Por: Tirso Benavides Benavides
La salud de una democracia no se mide únicamente por la asistencia a las urnas, sino por la calidad del debate que precede al voto. Recientemente, el panorama electoral colombiano ha dado un giro inesperado, Iván Cepeda, el candidato del Gobierno y representante de los sectores de izquierda, quien inicialmente se había mostrado reacio a participar en los debates presidenciales, ha anunciado que finalmente asistirá. Sin embargo, su aceptación viene cargada de condiciones. Exigencias sobre los medios de comunicación convocantes, prefiriendo los medios públicos; la designación de moderadores específicos, en los que seguramente buscará alejar a los periodistas de medios que considera contradictores, incluso la selección de los contendores, solo quiere confrontar a los candidatos de derecha.
Esta postura resulta, a todas luces, excluyente. Como bien señalaba Habermas, la democracia solo es plena cuando el diálogo se despoja de intereses estratégicos para convertirse en una auténtica “acción comunicativa”. Al imponer condiciones sobre el escenario o el interlocutor, se degrada la deliberación, deja de ser un intercambio libre de argumentos y razones para transformarse en una puesta en escena diseñada para el control, donde el candidato busca su comodidad antes que la necesaria confrontación de propuestas.
Lo preocupante es que esta tendencia a la exclusión parece ser un punto de encuentro entre los extremos, como siempre pasa los extremos actúan igual, se parecen, se necesitan. Desde la otra banda, Abelardo de la Espriella ha manifestado la idea de no incluir en la discusión a aquellos candidatos que no ocupen los tres primeros lugares en las encuestas. Esta coincidencia táctica busca reducir la complejidad política del país a un choque binario, lo que reforzaría la polarización que reina en estas tierras.
Esta táctica va en contravía con lo que Joshua Cohen, teórico gringo de la democracia deliberativa, define como una asociación deliberativa justa, un espacio donde todas las voces deben someterse al escrutinio del mejor argumento y no al blindaje de la popularidad momentánea.
Es habitual, sin embargo, acá y en Cafarnaúm que quienes lideran las encuestas opten por dejar la silla vacía.
En Colombia lo hemos visto con insistencia en campañas pasadas. Los punteros, bajo el consejo de asesores que ven la política como un cálculo de daños, prefieren no exponerse a los riesgos inevitables de la señal en vivo, donde un error o un mal gesto puede costar puntos preciosos. Por una cuestión de mera estrategia electoral, se termina sacrificando la exposición de argumentos. Se cuida el porcentaje, pero se descuida al ciudadano.
Si este escenario de vetos cruzados se cristaliza, caeríamos en un absurdo político sin precedentes, terminaríamos viendo a Paloma Valencia, la candidata del uribismo, movimiento con probados vínculos con el paramilitarismo, la violación de derechos humanos y crímenes horrendos como los falsos positivos como la opción más moderada en la mesa. La presencia de Oviedo como vice no lava el pasado de ese sector político ni su carácter de derecha, más bien está haciendo el papel del diverso útil. Una distorsión de la realidad que solo favorece la polarización.
Aquí cobra vigencia el concepto de “razón pública” de John Rawls: los líderes tienen el deber ético de explicar sus posiciones en términos que todos los ciudadanos puedan entender y evaluar, sin esconderse tras filtros mediáticos o exclusiones ideológicas.
Tradicionalmente, han sido los medios de comunicación quienes deciden a quién invitar, pero hoy asistimos a una inversión de roles donde son los candidatos quienes quieren imponer las reglas a su conveniencia.
Si bien es cierto que lo ideal sería la participación de todos los postulados, la logística de invitar a más de una decena de aspirantes y darles el tiempo suficiente para dirigirse a la opinión pública en igualdad de condiciones resultaría casi un imposible para el ritmo televisivo. El problema surge cuando, ante esa limitación real, se recurre al filtro engañoso de las encuestas para silenciar opciones de centro que han demostrado ser opciones para buena parte del electorado.
Los debates presidenciales son herramientas esenciales para un voto informado. En ellos, la ciudadanía descubre el talante y la honestidad intelectual de quienes pretenden dirigir los destinos del país.
La historia nos regala anécdotas que hoy cobran una vigencia irónica, como aquel episodio en el que el paisano, Antonio Navarro Wolff, se coló a un debate en 1.994 para reclamar su derecho a ser escuchado al no ser invitado como candidato del M-19, los convidados fueron Samper y Pastrana, representantes de los dos partidos tradicionales de ese entonces. Resulta paradójico que hoy sea precisamente el candidato de la izquierda quien, habiendo compartido aquellas luchas por la inclusión, intente imponer restricciones a sus contendores. Otra escena memorable, tres años después, fue la de Mockus tirándole un vaso de agua a Horacio Serpa, un extraño gesto “pedagógico” con el que Antanas quería promover la tolerancia, en la transmisión el afectado solo se peinó su característico gran bigote y soportó estoico, aunque por dentro seguramente dijo “¡mamola!”.
La democracia exige debatir con libertad y sin las camisas de fuerza del marketing político y las conveniencias electoreras. La gente tiene el derecho de conocer a quienes aspiran a gobernarla. Los debates no son una concesión de los candidatos hacia el pueblo, son una obligación de quienes presentan su hoja de vida para gobernarlo. Los ciudadanos merecen que se abran los micrófonos a todas las voces, sin miedos ni límites que empañen la transparencia de la deliberación.
