Por: Tirso Benavides Benavides
El sistema de salud en Colombia no solo está en cuidados intensivos, sino que ha sido entregado formalmente a sus enterradores. A pesar de la oposición técnica de expertos, las alertas de organismos de transparencia y el rechazo de diversos sectores de la sociedad, el presidente Gustavo Petro firmó el nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud. La breve designación del viceministro Jaime Hernán Urrego como superintendente encargado fue apenas una sala de espera administrativa. Con esta rúbrica, la vigilancia de un sector en crisis del que depende la vida de millones de colombianos, queda en manos de un personaje cuyo principal mérito no es la gerencia sanitaria, sino un abultado prontuario.
Nombrar a personajes con antecedentes tan oscuros, a sabiendas de las investigaciones que los cercan, convierte al presidente en algo más que un nominador: lo hace cómplice y corresponsable de la debacle que se avecina. No se trata de un error de cálculo o de desconocimiento de hechos que son vox populi, es una decisión política deliberada, donde la lealtad ideológica y la conveniencia electoral con miras en los próximos comicios han derrotado a la ética pública.
Quintero no llega a la Superintendencia como un técnico idóneo, sino como un político imputado. Además de que su formación no tiene nada que ver con la salud, su paso por la Alcaldía de Medellín dejó cicatrices que aún supuran, investigaciones por contratos con inhabilitados, el cuestionado manejo de la Clínica de la 80 y presuntos desvíos de recursos públicos que involucran a su círculo más cercano, incluyendo a su hermano y a 55 de sus colaboradores. Que el máximo órgano de inspección y control del sector salud sea dirigido por alguien que no pudo —o no quiso— blindar la transparencia en su propia ciudad es un entierro de quinta para la institucionalidad y no genera ni cinco de confianza.
A este sombrío panorama se suma el otro brazo de esta pinza política, la posesión de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. La falta de idoneidad en este caso, a pesar de tratarse de un profesional de la medicina, fue cuestionada por el propio Ministro de Salud. Guillermo Alfonso Jaramillo, descalificó a Ospina públicamente en una entrevista radial donde afirmó que el exalcalde de Cali “no es la persona adecuada” para el cargo y que “no tiene ni idea” de los parámetros técnicos para calcular la UPC.
Si el jefe de la cartera de salud admite que el interventor de la EPS más grande del país carece de competencia técnica, queda claro que el objetivo del Gobierno no es la eficiencia médica, sino el control burocrático en campaña electoral.
Y es que al Dr. Jaramillo, también galeno, parece habérsele olvidado el juramento hipocrático y el principio Primum non nocere (lo primero es no hacer daño) que obliga a priorizar la seguridad del paciente y evitar intervenciones que empeoren su situación, avalar a estos funcionarios es poner en riesgo a todos los afiliados al Sistema. La ética sacrificada en el altar de la conveniencia partidista.
El país observa con estupor cómo la salud no se reforma sino que se derrumba, todo por una batalla ideológica contra el aseguramiento privado. Al no lograr sus cambios por la vía legislativa, el Gobierno ha optado por la asfixia administrativa a través de personajes que no saben de medicina ni de finanzas sanitarias, pero sí de repartija.
El presidente estaba avisado. Las alertas llovieron desde la academia, los gremios y la opinión pública durante el tiempo que duró el encargo transitorio. Si mañana estalla un nuevo escándalo de saqueo o una parálisis en la atención, Petro no podrá alegar ignorancia. Él eligió a los protagonistas y él debe poner la cara por aquellos que designa. En esta alianza de conveniencia, la firma del presidente lo hace responsable de cada vida que se ponga en peligro bajo el mando y supervisión de este par de cuestionados politiqueros.
