativa? ¿Cuántas aulas tendrán que seguir esperando? ¿Cuántas cubiertas continuarán deteriorándose? ¿Cuántos escenarios deportivos permanecerán inutilizables? ¿Cuántos proyectos pedagógicos tendrán que aplazarse?
La educación no puede convertirse en la variable de ajuste de las dificultades fiscales del Estado. Tampoco podemos desconocer los problemas que ha enfrentado el sector durante los últimos años. Las dificultades administrativas, los cuestionamientos por el manejo de los recursos, las controversias relacionadas con el sistema de salud del magisterio y las denuncias sobre posibles irregularidades merecen investigaciones, correctivos y responsabilidades. Ningún gobierno puede pretender que sus desaciertos queden amparados por una bandera política.
Pero ni los errores de una administración anterior justifican castigar a las comunidades educativas, ni las diferencias ideológicas pueden convertirse en argumento para debilitar las posibilidades de desarrollo de una generación entera. Ni la izquierda ni la derecha tienen derecho a convertir la educación en escenario de sus disputas. Los gobiernos pasan; los niños y los jóvenes permanecen, y son ellos quienes terminan pagando las consecuencias de las decisiones equivocadas.
Resulta particularmente preocupante que dentro de las partidas afectadas por el Decreto 1585 figuren recursos destinados a la dignificación y formación docente, así como a la resignificación de la jornada escolar. Precisamente dos componentes que deberían fortalecerse si aspiramos a una educación de mayor calidad, con maestros mejor preparados, estudiantes más motivados y oportunidades reales para el desarrollo de sus capacidades.
Por eso, respetuosamente, hacemos un llamado a la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda para que reconsidere esta determinación, abra un espacio de diálogo con los representantes del magisterio, las autoridades territoriales, los rectores y las comunidades educativas. Que se revisen las partidas, se identifiquen los gastos verdaderamente prescindibles y se protejan los recursos que tienen una incidencia directa en la calidad, la cobertura y el mejoramiento de las condiciones educativas.
No se trata de desconocer las dificultades económicas del país ni de reclamar recursos sin consideración por su correcta utilización. Se trata de establecer prioridades. Y si existe una inversión que debería protegerse de cualquier contingencia presupuestal, es aquella que garantiza el derecho a la educación.
La responsabilidad fiscal no puede estar divorciada de la responsabilidad social. Un Estado que ahorra en educación puede terminar gastando mucho más en las consecuencias de su abandono: desigualdad, violencia, exclusión, desesperanza y pérdida de oportunidades.
Colombia necesita más educación, más cultura, más ciencia, más investigación, mejores instituciones y maestros dignificados. Necesita presupuestos que respondan a las realidades de sus municipios, corregimientos y veredas, no decisiones que profundicen las desigualdades entre quienes tienen todas las oportunidades y quienes apenas cuentan con una escuela para construir sus sueños.
Que no se confunda la austeridad con la renuncia a las responsabilidades del Estado. Que no se confunda el ahorro con el abandono. Y que nadie olvide que detrás de cada peso que se retira de la inversión educativa puede existir un niño que pierde una oportunidad, un maestro que ve aplazado su crecimiento profesional o una comunidad que continúa esperando una escuela digna.
La educación no es un gasto que deba recortarse cuando las cuentas no cuadran. Es la inversión que permite que algún día las cuentas de Colombia puedan cuadrar.

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