Entre enero y mayo de 2026, Colombia registró 67 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, además de 58 masacres con 238 víctimas. Nariño aparece entre los territorios más afectados, con cinco masacres en los primeros cinco meses del año.
La violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades rurales sigue dejando una huella dolorosa en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, fueron asesinados 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en el país: 55 hombres y 12 mujeres, según el balance del Observatorio de Indepaz.
El mismo reporte señala que, durante ese periodo, se registraron 58 masacres, con un total de 238 víctimas. Abril fue el mes más crítico, con 20 asesinatos confirmados de líderes y lideresas, una cifra que refleja el recrudecimiento de la violencia en territorios donde las comunidades defienden la tierra, el ambiente, la vida y la permanencia en sus regiones.
Los departamentos con más asesinatos de líderes sociales fueron Cauca, con 16 casos; Antioquia, con 11; y Arauca, con 6. Estos homicidios se concentran principalmente en zonas donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas.
Nariño, una alerta que no puede pasar inadvertida
Aunque Cauca y Antioquia encabezan las cifras de asesinatos de líderes, Nariño aparece entre los departamentos más afectados por masacres. De acuerdo con Indepaz, entre enero y mayo se registraron cinco masacres en el departamento, lo que lo ubica dentro del grupo de territorios con mayor afectación, junto a Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca.
La situación es especialmente preocupante porque Nariño reúne varios factores de riesgo: presencia de grupos armados, corredores estratégicos hacia el Pacífico, frontera con Ecuador, economías ilegales, disputas territoriales y comunidades rurales que reclaman protección, inversión social y garantías para permanecer en sus territorios.
En abril, medios nacionales ya advertían que la violencia en Colombia se estaba extendiendo de norte a sur, incluyendo a Nariño entre los departamentos afectados por el aumento de masacres en el primer tramo del año.
Para el departamento, estas cifras no son simples estadísticas. Detrás de cada hecho hay familias, comunidades, procesos organizativos y liderazgos que han quedado expuestos en medio de una violencia que no cede.
La deuda con los firmantes de paz
A este panorama se suman los asesinatos de tres firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila durante el mismo periodo. Para Indepaz, estos hechos evidencian que las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas siguen siendo una deuda pendiente del Estado.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido una de las heridas más persistentes del país. Según registros acumulados de la Defensoría del Pueblo citados en el balance, desde enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2026 se han registrado 1.732 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Comunidades bajo presión
Las cifras muestran que la violencia no está distribuida al azar. Golpea con mayor fuerza a territorios donde existen disputas por control armado, rutas del narcotráfico, minería ilegal, tierras, cultivos de uso ilícito y presencia débil del Estado.
En Nariño, esa realidad se siente con particular intensidad en zonas rurales, costeras y fronterizas. La violencia afecta a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que, además de enfrentar amenazas contra sus líderes, padecen falta de inversión, dificultades de movilidad, pobreza, ausencia de oportunidades y bajo acceso a justicia.
El problema, entonces, no es únicamente de seguridad. También es social, económico e institucional.
Un llamado urgente desde los territorios
El balance de los primeros cinco meses de 2026 deja una conclusión clara: Colombia sigue fallando en la protección de quienes defienden derechos, territorio y comunidad.
Para Nariño, el llamado es urgente. El departamento no puede seguir apareciendo en los reportes nacionales solo por masacres, desplazamientos, confinamientos o asesinatos. Se requieren garantías reales para los liderazgos sociales, presencia integral del Estado, inversión en los territorios, prevención efectiva y una política de seguridad que proteja a las comunidades, no solo que reaccione después de las tragedias.
Cada líder asesinado y cada masacre registrada representan una fractura en la democracia local. Y en departamentos como Nariño, donde la vida comunitaria sostiene buena parte de la organización social, proteger a los líderes no es un favor del Estado: es una obligación constitucional y una condición mínima para la paz.
