A raíz de un pronunciamiento de un alto funcionario del gobierno nacional se ha suscitado un diálogo o debate sobre el término CAMPESINO. De acuerdo a este ministro se debe denominar EMPRESARIO RURAL O DE CAMPO. Definitivamente nos encontramos con palabras que no solamente nombran: también cuentan historias. Y otras palabras que, cuando se pronuncian con desprecio, terminan convirtiéndose injustamente en estigmas. Por eso resulta pertinente preguntarnos: ¿qué es más digno, llamar a alguien campesino o pequeño empresario del campo?
Mi respuesta es sencilla: ninguna expresión es más digna que la otra. Lo verdaderamente digno es el trabajo de quien hace producir la tierra.
Campesino no es una palabra menor. No es sinónimo de ignorancia, pobreza ni atraso. Campesino es quien tiene una relación profunda con la tierra, conoce sus ciclos, interpreta el clima, siembra, cultiva, cosecha y contribuye a poner los alimentos en nuestra mesa. Es una palabra cargada de historia, cultura, territorio y memoria.
Durante generaciones, nuestros campesinos han sostenido al país sin reclamar honores. Han madrugado cuando otros todavía duermen; han enfrentado lluvias, sequías, heladas, intermediarios, carreteras deficientes y mercados inciertos. Y, pese a todo, han seguido sembrando.
Pero también es cierto que el campo colombiano ha cambiado. Hoy existen hombres y mujeres que, además de trabajar la tierra, administran unidades productivas, invierten recursos, incorporan tecnología, contratan trabajadores, buscan mercados, comercializan sus productos y asumen los riesgos propios de cualquier actividad económica. En ese contexto, pequeño empresario del campo puede ser una denominación perfectamente válida.
El problema aparece cuando creemos que debemos abandonar una palabra para dignificar a quien la representa.
¿Desde cuándo ser empresario es más honorable que ser campesino? ¿Desde cuándo administrar una hectárea con criterios empresariales hace superior a quien durante toda su vida ha cultivado esa misma tierra con sus propias manos?
Podemos ser más precisos: alguien puede ser campesino por identidad, productor agropecuario por actividad económica y pequeño empresario rural por la forma como organiza su producción. Las tres condiciones pueden convivir sin contradicción.
Quizás productor agropecuario sea una expresión técnicamente más neutra. Pero tampoco deberíamos convertir la neutralidad administrativa en una forma de borrar identidades.
En Nariño conocemos perfectamente esta realidad. Nuestro campo no cabe en una sola definición. Está el campesino que cultiva papa, el productor de leche, el cafetero, el pequeño ganadero, el cultivador de hortalizas, el emprendedor que transforma alimentos y aquel que ha convertido su parcela en una verdadera unidad empresarial. Todos merecen respeto.
Lo que no podemos aceptar es que la palabra campesino sea utilizada como una categoría de inferioridad social. Y tampoco sería justo utilizar la palabra empresario como una especie de ascenso en la escala humana. Porque la dignidad no la entrega un diccionario.
La dignidad está en levantarse temprano, trabajar honestamente, alimentar una familia, producir riqueza, cuidar la tierra y contribuir al bienestar colectivo.
El campesino no necesita que le cambiemos el nombre para reconocer su grandeza.
Necesita vías, asistencia técnica, crédito, tecnología, comercialización justa, educación rural, seguridad y oportunidades. Necesita que el Estado y la sociedad dejen de hablar del campo solamente en los discursos y comiencen a reconocerlo en los presupuestos, en las políticas públicas y en los precios que reciben quienes producen nuestros alimentos.
No hay palabras grandes ni pequeñas cuando se pronuncian con respeto.
Campesino. Productor. Empresario rural. Tres palabras distintas. Una misma dignidad.
Y quizá la verdadera discusión no debería ser cómo llamamos a quien trabaja la tierra, sino cómo conseguimos que vivir de ella vuelva a ser una de las actividades más respetadas, sostenibles y dignas de Colombia.
Porque un país que desprecia a sus campesinos termina despreciando la tierra que lo alimenta.
Y eso, más que un problema de palabras, sería una verdadera pobreza de espíritu.
Hay, además, una consideración que no podemos pasar por alto. Hablar de pequeño empresario del campo o productor rural puede contribuir a una nueva mirada sobre sus derechos económicos, sociales y laborales. No porque la palabra “campesino” carezca de dignidad, sino porque las realidades del campo han cambiado. Muchos de quienes ayer sembraban con herramientas rudimentarias hoy utilizan tecnología, acceden a información de mercados, manejan sistemas de riego, incorporan maquinaria, estudian costos, comercializan directamente, utilizan plataformas digitales, buscan nuevos mercados y administran sus parcelas como verdaderas unidades productivas. El campesino de hoy, en muchos casos, ya dio el salto hacia una nueva condición: la de productor rural y pequeño empresario del campo. Y reconocer esa transformación significa también abrir la puerta a nuevas garantías, mejores condiciones laborales, acceso al crédito, seguridad social, capacitación, asistencia técnica, innovación y políticas públicas acordes con la realidad contemporánea.
Por eso debemos cuidarnos de ciertos discursos populistas que pretenden reducir la defensa del campesinado a una fotografía, un video en redes sociales o la exhibición de algunos productos de la tierra. Eso puede ser emotivo, pero no necesariamente transforma una realidad. Defender al campesino no es solamente mostrar la papa, la yuca, la zanahoria o la remolacha; es defender al ser humano que las produce y reconocerle plenamente sus derechos. Es entender que el campo no puede seguir siendo observado con una mirada romántica, paternalista o asistencialista. Necesitamos una mirada moderna, constitucional, económica y social. El productor rural debe ser sujeto de derechos, de oportunidades y de políticas públicas; alguien capaz de generar riqueza, empleo, alimentos y desarrollo.
Los populistas, en ocasiones, parecen querer pescar en río revuelto: convierten una discusión necesaria sobre la dignidad del campo en una batalla de etiquetas. Pero el debate verdadero es otro. No se trata de quitarle al campesino su nombre, su historia ni su identidad; se trata de reconocer que su realidad ha evolucionado y que el Estado también debe evolucionar en su manera de protegerlo y promoverlo. Colombia necesita nuevas leyes, mejores reglamentaciones y políticas públicas que comprendan al productor rural del siglo XXI. Un productor con derechos, con conocimiento, con tecnología, con capacidad empresarial y, sobre todo, con una dignidad que no puede seguir dependiendo de la condescendencia de quienes dicen defenderlo. Dignificar el campo no es hablar por el campesino: es reconocerlo como protagonista de su propio desarrollo.
