Pablo Emilio Obando A.
Docente y Periodista de Nariño.
Cuando las falsas respuestas administrativas reemplazan las acciones de protección
> “Has firmado tu tumba. Te crees intocable y vas a ver como tu cabeza vuela en mil pedazos. No duermas tranquilo. En tu trabajo, en tu casa, en donde te encuentras escucharás el ruido de tu sentencia. Traidor del pueblo, gusano vil aliado de la derecha destructora y cobarde. Muere a traidores del pueblo. Prepara tu tumba perro derechista. Caerán inocentes pero tumbaremos la cizaña que sos”.
Hay momentos en los que el silencio institucional resulta más inquietante que la propia amenaza. Cuando un docente y periodista denuncia que su vida está en riesgo, lo mínimo que espera del Estado no es un tratado jurídico sobre sus competencias, sino una actuación inmediata, eficaz y verificable para proteger su existencia.
Ese es precisamente el interrogante que hoy queda planteado.
Después de varios meses de haber puesto en conocimiento de las autoridades las amenazas de muerte recibidas por el ejercicio de mi labor periodística, la respuesta oficial de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto llega acompañada de abundantes citas constitucionales, referencias legales y afirmaciones sobre actuaciones administrativas. Sin embargo, deja un enorme vacío: ¿cuáles fueron las medidas reales y concretas adoptadas para proteger mi vida mientras continuaba ejerciendo como docente?
Porque una cosa es citar el artículo 2 de la Constitución Política, que obliga al Estado a proteger la vida de todas las personas, y otra muy distinta es demostrar cómo esa obligación se materializó en un caso específico.
La respuesta administrativa reconoce expresamente varios hechos de enorme trascendencia.
Reconoce que existía una amenaza. Reconoce que la situación fue analizada. Reconoce que se realizaron estudios jurídicos y administrativos. Reconoce que hubo remisiones otras entidades.
Pero no demuestra cuáles fueron las medidas materiales de protección adoptadas para impedir que esa amenaza se materializara.
Y esa diferencia es fundamental.
Las autoridades públicas no cumplen únicamente elaborando oficios o trasladando documentos. Cumplen cuando logran que la persona amenazada esté efectivamente protegida.
De lo contrario, la actuación administrativa termina convirtiéndose en un expediente perfectamente organizado… mientras el riesgo continúa intacto.
Existe además otro aspecto profundamente preocupante.
La Secretaría de Educación sostiene que las amenazas ocurrieron en ejercicio de mi actividad periodística y no de mis funciones docentes.
Esta afirmación pretende establecer una separación que, desde la realidad, resulta extremadamente difícil de sostener.
Yo soy la misma persona cuando ingreso a un salón de clases que cuando escribo una columna de opinión.
Las amenazas no distinguen horarios laborales.
Quien amenaza no pregunta si el destinatario está dictando una clase o escribiendo un artículo.
El riesgo acompaña a la persona.
Y precisamente por eso resulta imposible fragmentar la protección constitucional según el oficio que se desempeñe en determinado momento.
Más aún cuando el propio Estado tiene el deber de garantizar que el servicio público de la educación pueda prestarse en condiciones de seguridad.
Si un maestro amenazado continúa asistiendo diariamente a una institución educativa, no solamente está expuesto él.
También puede verse comprometida la tranquilidad de estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y familias enteras.
La seguridad en un establecimiento educativo nunca puede analizarse exclusivamente desde la condición individual del docente.
Tiene una dimensión colectiva.
Por eso sorprende que mientras la respuesta administrativa invoca reiteradamente la protección del derecho a la educación y de los estudiantes, no explique qué acciones concretas fueron implementadas para evitar que esa amenaza pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Otro aspecto genera especial inquietud.
La propia Secretaría informa que algunas actuaciones provienen desde el año 2024.
Entonces surge una pregunta inevitable.
Si desde esa época existía conocimiento institucional de una amenaza, ¿por qué la respuesta integral llega solamente ahora?
En materia de protección de derechos fundamentales, el tiempo no es un detalle administrativo.
Puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.
La jurisprudencia constitucional colombiana ha sido reiterativa en señalar que cuando existe un riesgo extraordinario para una persona, las autoridades deben actuar bajo los principios de prevención, oportunidad, coordinación y eficacia.
No basta con afirmar que una ruta fue activada.
Debe demostrarse cuándo comenzó, cuáles autoridades intervinieron, qué decisiones se adoptaron y qué resultados produjo.
Ese es precisamente uno de los grandes vacíos que deja la respuesta oficial.
No aparecen las evaluaciones de riesgo.
No se identifican las medidas específicas de protección.
No se informa si existieron recomendaciones concretas para el ejercicio de mis funciones docentes.
No se explica cuál debía ser mi comportamiento frente a una amenaza que seguía vigente.
¿Debía continuar asistiendo normalmente a clases?
¿Solicitar una comisión?
¿Pedir traslado temporal?
¿Suspender actividades?
¿Esperar instrucciones?
Ninguna de esas preguntas fue respondida.
Y cuando las instituciones guardan silencio frente al procedimiento que debe seguir un servidor público amenazado, terminan trasladándole toda la responsabilidad sobre decisiones que deberían estar claramente orientadas por la administración.
No se trata de exigir privilegios. Se trata de exigir el cumplimiento de obligaciones constitucionales.
La Ley 1952 de 2019 —Código General Disciplinario— recuerda que los servidores públicos tienen el deber de cumplir diligentemente las funciones propias de su cargo y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando sus competencias así lo exijan.
Si una autoridad conoce una amenaza seria y no adopta oportunamente las medidas necesarias dentro de su ámbito de competencia, esa actuación puede dar lugar a investigaciones por presuntas omisiones disciplinarias o administrativas, dependiendo de lo que se establezca en cada caso por las autoridades competentes. Corresponde a los órganos de control determinar si existió o no responsabilidad, no a una columna de opinión.
Esta reflexión no busca confrontar a ninguna institución.
Busca recordar que detrás de cada expediente existe una persona. Detrás de cada oficio existe una familia. Detrás de cada amenaza existe un proyecto de vida.
Los periodistas y los docentes ejercemos dos de las funciones más sensibles para una democracia: informar y formar.
Cuando cualquiera de esas actividades se desarrolla bajo amenazas, no solamente está en riesgo quien las ejerce.
También se debilitan la libertad de expresión, el derecho a la información, la educación y la democracia misma. Todavía estamos a tiempo de corregir. Todavía es posible pasar de los oficios a las acciones.
Porque la Constitución no fue escrita para llenar expedientes. Fue escrita para proteger vidas.
Y esa obligación, en un Estado Social de Derecho, nunca puede aplazarse.
