La paz territorial volvió a quedar en entredicho en el sur del país. Esta vez, el golpe llegó desde el cielo. Tres soldados del Ejército Nacional murieron y dos más resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Ipiales, en medio de combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Comandos de Frontera, según informó la Brigada 23. El hecho ocurrió en el departamento de Nariño, una región donde la promesa de pacificación sigue chocando con una realidad marcada por la presencia de actores armados, economías ilegales y nuevas formas de violencia.
De acuerdo con el reporte militar conocido por la opinión pública, tropas del Grupo de Caballería n.° 3 adelantaban operaciones contra estructuras armadas ilegales cuando fueron atacadas de manera simultánea con sistemas aéreos no tripulados. En ese hecho fueron asesinados los soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado. Los otros dos uniformados lesionados fueron atendidos inicialmente en la zona y su evacuación fue proyectada hacia un centro asistencial en Pasto.
El Ejército rechazó el uso de estos artefactos explosivos y advirtió que este tipo de acciones no solo atenta contra la integridad de la Fuerza Pública, sino que también pone en riesgo a la población civil. La institución anunció acompañamiento a las familias de los militares fallecidos y señaló que presentará las denuncias correspondientes por presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Además, aseguró que las operaciones continuarán y que la ofensiva será intensificada para ubicar a los responsables.
Pero más allá del comunicado castrense, el episodio revive una pregunta incómoda para el país y especialmente para Nariño: ¿en dónde está la paz territorial? La respuesta, al menos hoy, parece estar lejos de los discursos y mucho más cerca de los territorios donde la guerra se transforma, se adapta y se tecnifica.
La alerta no era nueva. La Defensoría del Pueblo advirtió en febrero de 2026 sobre el uso de drones con explosivos y el agravamiento del riesgo humanitario en municipios de Nariño, particularmente en zonas afectadas por la disputa entre grupos armados ilegales. En la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026, el organismo señaló la posibilidad de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en un escenario atravesado por confrontaciones armadas y control territorial.
Ese contexto vuelve más fuerte la pregunta de fondo. Mientras desde el Gobierno y desde distintas instancias regionales se insiste en la construcción de paz desde lo local, la seguridad en Nariño sigue mostrando fisuras profundas. La propia Gobernación ha reconocido recientemente que el departamento enfrenta retos de seguridad y paz que requieren fortalecimiento institucional y respuesta territorial.
El contraste es duro: por un lado, los discursos sobre diálogo, construcción de paz y presencia integral del Estado; por el otro, soldados asesinados con drones explosivos en un municipio fronterizo y comunidades que siguen viviendo bajo la sombra de grupos armados. Lo ocurrido en Ipiales no es solo una tragedia militar. Es también una señal de que la violencia en Nariño no está retrocediendo al ritmo de las promesas oficiales, y de que la llamada paz territorial todavía no logra traducirse en garantías reales de seguridad para quienes habitan y patrullan el territorio.
En Nariño, la guerra no desapareció. Cambió de forma. Ahora también vuela.
