La elección de Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, como nuevo presidente del Senado para el periodo 2026-2027 dejó una de las imágenes políticas más inesperadas de los últimos años: congresistas del Pacto Histórico votando por un dirigente uribista para conducir la corporación.
El hecho no es menor. Durante años, uribismo y petrismo construyeron buena parte de su identidad política desde la confrontación moral. Cada sector presentó al otro no solo como adversario, sino como amenaza para el país. En campaña, el senador Iván Cepeda insistió en que su contradicción de fondo era con el expresidente Álvaro Uribe y con un modelo de país que consideraba opuesto al suyo. Sin embargo, en la instalación del Congreso, la política real terminó mostrando otra escena: sectores enfrentados encontraron una coincidencia táctica para elegir la mesa directiva del Senado.
La elección de Henríquez contó con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, en una votación que unió a dos fuerzas que fueron protagonistas de fuertes enfrentamientos durante el Gobierno saliente de Gustavo Petro.
La escena de celebración entre sectores que hasta hace poco parecían irreconciliables deja una enseñanza profunda para Colombia: los fundamentalismos políticos sirven para encender pasiones, pero no para gobernar una democracia. La democracia exige conversar, negociar, ceder, reconocer al contradictor y construir reglas comunes.
Lo ocurrido puede leerse de dos maneras. La primera, con cinismo: como una muestra de que la política siempre termina acomodándose según conveniencias. La segunda, con mayor madurez democrática: como una oportunidad para desmontar la falsa idea de que el país debe vivir eternamente dividido entre bandos morales, mesías partidistas y enemigos absolutos.
Colombia necesita superar el moralismo de lado y lado. Durante años, sectores uribistas y petristas alimentaron una narrativa de pureza política: unos se presentaron como los únicos defensores del orden; otros, como los únicos representantes del pueblo. Esa lógica empobreció el debate público, volvió sospechoso cualquier acuerdo y convirtió la diferencia en una forma de enemistad.
Pero la elección del presidente del Senado demuestra que, cuando se trata de poder institucional, garantías legislativas y gobernabilidad, incluso los adversarios más duros pueden sentarse en la misma orilla. Honorio Henríquez, tras su elección, negó que ese respaldo implicara una renuncia ideológica y afirmó que ni el Centro Democrático ni el Pacto Histórico habían cedido en sus posiciones.
Ahí está precisamente la clave: una democracia no exige que todos piensen igual. Exige que quienes piensan distinto puedan tramitar sus diferencias sin destruir las instituciones.
¿Estamos ante un “pacto democrático”? Todavía es temprano para afirmarlo. Pero sí estamos ante una señal: el país puede y debe salir del fanatismo. Colombia no necesita más totalitarismos emocionales, ni caudillos incuestionables, ni ciudadanos convertidos en soldados digitales de una causa. Necesita instituciones que funcionen, oposición con garantías, gobierno con control político y acuerdos mínimos para que el Estado no se paralice.
La gran paradoja es que quienes durante años fueron presentados como enemigos irreconciliables terminaron recordándole al país que la política, en democracia, también consiste en pactar. Tal vez esa sea la lección más útil para una ciudadanía cansada de insultos, etiquetas y trincheras.
Si uribistas y petristas pudieron coincidir en una elección clave del Congreso, los ciudadanos también pueden abandonar el fanatismo que tanto daño ha hecho en familias, redes sociales, regiones y conversaciones públicas.
El desafío ahora es que ese pragmatismo no se limite al reparto de poder, sino que sirva para construir garantías, reformas sensatas y soluciones reales. Colombia no necesita nuevos mesías. Necesita demócratas capaces de entender que el adversario no siempre es un enemigo, y que el país solo se construye cuando la política deja de ser religión y vuelve a ser deliberación pública.
