Lo que comenzó como una denuncia pública ahora se convierte en un proceso judicial formal. El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de constreñimiento ilegal e injuria, en el marco del escándalo que involucra a Alejandra Abásolo, exasesora del Gobernador de Nariño y actual candidata del Partido Verde a la Cámara de Representantes.
La denuncia fue registrada oficialmente bajo el número 2026012900869, como lo evidencia el documento que fue entregado directamente a Página 10 por el señor alcalde de Ipiales, confirmando que el proceso avanza del plano político al judicial.
¿De qué se acusa a la candidata?
Según denunció el mandatario ipialeño en entrevista con el periodista Paulo Paz, Abásolo habría intentado condicionar el respaldo presupuestal de la Gobernación de Nariño a cambio de apoyo electoral a su candidatura. Es decir, que el futuro de proyectos estratégicos para el municipio habría sido puesto en juego a cambio de respaldo político.
“Se condiciona el apoyo a proyectos estratégicos del municipio a cambio de respaldo electoral. Eso no es gestión pública, eso es coacción política”, afirmó el alcalde.
Este señalamiento activó las alarmas sobre posibles delitos como el constreñimiento al sufragante (Art. 389) y el tráfico de influencias (Art. 411), cuyas penas podrían implicar cárcel, pérdida de investidura e incluso la nulidad de la candidatura.
No obstante, la denuncia registrada ante la Fiscalía se enfoca inicialmente en constreñimiento e injuria, lo que indicaría que el alcalde busca que se investigue también una presunta campaña de presión, desprestigio o daño a su imagen en medio de este proceso político.
El silencio que incomoda
Tanto la dirección departamental como la nacional del Partido Verde han guardado completo silencio ante las denuncias que pesan sobre su candidata. Esta omisión ha generado malestar entre sectores sociales, ciudadanos y líderes de opinión, quienes cuestionan la falta de una postura clara frente a acusaciones de tanta gravedad. El mutismo del partido no solo debilita su credibilidad ética, sino que también alimenta percepciones de tolerancia frente a conductas que podrían atentar contra la transparencia y legalidad del proceso electoral en Nariño.
Desde Página 10 continuaremos haciendo seguimiento riguroso y documentado a este caso, con acceso a evidencias, registros oficiales y fuentes verificadas, para ofrecer a la ciudadanía información clara, veraz y oportuna. Este proceso judicial no solo impacta la imagen de los protagonistas, sino que podría tener profundas implicaciones en el panorama electoral del sur del país, en un momento decisivo para la democracia regional.
