La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades fiscales por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, relacionadas con bienes entregados por la DIAN en calidad de donación que no cuentan con soportes suficientes, no fueron ubicados físicamente y tampoco aparecen reconocidos en los registros contables de la entidad.
El hallazgo se produjo tras una auditoría financiera practicada a los estados financieros y a la información presupuestal de la UARIV correspondiente a la vigencia 2025. El organismo de control evaluó la ejecución del presupuesto, la gestión financiera y distintas políticas públicas asociadas a discapacidad, postconflicto, marcador para la paz, equidad de género, participación ciudadana, rendición de cuentas, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.
Según la Contraloría, para 2025 la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación total vigente de $4,43 billones. De ese monto, los compromisos ascendieron a $4,34 billones, equivalentes al 97,85 % del total del gasto. Sin embargo, las obligaciones solo alcanzaron $2,23 billones, es decir, apenas el 50,36 % de los recursos disponibles.
Esta situación evidenció una baja ejecución presupuestal, con rezagos cercanos a los $2 billones. Para el organismo de control, aunque la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución y cumplir sus compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para garantizar una ejecución acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados.
El punto más grave de la auditoría está relacionado con las deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. La Contraloría señaló la falta de reconocimiento contable de recursos entregados por la DIAN como donaciones, situación que derivó en tres hallazgos. Uno de ellos tiene presunta connotación fiscal por $33.009.669.360.
De acuerdo con el informe, el presunto detrimento se originó por la ausencia de soportes que acrediten la entrega efectiva de los bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y la omisión de estos elementos en los registros contables de la entidad. Para la Contraloría, estos hechos configuran un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público.
En total, el proceso auditor dejó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria. Además, se estableció un hallazgo con incidencia fiscal por $33.009 millones, uno para apertura de proceso administrativo sancionatorio, uno con otra incidencia para traslado a la DIAN y dos solicitudes de apertura de indagación preliminar.
El caso genera especial preocupación por tratarse de la entidad encargada de atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La baja ejecución presupuestal y las presuntas irregularidades en el manejo de bienes donados ponen en duda la capacidad institucional para convertir los recursos disponibles en atención efectiva para una población que requiere respuestas oportunas, transparentes y verificables.
La Contraloría dejó planteado un llamado de atención de fondo: no basta con comprometer recursos en el papel. La ejecución debe traducirse en bienes, servicios y resultados reales para las víctimas. En este caso, el organismo de control advierte que hubo recursos y mercancías cuyo destino no fue debidamente soportado, registrado ni comprobado.
