Pablo Emilio Obando A.
Considero que en política, gobernar o legislar no consiste solamente en tener buenas intenciones; también significa responder por las decisiones que se toman en nombre de los ciudadanos.
Es válido recordar que “El Libro de la Verdad, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pone en el centro de la atención pública un hallazgo que exige explicaciones y acciones concretas: el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, habría comprometido recursos por $1,7 billones sin dejar registro de obligaciones ni pagos formales, mientras realizaba traslados de fondos sin actos administrativos que los respaldaran”.
Pero desde los inicios de su proceso de liquidación la opinión pública ya conocía de actos presuntamente irregulares y de un fuerte y grave impacto en la economía del país. Grandes titulares de prensa recogieron los señalamientos de diversos sectores relacionados con derroches, despilfarros, burocracia y clientelismo de este ministerio.
Érick Velasco, representante por Nariño, fue uno de los congresistas que apareció formalmente como coautor de la iniciativa que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad.
La iniciativa terminó convertida en la Ley 2281 de 2023 y creó una nueva estructura ministerial con funciones, órganos, personal y presupuesto propios.
Hasta aquí, podría decirse que se trataba de una decisión política legítima: crear una institución destinada a combatir desigualdades y atender poblaciones históricamente excluidas.
Pero la historia tuvo un desenlace que ningún legislador responsable debería ignorar.
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 porque durante su trámite no se cumplió adecuadamente con el análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003.
La Corte fue particularmente clara: al crear un nuevo Ministerio se generaban gastos adicionales de funcionamiento y personal, razón por la cual era obligatorio establecer el costo fiscal, la fuente de financiación y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y aquello no ocurrió con el rigor exigido.
El Gobierno había sostenido, de manera general, que la creación del Ministerio se realizaría dentro de una política de austeridad, pero no presentó durante el trámite los elementos básicos que permitieran al Congreso valorar seriamente su impacto fiscal.
Aquí comienza la responsabilidad política que corresponde preguntar a Érick Velasco.
No estoy hablando de responsabilidad penal, disciplinaria ni de una condena personal: la Corte no lo declaró responsable individualmente de la inexequibilidad.
Estoy hablando de algo distinto y profundamente democrático: la responsabilidad política de quienes promovieron una decisión legislativa que terminó siendo expulsada del ordenamiento jurídico por un vicio de procedimiento relacionado precisamente con la responsabilidad fiscal.
¿Qué evaluación hizo Érick Velasco antes de respaldar la creación de ese nuevo Ministerio?
¿Qué estudio de impacto fiscal conoció antes de convertirse en uno de sus autores?
¿Qué costo estimó que tendría para el Estado colombiano?
¿Qué resultados concretos esperaba obtener con semejante estructura institucional?
¿Qué indicadores estableció para medir si el Ministerio realmente estaba produciendo igualdad y equidad?
¿Cuánto dinero público terminó comprometiéndose en su funcionamiento, programas, personal y contratación?
¿Cuántos funcionarios tuvo, cuántos contratos celebró y cuánto ejecutó realmente?
Y, sobre todo, ¿qué resultados concretos puede mostrar hoy esa institución en departamentos como Nariño?
No son preguntas malintencionadas; son preguntas elementales que deberían formularse a cualquier servidor público que aspire a gobernar. Y que formularemos a los candidatos a gobernación de Nariño y alcaldía municipal de Pasto. Un imperativo periodístico y ciudadano.
La propia entidad reconoce que la Corte declaró inexequible la Ley 2281 y que se le concedieron dos legislaturas para corregir el trámite o reasignar las funciones a otras instituciones.
La Corte no ordenó una desaparición inmediata porque consideró que ello podía afectar derechos y políticas dirigidas a poblaciones de especial protección constitucional.
Por eso los efectos de la inexequibilidad fueron diferidos durante dos legislaturas: 2024-2025 y 2025-2026. Concluido ese período, la Ley 2281 dejó definitivamente de producir efectos.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto costó crear el Ministerio.
La pregunta más profunda es si la magnitud de esa estructura burocrática estuvo realmente justificada por sus resultados, su impacto social y su sostenibilidad fiscal.
Porque combatir la desigualdad es una obligación del Estado; pero combatirla mediante instituciones eficaces, sostenibles y fiscalmente responsables también lo es.
Y aquí aparece un hecho que hace todavía más necesaria la discusión: después de la sentencia de la Corte, volvió al Congreso una iniciativa destinada a garantizar la continuidad del Ministerio, precisamente para “subsanar” las deficiencias señaladas por el alto tribunal.
Por eso la pregunta para Érick Velasco adquiere una dimensión mayor: ¿qué aprendió de aquel episodio?
¿Reconoce hoy que faltó una discusión fiscal suficientemente rigurosa antes de aprobarse la primera ley?
¿Considera que la creación del Ministerio, tal como fue concebida inicialmente, fue una decisión acertada?
¿Está dispuesto a explicar públicamente cuánto costó, qué produjo y qué resultados verificables dejó?
Y existe una pregunta todavía más incómoda para un hombre que pueda aspirar a gobernar Nariño: ¿puede quien participó en una decisión de semejante trascendencia demostrar que aprendió de sus errores y que está preparado para administrar responsablemente los escasos recursos de un departamento con tantas necesidades?
Nariño no necesita gobernantes que solamente sepan construir discursos; necesita dirigentes capaces de convertir recursos limitados en resultados, prioridades en obras y promesas en realidades.
Porque administrar un departamento como Nariño exige mucho más que voluntad política: exige planeación, rigor fiscal, conocimiento territorial, capacidad administrativa y rendición permanente de cuentas.
Érick Velasco tiene todo el derecho a defender su actuación y explicar las razones que lo llevaron a respaldar aquella iniciativa.
Pero los nariñenses también tenemos el derecho de preguntar, de revisar su trayectoria y de exigir respuestas antes de entregar nuevamente poder político.
La verdadera igualdad comienza también por tratar al ciudadano como un ciudadano adulto, capaz de preguntar cuánto cuesta una decisión pública, qué resultados produce y quién responde cuando fracasa.
La política no puede consistir en inaugurar instituciones, producir discursos y después esconder los resultados detrás de la responsabilidad colectiva.
Quien participa en las grandes decisiones del Estado debe estar dispuesto a defenderlas cuando funcionan, pero también a reconocerlas cuando se equivocan.
Érick Velasco tiene hoy una oportunidad democrática extraordinaria: explicar sin evasivas qué ocurrió con el Ministerio que ayudó a crear y qué lecciones obtuvo de aquel episodio.
Porque Nariño no necesita repetir experimentos políticos ni elegir por simpatías, consignas o fotografías; necesita escoger dirigentes capaces de demostrar, antes de gobernar, que saben administrar, evaluar, corregir y responder.
La pregunta queda abierta, entonces, para Érick Velasco y para todos los nariñenses: ¿quién responde por las pesimas y onerosas decisiones que se toman cuando se tiene el poder de decidir?
