Un paso importante para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua en Ipiales se dio con la aprobación, en primer debate, de la autorización al gobernador de Nariño para comprometer vigencias futuras destinadas a la construcción de una nueva bocatoma que beneficiaría a Ipiales y Carlosama.
El diputado Milton Guamanzar informó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión Primera o de Plan de Desarrollo de la Asamblea Departamental de Nariño, conformada por seis diputados y una diputada.
Según explicó, la nueva bocatoma daría inicio a la construcción de un nuevo acueducto regional, planteado como una alternativa para mitigar y avanzar en la solución de los problemas de suministro de agua que enfrenta Ipiales.
Más de $21.500 millones para el primer paso
Los recursos contemplados se distribuyen entre dos vigencias. Para 2026 se aprobaron $3.500 millones, mientras que para 2027 se comprometerían poco más de $18.000 millones, para una inversión inicial superior a los $21.500 millones.
Guamanzar señaló que estos recursos representan apenas el primer paso y que serán necesarias nuevas inversiones para alcanzar una solución integral a la crisis del agua.
La ejecución estará a cargo de la Gobernación de Nariño, a través del Plan Departamental de Aguas (PDA). El proyecto se plantea bajo la modalidad conocida como “llave en mano”, que, de acuerdo con lo explicado por el diputado, integraría en una sola contratación los componentes necesarios para desarrollar el proyecto.
Durante el primer debate hicieron presencia representantes de la veeduría ciudadana, el comité del paro, concejales y la administración municipal, sectores que han acompañado la discusión alrededor del abastecimiento de agua en Ipiales.
Consulta previa con comunidades indígenas, una fase fundamental
La aprobación de los recursos no significa que las obras puedan comenzar inmediatamente. Guamanzar advirtió que el proyecto deberá superar diferentes etapas, entre ellas la relacionada con la consulta previa con las comunidades indígenas, particularmente por la incidencia territorial que tendría la iniciativa en Carlosama y Cumbal.
“Sabemos que debemos concentrarnos en el tema de consulta previa con las comunidades indígenas”, manifestó el diputado.
Este proceso adquiere especial importancia teniendo en cuenta que la nueva bocatoma estaría ubicada sobre el río Blanco, en jurisdicción del municipio de Carlosama, antes del punto donde el río Chiquito descarga aguas no tratadas.
Por ello, además de asegurar los recursos y adelantar los estudios y obras correspondientes, el proyecto deberá avanzar en los procedimientos de participación y concertación que correspondan con las comunidades indígenas involucradas.
Guamanzar pide que la empresa continúe siendo 100 % pública
El diputado también vinculó el avance de las inversiones con otro de los reclamos que se han presentado alrededor de la crisis del agua en Ipiales: evitar la privatización de la empresa encargada de la prestación del servicio.
Guamanzar aseguró que se mantiene a la espera de un compromiso del alcalde para garantizar que, después de las inversiones previstas, la empresa continúe siendo 100 % pública.
“Los ipialeños queremos que siga siendo 100 % pública”, afirmó, al señalar que las diferentes protestas y exigencias realizadas por la comunidad también han estado encaminadas a defender este propósito.
De esta manera, el debate sobre el futuro del agua en Ipiales no se limita a la construcción de infraestructura. A la inversión inicial de cerca de $22.000 millones se suman dos asuntos que serán determinantes en las siguientes etapas: garantizar la consulta previa con las comunidades indígenas y definir el futuro del carácter público de la empresa prestadora del servicio.
La ordenanza deberá continuar ahora su trámite en la Asamblea Departamental para que la autorización de las vigencias futuras pueda quedar definitivamente aprobada.
