Lo que debía ser un espacio de protección para la niñez terminó convertido en una vitrina de control armado. En zona rural de Policarpa, Nariño, integrantes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc ingresaron a una institución educativa y participaron en una actividad con menores, donde entregaron útiles escolares, se tomaron fotografías con los niños y repartieron mensajes propagandísticos. El caso fue confirmado por Caracol Radio y replicado por otros medios este lunes.
La escena es inquietante no solo por la presencia de hombres armados dentro de un colegio, sino por el mensaje que acompaña la acción. En el material difundido aparece propaganda en la que las disidencias aseguran que hacen “felices a los niños” en lugares “donde el Estado los tiene abandonados”. Ese lenguaje no es un gesto humanitario: es una narrativa de sustitución del Estado, una forma de penetración simbólica en territorios donde los grupos ilegales buscan legitimidad social y control comunitario.
Lo ocurrido en Policarpa no parece un hecho aislado. Hace apenas unas semanas se conoció una situación similar en colegios de El Naya, entre Cauca y Valle, donde la estructura Jaime Martínez realizó actividades comparables con menores de edad. La repetición del patrón sugiere algo más grave que una provocación puntual: una estrategia de aproximación temprana a niñas, niños y adolescentes en zonas donde la presencia institucional es débil.
La Defensoría del Pueblo advirtió recientemente que en 2025 registró 325 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y que el 43,4 % fue atribuido al Estado Mayor Central, la principal disidencia bajo la línea de Iván Mordisco. En ese mismo balance, la Defensoría ubicó después a grupos sin identificar con 19,4 %, otras disidencias con 12,6 %, el ELN con 9,5 %, el Clan del Golfo con 6,5 %, las disidencias de Calarcá con 5,5 % y la Segunda Marquetalia con 2,5 %.
Por eso el problema no es solo que un grupo armado haya entrado a un plantel educativo. El problema es que esa entrada ocurre en medio de un país donde el reclutamiento y la instrumentalización de menores siguen siendo una práctica vigente. La escuela, que debería ser frontera ética y territorial infranqueable, aparece otra vez expuesta a la lógica de la guerra.
La alarma aumenta con lo ocurrido en Jamundí, Valle del Cauca, donde la Defensoría denunció el secuestro de cuatro jóvenes en hechos atribuidos al frente Jaime Martínez. Aunque hubo versiones oficiales que hablaban de personas de 18 y 19 años, la Defensoría reportó el caso como una grave vulneración y organizaciones cercanas a las familias sostienen que se trata de adolescentes.
Lo de Policarpa muestra una mutación preocupante. Ya no se trata únicamente del reclutamiento clandestino en veredas apartadas o del uso de amenazas directas. Ahora también aparece una modalidad de acercamiento que combina propaganda, regalos, presencia armada y exposición pública con menores. Es una estrategia más sutil en la forma, pero profundamente violenta en el fondo: busca normalizar al actor ilegal ante los ojos de los niños y sembrar desde temprano la idea de que quien manda, protege y resuelve no es el Estado, sino el grupo armado.
Ese es el verdadero drama de esta historia. Cuando un fusil entra a un colegio con cuadernos en la mano, no está llevando ayuda: está disputando autoridad, lealtad y futuro. Y cuando eso ocurre frente a niños, el país no puede leerlo como una anécdota ni como un hecho aislado, sino como una advertencia brutal sobre el deterioro del control territorial y la fragilidad de las garantías para la infancia en regiones como Nariño.
