A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, la implementación enfrenta un riesgo crítico: la desfinanciación estructural. Así lo advierte la Contraloría General de la República, tras analizar los recursos ejecutados entre 2017 y 2026 y evaluar el avance real de los compromisos pactados, especialmente en la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.
El órgano de control encontró que, aunque el país ha ejecutado y apropiado $138,11 billones a pesos de 2025, esta cifra está lejos de cubrir las necesidades reales para transformar los territorios más afectados por la guerra, la pobreza rural, las economías ilícitas y la baja presencia estatal.
Según la Contraloría, el problema nació desde el diseño financiero del Acuerdo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 subestimó los recursos requeridos para cumplir la Reforma Rural Integral, los 16 Planes Nacionales Sectoriales Rurales y el alcance de los PDET. Mientras el marco fiscal proyectaba necesidades por $211,8 billones a pesos de 2025, la Misión para la Transformación del Campo estimó que se requieren $331 billones. Es decir, lo ejecutado hasta ahora apenas cubriría cerca del 37 % de lo necesario para cumplir la meta a 2031.
La situación es especialmente preocupante para las regiones PDET. Estos municipios fueron priorizados precisamente porque concentran rezagos históricos en vías, salud, educación, agua potable, productividad, conectividad, seguridad alimentaria y presencia institucional. Sin embargo, la Contraloría advierte que, pese a la cuantiosa inversión, no se han logrado los cambios estructurales esperados en las zonas rurales.
Uno de los puntos más graves es la baja trazabilidad de los recursos. Aunque el 90,4 % de los proyectos aparece alineado con lo pactado en el Acuerdo, solo el 34,4 % permite identificar recursos por municipio PDET. Esto significa que el país no tiene todavía una lectura suficientemente clara sobre cuánto dinero llega realmente a cada territorio priorizado, qué se ejecuta, con qué impacto y en beneficio de quiénes.
A ello se suma la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos de implementación, mientras las fuentes territoriales tienen una participación limitada. La Contraloría también advierte concentración de recursos en algunos puntos del Acuerdo y en determinados territorios, lo que puede profundizar desigualdades entre regiones.
El balance sobre pobreza rural confirma la preocupación. La meta del Acuerdo era erradicar la pobreza extrema rural en 2031, pero al ritmo actual Colombia tardaría hasta 2053 en alcanzar niveles cercanos a cero. En la última década, la pobreza extrema en el campo apenas se redujo 0,3 %, lo que evidencia un estancamiento estructural y una gestión desarticulada.
El PNIS también aparece en zona de alto riesgo. Aunque en la lucha contra las drogas se han ejecutado $8,44 billones, equivalentes al 65 % de la meta a 15 años, la Contraloría señala que esa ejecución no se ha traducido en resultados proporcionales. Los cultivos ilícitos persisten, y la sustitución enfrenta problemas de sostenibilidad por la intermitencia estatal y la falta de bienes públicos esenciales.
Sin vías, asistencia técnica, infraestructura, crédito, comercialización y acceso real a mercados, las familias campesinas difícilmente pueden abandonar economías ilegales de manera sostenible. La sustitución no puede depender solo de pagos o compromisos parciales; requiere transformar las condiciones del territorio.
Además, el organismo de control advierte un posible limbo legal del PNIS, pues la norma que lo rige limita su existencia hasta el 29 de mayo de 2027. Si no se adopta una estrategia financiera, jurídica e institucional clara, uno de los pilares del punto 4 del Acuerdo podría quedar debilitado.
El informe deja una conclusión de fondo: no basta con asignar recursos. La implementación necesita calidad del gasto, eficacia, transparencia, coordinación entre nación y territorios, y rendición de cuentas. Los PDET y el PNIS no pueden convertirse en listados de proyectos dispersos ni en promesas incumplidas para las regiones.
A diez años del Acuerdo, la paz sigue dependiendo de una pregunta concreta: si el Estado será capaz de llegar con inversión real, sostenida y verificable a los territorios que durante décadas esperaron algo más que discursos.
