Los amaneceres de Ipiales se observan entre neblinas verdes que alguna vez fueron promesa. Hoy esas nubes, que descienden con tímida lentitud sobre los tejados y los cerros tutelares, ya no traen lluvia fértil sino una sensación de asfixia. Caminar sus calles hace sentir que la ciudad respira con dificultad, como si el aire estuviera en hipoteca. No es el frío andino, es la angustia de un porvenir que se administra como negocio y no como destino común.
El pasado 24 de noviembre de 2025 quedará marcado como un día argento en la memoria cívica. El Concejo Municipal, con la tranquilidad aritmética de sus mayorías, desplazó el debate sobre el derecho a la ciudad y lo convirtió en un muro de contención para el control político y social. Sin bochorno, aprobó un incremento en las tarifas de alumbrado público que rodea entre el 20% y el 400%, los actuales recibos de la ciudadanía así lo demuestran. No fue un ajuste basado en lo estrictamente técnico, al contrario, fue un zarpazo al bolsillo de la gente. El mismo día, en una sincronía alarmante, se otorgó vía libre al alcalde para la creación de una Sociedad de Economía Mixta que administrará ese incremento y avanzará sobre otros servicios del interés general como: estacionamientos, semaforización, señalización; además, la sugerente fórmula de “ciudad inteligente” fue vendida como modernidad cuando en realidad supone ceder hasta el 48% del manejo estratégico de la ciudad a intereses privados.
Se insiste en que la nueva apuesta del servicio de alumbrado público es una “modalidad nueva”. Pasar de una concesión a una sociedad mixta con participación de privados (socio estratégico) y el municipio. Pero cambiar la figura jurídica no altera la médula política. Para ser más explicativos, una concesión entrega la operación por un tiempo; una sociedad de economía mixta incorpora al privado al corazón mismo de la empresa, a su junta, a sus decisiones estratégicas. El riesgo público es latente y la rentabilidad privada se institucionaliza. También se complejiza el control, se desvanece la responsabilidad y se transforma el derecho en flujo financiero.
Las Sociedades de Economía Mixta (SEM) suelen mostrarse como fórmulas virtuosas de eficiencia. Pero en la práctica diluyen la responsabilidad pública, trasladan riesgos al Estado y aseguran rentabilidad al privado que está en la sociedad. La transparencia se opaca bajo contratos complejos, el control político se lo fragmenta y los derechos quedan convertidos en líneas de negocio. De esa manera el lucro se sienta en la mesa donde debería primar el interés general, la ciudad deja de ser comunidad y se transforma en portafolio de servicios, en cartera de cobro.
En una entrevista radial reciente, el alcalde volvió a utilizar la palabra “despolitización” para referirse al manejo del agua. La repitió con insistencia, como si al pronunciarla se purificara la decisión. Sostuvo que ya no será el municipio quien adopte las determinaciones estratégicas, sino el “socio estratégico” encargado de definir un plan de aguas. Y allí, sin darse cuenta, reveló la ratio del problema:
Despolitizar, en su relato, significa retirar el agua del debate democrático para ubicarla en la lógica privada del negocio y cerrada de una junta directiva.
Intenta tranquilizar manifestando que la empresa seguirá llamándose Empoobando, en una burla a la inteligencia colectiva. Pero el nombre no es el asunto, lo categórico es quién decide, quién planifica y bajo qué racionalidad se gestiona un bien esencial.
Lo otro llamativo, es que se mencionan como referentes a Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia, consorcios de Panamá y México, conglomerados multinacionales reconocidos por su experiencia en procesos de privatización de servicios públicos en diferentes países con experiencias nada positivas. Se invocan a los capitales extranjeros como garantía técnica, cuando en realidad lo que está en juego es el control político y social sobre el agua. El agua nunca es neutra: o es derecho o de lo contrario con empresa privadas se convierte en mercancía.
El alcalde, quien llegó con un respaldo electoral traducido en castigo a las viejas administraciones, hoy se destiñe de aquel retrato mostrado en las elecciones de 2023. En la misma entrevista en la que habla de gestión y puertas abiertas, se presenta como víctima de persecución política por parte del DNP. Pero acto seguido afirma que esa misma entidad le abrió las puertas y le ha brindado acompañamiento. Se presenta como perseguido cuando conviene justificar dificultades, pero de bien recibido cuando conviene exhibir “resultados”. Esa contradicción no fortalece la autoridad, la erosiona.
Mientras los micrófonos difundían la voz del alcalde, en la ciudad se desplegaba la noticia de que el alcalde era sancionado con tres meses de suspensión como medida cautelar por tres meses, hasta que la procuraduría culmine una investigación disciplinaria. Sus cercanos elevaron mensajes de apoyo insensatos, los también sancionados por la procuraduría y cercanos al alcalde nombran el acto del ente como procuraduría de bolsillo, cuando tienen el peso de la sanción en sus hombros. Actúan en ritmo de quebrantar la ley y ahora se quieren victimizar en la lógica de una persecución que no existe, lo que sí existe es la improvisación disfrazada de gestión novedosa.
Pero la tragedia no se detiene desde el comienzo de la administración barrios enteros padecen baja calidad en el servicio de agua y algunos sobreviven meses sin suministro constante, la respuesta no es robustecer la capacidad pública ni democratizar su gestión, sino desplazar el centro de decisión hacia capitales externos bajo el eufemismo de la despolitización. El divorcio con la construcción de una ciudad fundada en derechos comenzó cuando se despreciaron los bienes públicos como núcleo de lo común.
Ahora gobiernan familias que, quizá sin advertirlo, administran Ipiales como si fuese su huerta. Confunden confianza con coronación. El pueblo no entregó una corona, otorgó un mandato. Y el mandato no es usufructo, es responsabilidad histórica y política.
La ciudad empieza a ser tratada como cheque en blanco, una cuenta de cobro que contiene votos, no se la trata como ciudadanía libre. La comunidad es leída en clave de aritmética electoral y no como sujeto de derechos ni como potencia de poder popular. Se reemplaza la deliberación por el cálculo, la planificación por el espectáculo.
Las rendiciones de cuentas se transforman en shows mediáticos, performances en recintos cerrados donde se aplaude la escenografía del éxito mientras se evita el examen abierto. Afuera, en los espacios públicos, la escena es otra: choques, peleas, amenazas, señalamientos. Una batahola que revela el clima moral de la administración. Incluso funcionarios asumen el papel de cancerberos virtuales, atacando y macartizando la crítica como si disentir fuese traición y no ejercicio democrático.
Todo lo público comienza a verse como favor cobrable. Las obras se instrumentalizan para competencias ajenas al bienestar colectivo. Es verdad: el pasado dejó deudas y desorden, durante años el déficit fiscal ha sido una constante que deterioró las finanzas municipales. Pero el pasado no puede ser excusa permanente ni evasiva de responsabilidades. El presente tiene nombre propio y cada día que pasa se parece más a aquello que se prometió superar.
Ipiales carga una deuda estructural, se aproxima a nuevas enajenaciones y siente el embargo no solo en sus cuentas sino en su esperanza. La ciudad no puede convertirse en vitrina de privatizaciones sucesivas ni en laboratorio de negocios a costa de su gente. No puede llamar despolitización a la pérdida de control democrático ni modernización a la cesión estratégica de sus bienes.
Y, sin embargo, no todo está perdido. Ipiales puede ser salvada si el pueblo decide salvarla. Si la unidad popular y política se convierte en sensatez de derechos y no en acomodos ni vanidades de trono que en realidad no existen. Una ciudad se funda primero como idea, luego como palabra, después como decisión y finalmente como obra. Sin filosofía pública no hay proyecto urbano, solo maraña.
Ojalá las nubes verdes vuelvan a ser paisaje y no presagio. Que no se tornen nubes de despojo sobre el futuro de Ipiales. Que la ciudad recuerde que no es mercancía ni huerta privada, es comunidad viva. Y que en esa memoria encuentre la fuerza para defenderse.
