La frágil apuesta de paz en el suroccidente del país vuelve a tambalear. Un reciente ataque en Nariño, que dejó soldados muertos y niños heridos, encendió las alarmas dentro del Gobierno Nacional y podría convertirse en el punto de quiebre de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La advertencia no es menor. Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en esa mesa, fue directo: los hechos de violencia recientes ponen en riesgo la continuidad del proceso. Sus declaraciones, entregadas en entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo, reflejan el nivel de tensión que atraviesa una negociación que ya venía mostrando signos de desgaste.
El episodio revive una pregunta incómoda para la política de “paz total”: ¿hasta qué punto es viable mantener diálogos activos mientras persisten ataques contra la Fuerza Pública y, más grave aún, contra la población civil?
El ataque no solo deja un saldo trágico en vidas humanas, sino que golpea el corazón mismo de la legitimidad del proceso. La presencia de niños entre los heridos profundiza la gravedad del hecho y vuelve a poner sobre la mesa una realidad que organizaciones nacionales e internacionales han advertido de forma reiterada: el conflicto armado sigue afectando de manera directa a la niñez en regiones como Nariño.
No es un hecho aislado. El departamento ha sido señalado como uno de los territorios más golpeados por la violencia y las disputas entre grupos armados, en medio de una fragmentación que dificulta cualquier intento de negociación estable. En ese contexto, cada ataque no solo suma víctimas, sino que erosiona la confianza mínima necesaria para sostener una mesa de diálogo.
Desde el Gobierno, el mensaje parece empezar a endurecerse. La advertencia de Novoa deja entrever que la continuidad de los diálogos no es automática y que los hechos sobre el terreno tendrán consecuencias políticas. En otras palabras, la paz no puede avanzar mientras las armas siguen hablando.
El riesgo ahora es doble. Por un lado, que la mesa de negociación se rompa, cerrando un canal que, pese a sus dificultades, representaba una posibilidad de desescalamiento. Por otro, que la continuidad sin condiciones claras termine debilitando aún más la credibilidad de la estrategia de paz.
Nariño vuelve así a convertirse en el termómetro de la paz en Colombia. Lo que ocurra en este territorio no solo definirá el futuro de una negociación específica, sino que podría marcar el rumbo de toda la política de diálogo del Gobierno.
Porque en medio de la violencia, la paz no solo se negocia: también se pone a prueba.
