Por Daniel Olarte Mutiz (periodista y libre pensador) Exclusivo para PÁGINA 10.
Anoche, mientras escribía este artículo, recordé a mi tía Carmela, siempre liberal contestataria. Algún día de niño, me llevó a una manifestación en la que el pueblo de Nariño exigía al gobierno la promesa de una refinería de combustibles para posibilitar su desarrollo socioeconómico. Ese episodio me trajo a este ahora, en medio de la contienda electoral que vive Colombia antes de la segunda vuelta presidencial: hay afirmaciones que pertenecen al terreno de los hechos y otras que habitan el complejo universo de las interpretaciones políticas. Confundirlas no ayuda a la democracia; distinguirlas es un deber del periodismo.
Existe, en primer lugar, una realidad objetiva: Iván Cepeda jamás ha sido guerrillero. Su trayectoria pública ha estado ligada al activismo de izquierda, a la defensa de los derechos humanos y a una evolución ideológica que lo ha llevado a posiciones que muchos analistas ubican dentro de la socialdemocracia. Ese es un dato verificable y no una opinión.
En el otro extremo del debate aparece la figura de Abelardo de la Espriella, convertido hoy en uno de los protagonistas de la confrontación política. Sobre él, diversos periodistas, comentaristas y analistas han señalado reiteradas inconsistencias entre algunas de sus declaraciones y hechos posteriormente contrastados. Algunos han llegado incluso a calificarlo, desde el lenguaje coloquial, como un “mentiroso compulsivo”. Sin embargo, considero que esa categoría psiquiátrica no corresponde al debate político ni puede utilizarse sin un diagnóstico clínico serio.
Debemos en aras de reflexionar, plantear hipótesis distintas, los pastusos no somos tan bruticos como nos han presentado en el imaginario nacional.
No creo que estemos necesariamente frente a una patología individual. Creo que podríamos estar observando un cálculo sociopolítico minuciosamente diseñado. La exageración, la distorsión de los hechos y la apelación permanente a las emociones más primarias del electorado pueden constituir estrategias deliberadas para movilizar apoyos en sociedades profundamente divididas.
Y nuestra amada Colombia, catalogado el segundo país más biodiverso del planeta,lo está.
Nuestro país atraviesa uno de los momentos de mayor polarización de su historia reciente. Los resentimientos acumulados, las desigualdades persistentes, las heridas del conflicto armado y la desconfianza hacia las instituciones han creado un terreno particularmente fértil para los discursos extremos, sin embargo hay algo evidente: el discurso de uno de ellos es conciliador.
Entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿Quién se beneficia de una guerra civil en Colombia?
Es una verdad de a puño o “patentica”, como diríamos en lenguaje coloquial pastuso. La historia enseña que las guerras rara vez favorecen a las sociedades que las padecen. Los grandes perdedores suelen ser los ciudadanos comunes: quienes ponen y han puesto los muertos, los desplazados, las víctimas del hambre y la destrucción. Sin embargo, los conflictos sí generan beneficios para determinados sectores económicos y geopolíticos. Póngame ese trompo en la uña, decía mi tía Carmela para dejar callada a mamá Teresa.
Estados Unidos, por ejemplo, continúa siendo una de las principales potencias militares del planeta y posee una poderosa industria armamentística. También es cierto que enfrenta enormes desafíos fiscales y altos niveles de endeudamiento. Del mismo modo, China se ha consolidado como una potencia económica global y como uno de los principales tenedores extranjeros de deuda estadounidense.
Ahora bien, afirmar que Estados Unidos “crea guerras donde no las hay” constituye una interpretación discutible que requiere prudencia. Lo que sí puede sostenerse es que la historia internacional muestra numerosos episodios en los que las guerras y los conflictos han terminado fortaleciendo complejos industriales vinculados a la defensa, dinamizando economías de guerra y reconfigurando equilibrios geopolíticos.
La pregunta relevante es si Colombia podría convertirse en escenario útil para intereses ajenos a sus propias necesidades nacionales.
No tengo pruebas para afirmarlo como una certeza. Lo planteo como interrogante político y sociológico.
Porque un país fracturado resulta más vulnerable a las influencias externas. Un país enfrentado internamente pierde capacidad de decidir soberanamente sobre su destino económico y político. Un país sumido en la violencia termina dependiendo más del crédito internacional, de la cooperación militar extranjera y de decisiones tomadas lejos de sus fronteras.
Por otra parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la deuda externa colombiana. Más allá de las legítimas discrepancias sobre sus políticas económicas, Colombia no ha declarado moratorias ni ha desconocido compromisos con la comunidad financiera internacional. Ello contradice antiguas tesis latinoamericanas que consideraban la deuda externa como una carga estructural imposible de pagar.
Pero precisamente por ello vale la pena preguntarse: ¿a quién le conviene una Colombia estable, pagando sus obligaciones y fortaleciendo sus instituciones democráticas? ¿Y a quién le convendría una Colombia incendiada, temerosa y profundamente dividida?
Las leyes de la dialéctica nos enseñan que las contradicciones generan transformaciones. Sin embargo, cuando las tensiones políticas dejan de tramitarse mediante la deliberación democrática y se trasladan al terreno de la enemistad absoluta, el riesgo deja de ser teórico.
El recuerdo de la Guerra de los Mil Días y las décadas posteriores de violencia bipartidista debería vacunarnos contra la tentación de convertir al adversario político en enemigo existencial.
No escribo estas líneas desde el pesimismo ni desde la militancia partidista. Las escribo desde la preocupación ciudadana y desde una formación humanística que me ha permitido estudiar experiencias latinoamericanas comparadas. La historia enseña que las democracias no mueren únicamente por golpes de Estado; también pueden erosionarse lentamente mediante la polarización extrema, la desinformación y la incapacidad de reconocernos como miembros de una misma comunidad política.
Por eso vuelvo a la pregunta inicial.
¿Quién se beneficia de una guerra civil en Colombia?
Con seguridad, no el campesino que pierde su cosecha; no la madre que entierra a su hijo; no el comerciante que ve quebrar su negocio; no el estudiante que abandona sus sueños; no el trabajador que contempla impotente cómo se destruye el país que ayudó a construir.
Quizá la respuesta definitiva no la tengamos todavía.
Pero tal vez la obligación ética del periodismo consista precisamente en formular las preguntas incómodas antes de que sea demasiado tarde, para que la sociedad colombiana entienda que ninguna diferencia ideológica justifica volver a recorrer el camino de la sangre.
Porque, al final, la verdadera victoria democrática no consiste en derrotar al contradictor, sino en garantizar que, después de las elecciones, todos podamos seguir habitando la misma nación, esa de Caño Cristales, la Sierra Nevada, la Planada en Nariño, la paradisíaca Isla de San Andrés, la Tajumbina en el norte de Nariño y tantas maravillas que el gran arquitecto del universo ha regalado de manera generosa a nuestra tierra.
