El pasado 9 de enero de 2026, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, firmó el Decreto 004 que convoca a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias. Uno de los puntos más polémicos de la agenda es el proyecto de ordenanza que busca autorizar la creación de una sociedad de economía mixta orientada al fomento, desarrollo, formalización y sostenibilidad del sector minero en el departamento.
Si bien el decreto justifica la urgencia de la medida como parte del cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo 2024–2027 “Nariño Región País para el Mundo”, surgen interrogantes sobre el momento y la forma en que se pretende impulsar esta iniciativa.
¿Minería para la paz o un caballo de Troya para la ilegalidad?
El departamento de Nariño enfrenta una realidad compleja. Según el último informe de la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia), los grupos armados ilegales siguen financiándose a través de la minería ilegal, especialmente la extracción de oro, generando impactos ambientales devastadores y reforzando economías criminales que desafían la autoridad estatal.
A esto se suma la preocupación expresada por el Observatorio de Conflictividades y Acciones de Paz (OCAP), que en su más reciente informe documenta la falta de consulta previa a comunidades étnicas frente a proyectos estratégicos como el “Distrito Minero” propuesto en el marco de los diálogos con el grupo armado Comuneros del Sur. Dicho frente, según el OCAP, ha sido señalado por sus presuntas alianzas con las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), lo que genera serias dudas sobre la transparencia y legitimidad de estos procesos.
Preguntas que la Gobernación debe responder
Ante este panorama, la creación de una sociedad de economía mixta para el desarrollo minero no puede ser vista con ingenuidad. Se trata de una figura jurídica que permite la participación conjunta del Estado y privados, lo cual —en un entorno como el de Nariño— podría convertirse en una oportunidad para cooptación por parte de actores ilegales o corruptos si no se establecen fuertes mecanismos de control.
Por ello, desde Página 10 planteamos algunos cuestionamientos fundamentales:
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¿Cómo se blindará esta sociedad de economía mixta contra la infiltración de capitales ilegales?
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¿Qué mecanismos de verificación de origen de fondos se aplicarán a los socios privados?
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¿Se garantizarán procesos de licitación pública y criterios de transparencia para la selección de socios estratégicos?
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¿Qué medidas adoptará la Gobernación para asegurar que las comunidades étnicas sean consultadas y participen en la toma de decisiones sobre estos proyectos?
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¿Existe una estrategia ambiental clara para mitigar los impactos de la expansión minera, especialmente en zonas protegidas o biodiversas?
El riesgo de repetir errores del pasado
La historia reciente en Nariño ha demostrado que los vacíos de gobernanza en zonas rurales son rápidamente llenados por actores armados. Tal como lo ha documentado la MAPP/OEA, el Estado ha fallado en controlar la expansión de la minería ilegal y otras economías extractivas en regiones como el de Sanquianga, donde incluso se han impuesto tributos ilegales a través de códigos QR y “paz y salvo” emitidos por los grupos armados.
Más aún, la creación de figuras institucionales en territorios en disputa puede fortalecer a estructuras armadas que operan de facto como gobiernos paralelos. ¿Puede una sociedad de economía mixta sobrevivir a este contexto sin convertirse en un instrumento funcional a intereses ilegales?
La transparencia, un deber ineludible
En el Decreto 004 no se menciona ningún tipo de mecanismo de vigilancia ciudadana o auditoría externa sobre el funcionamiento de la futura sociedad minera. Tampoco se establece un protocolo claro de rendición de cuentas ante la Asamblea ni ante las comunidades potencialmente afectadas.
¿No debería incluirse desde ya una veeduría pública con participación de las organizaciones sociales y comunidades étnicas? ¿Qué papel jugará la Contraloría Departamental en el seguimiento a la contratación y ejecución de proyectos?
Conclusión: ¿Un paso hacia el desarrollo o un salto al vacío?
En un departamento donde las heridas del conflicto aún supuran y donde la desconfianza institucional es profunda, impulsar una iniciativa de esta envergadura sin un debate público amplio y mecanismos de transparencia robustos puede ser más riesgoso que beneficioso.
La minería, si bien puede ser una fuente de ingresos, también ha sido una fuente de violencia y despojo. La paz no puede construirse sobre una economía sin reglas claras ni controles efectivos. La Asamblea Departamental, en sus sesiones extraordinarias, tiene la responsabilidad histórica de cuestionar, vigilar y, si es necesario, rechazar esta iniciativa si no se garantizan condiciones mínimas de legitimidad, legalidad y participación.
¿Será esta una apuesta por el desarrollo o un negocio minado de incertidumbres?
La ciudadanía merece una respuesta clara y contundente.
