La Resolución 346 del 28 de agosto pone fin al proceso de diálogo que había avanzado principalmente en Nariño y Putumayo. Para el departamento, la decisión no significa únicamente el cierre de una negociación heredada del Gobierno Petro: abre una discusión más profunda sobre qué hacer con los avances territoriales alcanzados, cómo evitar nuevos vacíos de poder y cuál debe ser la posición de Nariño frente a un Gobierno nacional que empieza a sustituir la lógica de negociación por una estrategia de autoridad, seguridad y sometimiento a la justicia.
Durante años, Nariño fue uno de los lugares donde Colombia intentó demostrar que la guerra podía desescalarse hablando. Ahora, en cuestión de cuatro páginas, ese escenario empieza a cambiar.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el 28 de agosto la Resolución 346 de 2026, mediante la cual dio por terminada oficialmente la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB.
La razón consignada por el Gobierno es contundente: “ausencia de voluntad de paz”.
La resolución sostiene que, pese a la instalación de la mesa, distintos acontecimientos terminaron debilitando las conversaciones y que ya no fue posible continuar acreditando una voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil por parte de la organización. En consecuencia, el artículo primero ordena terminar el proceso y el tercero deroga las resoluciones que habían autorizado y posteriormente redefinido la negociación.
La decisión hace parte de un movimiento más amplio del nuevo Gobierno. El mismo 28 de agosto fueron desmontados otros espacios de negociación heredados de la denominada Paz Total, incluidos procesos relacionados con las estructuras de alias ‘Calarcá’ y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Además, mediante decisiones complementarias, el Ejecutivo retiró reconocimientos a representantes de organizaciones armadas y a integrantes de las delegaciones oficiales
Para Colombia representa un cambio de política.
Para Nariño, puede representar algo más complejo: el final de una estrategia territorial que había llegado mucho más lejos aquí que en buena parte del país.
Un proceso que tenía buena parte de su laboratorio en Nariño
La historia de la CNEB está directamente relacionada con el suroccidente colombiano.
El proceso comenzó formalmente en junio de 2024 con la entonces Segunda Marquetalia. Después de la separación de varias de sus estructuras, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera continuaron bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La agenda incluyó sustitución de economías ilícitas, seguridad territorial, reconocimiento a las víctimas, reincorporación y mecanismos de verificación. Según la Consejería Comisionada de Paz, las llamadas Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal comenzaron a proyectarse precisamente para Nariño y Putumayo.
En febrero de este año, las delegaciones acordaron incluso realizar el séptimo ciclo de conversaciones en Nariño para trabajar asuntos como paz territorial, tránsito hacia economías legales, seguridad, víctimas y solución jurídica para los combatientes.
No se trataba, por tanto, de una mesa distante reunida exclusivamente en Bogotá.
Parte sustancial del proceso estaba conectada con territorios nariñenses donde durante décadas han coincidido cultivos ilícitos, corredores de narcotráfico, organizaciones armadas, comunidades étnicas, baja capacidad institucional y una presencia estatal desigual.
También había señales contradictorias.
En abril, la propia mesa reconoció hechos graves ocurridos en Nariño, entre ellos la muerte de tres soldados en Ipiales, y la CNEB asumió compromisos de no desarrollar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.
Y ya durante el nuevo Gobierno, el Ejército informó el 7 de agosto del sometimiento a la justicia de integrantes de esa organización en zona rural de Tumaco y la recuperación de dos menores de edad. La Fuerza Pública presentó el hecho como resultado de operaciones militares y no como producto de la negociación colectiva.
Ese detalle anticipaba el cambio de paradigma.
Ni romantizar el diálogo ni convertir la seguridad en una consigna
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella también cobra especial relevancia frente a una discusión que este medio ha venido planteando sobre el futuro de la paz territorial.
En una reciente columna de opinión, Mario Cepeda, director de nuestro medio, sostuvo que el ciclo histórico de los procesos de paz, tal como fueron concebidos durante las últimas décadas, parece estar llegando a su fin y que Nariño necesita construir una posición propia frente a la nueva realidad de seguridad del país.
Cepeda parte de una constatación histórica: durante décadas el departamento desarrolló una cultura política favorable al diálogo territorial, con agendas regionales de paz, laboratorios de convivencia y alternativas a las estrategias exclusivamente militares. Sin embargo, advierte que ese modelo también debe ser evaluado críticamente ante los cambios del conflicto y el fortalecimiento de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Uno de los principales planteamientos de su columna es la necesidad de distinguir entre paz territorial y gobernanza criminal. Aunque ambos escenarios pueden reflejar disminuciones en homicidios, secuestros o atentados, la diferencia fundamental radica en quién ejerce realmente la autoridad: el Estado o una organización armada ilegal.
Desde esa perspectiva, la posición que propone el director de Página 10 para Nariño busca superar la falsa dicotomía entre paz y seguridad. La fórmula pasa por fortalecer la presencia estatal, mejorar la capacidad institucional de los municipios, enfrentar las economías ilegales, garantizar seguridad con enfoque de derechos humanos y preservar el monopolio legítimo de la fuerza en cabeza del Estado.
La decisión presidencial de terminar la mesa con la CNEB convierte esa discusión en un asunto inmediato. Ya no se trata solamente de debatir si continúan o no los procesos de paz, sino de definir qué modelo de seguridad territorial debe defender Nariño en el nuevo escenario nacional.
La tesis de Cepeda puede resumirse en una idea que adquiere especial vigencia después de la Resolución 346: la paz sin autoridad estatal es frágil y la seguridad sin legitimidad democrática es insostenible.
Por eso, el reto para el departamento no debería ser alinearse automáticamente con la defensa de la Paz Total ni asumir sin discusión una política exclusivamente coercitiva. La apuesta de Nariño tendría que ser propia: preservar los avances que hayan protegido vidas, recuperar plenamente la institucionalidad en los territorios y construir una seguridad capaz de enfrentar las economías criminales sin renunciar a los derechos humanos.
