Por Tirso Benavides Benavides
Donald Trump decidió que CNN, MS NOW y Político no podían seguir entrando a la Casa Blanca. No ordenó corregir una información falsa, no controvirtió una investigación concreta ni acudió ante un juez. Simplemente calificó a esos medios como fabricantes de mentiras y les cerró la puerta. La respuesta fue tan inusual como necesaria. Las cadenas que integran el pool audiovisual de la Casa Blanca, ABC, CBS, CNN, NBC y hasta Fox News, suspendieron durante la jornada del lunes la cobertura compartida de los actos presidenciales. No dejaron de informar sobre Trump, se negaron a aceptar que el Gobierno escogiera cuál periodista podía cubrirlo y cuál debía quedarse en la calle.
Trump desestimó la protesta como un boicot que, según él, nunca llegó a afectarlo. La Casa Blanca, mientras tanto, estrenó Trump TV, una transmisión permanente por YouTube dedicada a reproducir discursos, anuncios y momentos cuidadosamente seleccionados de la administración.
La fórmula es sencilla: si la prensa pregunta demasiado, se la reemplaza por propaganda. Un canal oficial puede transmitir al presidente, pero no puede interrogarlo. Puede mostrar su versión, pero no contrastarla. Puede repetir sus éxitos, pero difícilmente investigará sus fracasos. Algo así como la RTVC de Petro.
Esta disputa no es solamente entre un gobernante y unos periodistas. Quien realmente pierde cuando se expulsa a la prensa es el ciudadano. Cada periodista al que se le cierra una puerta representa preguntas que el público deja de escuchar. A los líderes con vocación autoritaria siempre les ha molestado la prensa crítica. Primero califican las preguntas como hostiles; después dividen a los periodistas entre amigos y enemigos; finalmente intentan convertir la información pública en un premio para los obedientes.
En Colombia conocemos esa historia. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el edificio de El Tiempo fue militarizado y el periódico clausurado. La censura moderna no necesita siempre soldados en la puerta. Puede operar mediante acreditaciones, pauta, llamadas a los propietarios, contratos que terminan sorpresivamente o ruedas de prensa en las que nadie puede preguntar. La historia no se repite con el mismo uniforme, ahora suele llegar vestida de estrategia de comunicaciones.
El historiador Timothy Snyder lo resumió en una frase: “Abandonar los hechos es abandonar la libertad”. Cuando ya no existe una realidad común, el poderoso no tiene que demostrar que dice la verdad. Le basta con desacreditar a quien lo contradice.
En Colombia, Abelardo de la Espriella parece seguir el libreto de Trump con la disciplina de un alumno aplicado. Durante la campaña ya había periodistas a quienes no concedía entrevistas. La FLIP recogió denuncias según las cuales su equipo no atendía las solicitudes de determinados medios y el candidato pretendía conocer previamente las preguntas de algunas ruedas de prensa.
Después llegó a la Presidencia y trasladó esa lógica de campaña al Estado. Las primeras instrucciones conocidas hablaban de entrevistas reservadas para temas estratégicos y “medios amigos”. La Directiva Presidencial 01 eliminó esa expresión, pero mantuvo la obligación de consultar y coordinar previamente con la Casa de Nariño las entrevistas y declaraciones de ministros y altos funcionarios. Coordinar las comunicaciones de un gobierno es legítimo. Decidir quién puede acceder a información pública según su cercanía, su línea editorial o la comodidad de sus preguntas no lo es.
Luego vinieron los zarpazos.
El programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio fue cancelado después de ocho años. Su equipo terminó la última emisión sin saber que no regresaría al aire y sin oportunidad de despedirse. Una semana después, RCN Televisión canceló el contrato de Vladdo, luego de que el caricaturista difundiera una imagen crítica del presidente caminando entre cadáveres.
No existe, hasta ahora, un documento público en el que Abelardo de la Espriella ordene esos despidos. Afirmarlo como hecho probado sería actuar con el mismo desprecio por la verdad que se le critica al poder. Pero tampoco es honesto fingir que no existen indicios. Está el historial de enfrentamientos del hoy presidente con Camila Zuluaga. Está la denuncia de la periodista sobre el bloqueo de entrevistas durante la campaña. Está lo que ella misma dijo a su equipo al conocer la cancelación: que sentía que el Gobierno había pedido su cabeza. Está la versión de Ana Cristina Restrepo, para quien el programa resultaba incómodo al presidente. Está la explicación empresarial sobre dificultades de audiencia y pauta, aunque Restrepo afirmó que nunca les mostraron las cifras que la respaldaban. Está la preocupación reportada dentro del Grupo Santo Domingo por la mala relación de sus medios con el nuevo Gobierno. Y está la salida de Vladdo inmediatamente después de una caricatura que incomodó al poder.
Son indicios verificables. No constituyen por sí solos una prueba plena de una orden presidencial, pero forman una secuencia demasiado coherente para despacharla como simple casualidad. Por eso la FLIP pidió esclarecer los posibles vínculos entre estas decisiones editoriales y las presiones del poder político.
Los medios privados tienen derecho a modificar sus parrillas y terminar contratos. También tienen una responsabilidad democrática. Cuando las decisiones empresariales coinciden con hostilidades públicas del Gobierno, las explicaciones no pueden reducirse a un lacónico “razones administrativas”. Si fueron la audiencia y la pauta, corresponde mostrar los datos. El silencio puede proteger una relación comercial, pero lesiona la credibilidad del periodismo.
Escribo esto con tranquilidad porque en Página 10 existe total libertad para expresar ideas. Nunca me han pedido averiguar primero a quién puede incomodar una columna ni me han exigido reemplazar una crítica por una reverencia. Eso no debería ser un privilegio para agradecer, sino la normalidad de cualquier medio que se tome en serio su oficio.
El derecho que está en juego se encuentra claramente protegido. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial y prohíbe la censura. El artículo 74 reconoce el derecho a acceder a los documentos públicos. La Ley 1712 de 2014 convirtió la publicidad en regla y la reserva en excepción. En el ámbito internacional, el artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones. En el caso Claude Reyes contra Chile, la Corte Interamericana reconoció que esa garantía comprende el acceso a la información que se encuentra bajo el control del Estado. La misma Corte dejó una advertencia imposible de mejorar: “Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Por eso un Gobierno puede escoger a sus voceros, pero no a sus interrogadores. Puede organizar sus mensajes, pero no convertir las fuentes oficiales en un club reservado para periodistas amigos. La información pública no pertenece al presidente, a sus ministros ni a su partido. Pertenece a los ciudadanos.
La censura más eficaz no siempre necesita una prohibición escrita. A veces basta con el miedo. Si un periodista aprende que una pregunta incómoda puede costarle el acceso a una fuente, la pregunta empieza a suavizarse. Si además puede costarle el empleo, tal vez nunca llegue a formularla. El censor termina instalado dentro de la redacción, sentado como un fantasma junto al periodista, recordándole la hipoteca, el mercado y la matrícula de los hijos.
Ese es el triunfo de la autocensura: el poder ya no necesita ordenar silencio porque el miedo se encarga de administrarlo.
Los periodistas se equivocan. Los medios tienen sesgos, intereses económicos y responsabilidades que deben asumir. Trump y De la Espriella tienen derecho a criticarlos, exigir rectificaciones y acudir a los jueces cuando consideren vulnerados sus derechos. Lo que no pueden hacer es usar el poder estatal para premiar la docilidad, castigar la crítica o decidir qué preguntas merecen existir.
El juez estadounidense Hugo Black escribió que “la prensa debía servir a los gobernados, no a los gobernantes”. Esa sigue siendo su función esencial. Una prensa libre no es un adorno de la democracia ni una concesión generosa del mandatario. Es uno de sus controles.
El Tigre puede rodearse de espejos que le devuelvan la imagen que desea. El país, en cambio, necesita ventanas. El zarpazo contra un periodista no termina en su contrato. Alcanza al oyente que pierde una voz, al televidente que deja de escuchar una pregunta y al ciudadano que recibe propaganda donde antes encontraba contraste.
Las democracias no se apagan únicamente mediante golpes de Estado. También se oscurecen con ruedas de prensa sin preguntas, fuentes reservadas para amigos y contratos que desaparecen detrás de eufemismos administrativos.
El poder puede escoger su vocero. Pero nunca escoger quié
