La decisión del presidente Abelardo De la Espriella de hacer efectivas las extradiciones de cinco integrantes de estructuras armadas marca una ruptura con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Para Nariño el anuncio tiene especial significado: dos de los nombres involucrados, alias “HH” y alias “Araña”, estuvieron vinculados a procesos de diálogo que tuvieron al departamento como uno de sus principales escenarios.
El presidente Abelardo De la Espriella ordenó hacer efectiva la extradición hacia Estados Unidos de cinco integrantes de estructuras armadas cuyos procedimientos habían quedado suspendidos durante el gobierno de Gustavo Petro por su participación en distintos escenarios de diálogo de la política de paz total.
La decisión cobija a Willinton Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”; y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, quienes se encuentran capturados. También fueron autorizadas las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, que deberán materializarse una vez sean ubicados y capturados. Los cinco son requeridos por autoridades estadounidenses.
El mandatario presentó la determinación como parte de un cambio de orientación frente a la política de paz de su antecesor. De la Espriella sostuvo que la participación en diálogos no puede convertirse en una protección frente a la justicia y anunció que su Gobierno privilegiará una política sustentada en seguridad, legalidad y autoridad estatal.
Nariño, en el centro de la decisión
Aunque la medida involucra estructuras de diferentes regiones del país, Nariño tiene una relación particular con este anuncio.
Dos nombres resultan fundamentales: Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, jefe de Comuneros del Sur, y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, de los Comandos de la Frontera.
Ambos estuvieron relacionados con procesos de paz desarrollados durante el gobierno Petro y tuvieron incidencia en la experiencia que convirtió a Nariño en uno de los principales laboratorios territoriales de la paz total.
El caso de HH es especialmente significativo para el departamento. Comuneros del Sur surgió de la estructura del ELN que operaba en Nariño y posteriormente se apartó de la dirección nacional de esa guerrilla para continuar un proceso territorial de diálogo con el Gobierno.
Durante el gobierno Petro, la extradición de HH llegó a convertirse en uno de los puntos más delicados para la continuidad de ese proceso. El Ejecutivo decidió suspender su entrega a Estados Unidos mientras realizara “aportes verificables y resultados concretos” en la construcción de paz.
La discusión dividió posiciones en Nariño. Mientras el gobernador Luis Alfonso Escobar pidió en 2025 que la decisión sobre la extradición tuviera en consideración lo que estaba ocurriendo en el territorio y la posibilidad de culminar el proceso con Comuneros del Sur, otros dirigentes señalaron que los avances de una negociación no podían utilizarse para evadir responsabilidades judiciales.
Ahora el escenario cambió completamente: De la Espriella ordenó que HH sea extraditado una vez sea capturado.
El caso de “Araña”
El segundo nombre estrechamente relacionado con las negociaciones que impactaron a Nariño es el de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, señalado como uno de los jefes de los Comandos de la Frontera con presencia en Putumayo y Nariño, y vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Araña fue capturado en febrero de 2025 en Bogotá por una solicitud de Estados Unidos relacionada con narcotráfico, pese a su condición de delegado en las conversaciones con el Gobierno. Su detención generó entonces incertidumbre sobre la continuidad de la negociación.
A diferencia de HH, Araña sí se encuentra actualmente bajo custodia, por lo que la decisión presidencial abre el camino para hacer efectiva su entrega a Estados Unidos.
Un giro frente al modelo de Petro
La determinación tiene entonces un alcance mayor que la extradición de cinco personas.
Representa uno de los primeros quiebres concretos entre la política de paz de Gustavo Petro y la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno.
Durante la administración Petro, la suspensión de determinadas extradiciones funcionó como instrumento para mantener a algunos jefes armados dentro de procesos de negociación, bajo la expectativa de obtener resultados verificables de paz. En el caso de Nariño, esa discusión fue especialmente visible alrededor de HH y Araña.
De la Espriella adopta ahora el criterio contrario: pertenecer o haber pertenecido a un proceso de diálogo no será suficiente para detener una extradición.
Para Nariño, la decisión tendrá especial relevancia porque el departamento fue precisamente uno de los territorios donde la paz total consiguió mantener procesos territoriales cuando otras negociaciones nacionales atravesaban profundas crisis.
La extradición de Araña y la orden de capturar y posteriormente extraditar a HH plantean ahora una pregunta de fondo para el departamento: ¿qué ocurrirá con los avances, compromisos y procesos territoriales construidos durante los últimos años?
La respuesta será determinante para establecer si Nariño entra definitivamente en una nueva etapa, en la que la negociación territorial deja de ser el eje de la política frente a los grupos armados y la seguridad y el sometimiento a la justicia pasan a ocupar el centro de la estrategia del Estado.
