En su discurso de posesión del pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo De la Espriella evocó expresamente a Rafael Núñez y una de las frases que marcaron la historia política colombiana: “Regeneración o catástrofe”. Lo hizo para plantear la necesidad de una nueva regeneración: un Estado nacional fuerte, acompañado de regiones capaces de decidir, ejecutar y construir su propio desarrollo, sin menoscabo de la unidad de la República.
Hace aproximadamente un año leí la biografía de Rafael Núñez escrita por Indalecio Liévano Aguirre. Allí aparece no solamente el político, sino también el ser humano: sus contradicciones, emociones, poesía y manera de comprender un país que atravesaba una profunda crisis institucional. Para entender la Regeneración hay que regresar precisamente a esa crisis.
La Constitución de Rionegro de 1863 llevó el federalismo colombiano a una de sus máximas expresiones. Los Estados soberanos acumularon un enorme poder político y militar, mientras el Gobierno nacional tenía enormes limitaciones para garantizar la unidad y ejercer autoridad sobre todo el territorio. Colombia había adoptado un modelo influenciado, entre otras experiencias, por la federación estadounidense, sin contar necesariamente con las mismas condiciones históricas e institucionales.
La respuesta de Núñez fue la Regeneración y, posteriormente, la Constitución de 1886. Su fórmula puede resumirse en una expresión que marcaría más de un siglo de organización estatal: centralización política y descentralización administrativa. La Nación concentró el poder político y militar. Los antiguos Estados soberanos se convirtieron en departamentos y se fortaleció una fuerza pública de carácter nacional.
Núñez entendía que una Constitución no podía construirse simplemente como una Constitución liberal o conservadora. Tenía que ser, ante todo, una Constitución nacional, capaz de organizar un Estado y preservar su unidad.
Más de un siglo después, la discusión adquiere una dimensión distinta. La Constitución de 1991 profundizó la descentralización política, administrativa y fiscal, pero mantuvo una regla esencial: el manejo del orden público conserva una estructura nacional y jerárquica encabezada por el presidente de la República. Y tiene sentido. La administración puede descentralizarse. El desarrollo debe territorializarse. Pero el monopolio legítimo de la fuerza no puede fragmentarse.
El problema es que en Colombia esa concentración de la violencia legítima en manos del Estado, aunque existe jurídicamente, ha sido disputada en la práctica por poderes armados ilegales. En el papel tenemos centralización del orden público. En la realidad, durante décadas hemos tenido enormes extensiones del territorio donde el Estado no ha conseguido ejercer plenamente su autoridad. Allí han aparecido guerrillas, paramilitares, disidencias, estructuras narcotraficantes y organizaciones dedicadas a economías ilegales que no solamente portan armas. Gobiernan territorios. Imponen reglas, controlan economías, restringen la movilidad, cobran extorsiones, administran justicia ilegal y, en algunos lugares, terminan decidiendo sobre la vida cotidiana de las comunidades. Este es uno de los grandes fracasos históricos del Estado colombiano.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe se produjo una recuperación importante de presencia estatal y de capacidad operacional en territorios donde la Fuerza Pública había perdido margen de acción. Sin embargo, tampoco se consiguió eliminar a las FARC. El Acuerdo de Paz de 2016 permitió posteriormente la desmovilización de la mayor parte de esa organización, pero tampoco significó el final de la violencia armada. Aparecieron y se fortalecieron disidencias, permanecieron otros grupos y las economías ilegales continuaron financiando la disputa por los territorios. Después llegó la Paz Total. La Ley 2272 de 2022 reconoció una realidad imposible de ignorar: diferentes organizaciones armadas ejercían control territorial y social en varias regiones colombianas. Reconocer esa realidad era necesario. El problema fue convertirla, en la práctica, en un incentivo perverso. Si controlar más territorio significaba aumentar la capacidad de interlocución y negociación con el Gobierno, los grupos armados tenían razones para expandirse, fortalecerse y llegar a una eventual mesa con mayor poder.
La Paz Total terminó convertida en una negociación prolongada, sin suficientes puntos de llegada, metas verificables ni una estrategia integral capaz de articular negociación, sometimiento, desarme y recuperación territorial. La izquierda colombiana tendrá que revisar seriamente su concepción de la seguridad. No existe política social sostenible en un territorio donde quienes realmente ejercen el poder son organizaciones armadas ilegales.
Por eso resulta interesante que Abelardo De la Espriella recupere el concepto de Regeneración. Pero la Regeneración del siglo XXI no puede significar simplemente regresar al centralismo de 1886. El desafío es otro: centralizar efectivamente el monopolio legítimo de la fuerza y, al mismo tiempo, descentralizar mucho más las capacidades para producir desarrollo. Regiones fuertes dentro de un Estado fuerte.
La seguridad nacional necesita dirección unificada, pero su aplicación debe tener una profunda comprensión territorial. Porque la violencia del Pacífico nariñense no es igual a la violencia urbana de Pasto; la dinámica fronteriza de Ipiales no es idéntica a la minería ilegal del Telembí.
La fuerza no puede descentralizarse, pero la política de seguridad sí debe territorializarse. El reto del nuevo Gobierno no puede medirse solamente por el número de cabecillas capturados o neutralizados. Eso importa, pero es insuficiente. La verdadera pregunta será otra: ¿Puede el Estado recuperar permanentemente los territorios que durante décadas han estado bajo influencia de organizaciones ilegales? Porque neutralizar un jefe criminal sin sustituir el poder que ejercía sobre una comunidad simplemente abre espacio para que otro ocupe su lugar.
En este sentido, Nariño necesita una política territorial de seguridad articulada con la estrategia nacional.
Debe comenzar por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos permanentes de seguimiento, verificación y protección de la población civil.
Necesitamos además una verdadera seguridad fronteriza. La frontera con Ecuador debe dejar de entenderse exclusivamente como una línea de separación y convertirse en un espacio de cooperación estatal contra las economías criminales. En esa estrategia resulta fundamental fortalecer los pasos legales y poner plenamente al servicio de la integración fronteriza infraestructuras estratégicas como el puente internacional sobre el río Mataje.
Debe garantizar la movilidad y las vías. Resulta gravísimo que transitar por corredores fundamentales, incluida la vía Panamericana, pueda convertirse en una experiencia de miedo e incertidumbre.
También necesitamos seguridad ciudadana. Para una persona que vive en Pasto, Ipiales o Tumaco, la seguridad no es una discusión abstracta sobre grupos armados: es poder caminar, trabajar, abrir un negocio, movilizarse y regresar tranquilamente a casa.
Y existe otro componente inevitable: las economías ilegales. Mientras enormes territorios dependan de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, narcotráfico y otras rentas criminales, los grupos armados tendrán fuentes permanentes de financiación. No basta perseguirlas militarmente. Hay que conocer esas economías, intervenir sus cadenas de valor y, cuando jurídicamente corresponda, avanzar hacia procesos de formalización y alternativas económicas reales.
Nariño necesita comprender cuánto dinero producen sus economías ilegales, quién controla cada eslabón, cómo circulan esos recursos y de qué manera terminan convirtiéndose en poder armado, político y territorial.
La discusión que inició Núñez hace más de un siglo permanece, bajo circunstancias completamente diferentes, sorprendentemente vigente. Colombia ha construido instituciones, elecciones, departamentos, municipios, tribunales y una Fuerza Pública nacional. Pero todavía existen territorios donde la soberanía estatal es incompleta.
Hemos tenido mucho territorio y, en algunos lugares, poco Estado. La nueva Regeneración debería comenzar allí. No se trata solamente de recuperar el orden. Se trata de construir Estado. Un Estado que pueda entender la diversidad regional, pero que no pueda ser sustituido territorialmente por organizaciones armadas. Un Estado nacional fuerte que garantice seguridad, justicia y derechos; y unas regiones fuertes que tengan capacidad real para decidir sobre su desarrollo. Quizás esa sea la Regeneración que Colombia necesita hoy.
PDTA. Quiero agradecer a quienes cada semana leen, comparten y discuten estas columnas y los planteamientos que venimos presentando sobre Nariño. El reconocimiento de Cifras y Conceptos – Panel de Opinión 2026, que me ubica como el segundo columnista más leído en Nariño, representa principalmente una responsabilidad: seguir estudiando, escribiendo y proponiendo debates que puedan aportar a la agenda regional.
Felicito especialmente al profesor Pablo Emilio Obando, quien ocupó el primer lugar, y a Fernando Enríquez, ubicado en el cuarto lugar. Ambos escriben también en Página 10. Que distintas voces y formas de pensar encuentren espacio en un mismo medio demuestra precisamente lo que queremos construir.
La opinión pública no consiste en pensar igual. Consiste en tener argumentos para debatir nuestras diferencias y, sobre todo, en poner sobre la mesa los asuntos que una región necesita discutir. Estos resultados consolidan a Página 10 como un espacio relevante para la construcción de opinión pública en Nariño.
Gracias por leerme. Seguimos pensando a Nariño.
