La decisión llegó en frío, en forma de resolución, pero su efecto fue inmediato: volvió a encender el debate sobre los alcances de la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro en uno de los territorios donde el crimen organizado ha moldeado durante años la vida cotidiana. La Fiscalía General de la Nación suspendió por seis meses las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, todos vinculados al espacio de conversación sociojurídico que el Gobierno sostiene con esas organizaciones. Según reportes coincidentes, la medida fue formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, tras una solicitud presentada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
La suspensión cobija a 16 voceros que permanecen recluidos en la cárcel de Itagüí y a otros 7 que ya cumplieron sus condenas. Su alcance territorial no es nacional: aplica en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, y no opera en casos de flagrancia. Además, distintos reportes señalan que la medida busca facilitar su participación en los diálogos y en la construcción de un eventual acuerdo condicionado de paz urbana, no ordenar su liberación automática de prisión.
El anuncio removió un episodio que Medellín todavía no termina de digerir. Nueve de los beneficiados por la suspensión estuvieron en la recordada tarima de La Alpujarra con el presidente Petro en junio de 2025, en un acto que ya entonces había generado fuertes cuestionamientos. Entre ellos figuran alias “Douglas”, “Carlos Pesebre”, “Tom”, “Juan 23”, “El Tigre”, “Albert”, “El Indio”, “El Saya” y “Vallejo”, todos mencionados en la discusión pública sobre la paz urbana en Antioquia.
La reacción política fue fulminante. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la decisión como “un insulto a las víctimas y a Medellín” y acusó al Gobierno Petro de actuar de la mano con estructuras criminales. En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a la fiscal general reversar la medida y advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad y para el ambiente electoral.
Pero más allá del choque entre el petrismo y sus opositores, el fondo del asunto vuelve a ser el mismo: qué tan real es la paz urbana que se negocia con los llamados “combos paisas”. El espacio sociojurídico fue autorizado en 2023 y desde entonces ha sido sostenido mediante resoluciones del Ejecutivo que reconocen a esos voceros como interlocutores del proceso. La normativa oficial muestra que el Gobierno ha venido dando piso jurídico a ese esquema desde la Resolución 139 de 2023 y luego con la Resolución 094 de 2025.
Sin embargo, varios centros de análisis han advertido que los avances del proceso son todavía ambiguos. La Fundación Ideas para la Paz señaló que la reducción de homicidios en Medellín no puede atribuirse de manera exclusiva a la mesa de paz, sino también a ajustes en la regulación criminal, pactos entre grupos ilegales y otros factores institucionales. En esa lectura, el descenso de la violencia letal no necesariamente equivale a un desmonte efectivo del poder de las estructuras.
Para regiones como Nariño, donde también se sigue con atención el rumbo de la paz total y sus efectos sobre la seguridad territorial, el caso de Medellín deja una señal inquietante: el Gobierno nacional está dispuesto a ampliar herramientas jurídicas para mantener vivos sus diálogos con actores armados y organizaciones criminales, aun a costa de profundizar la confrontación política. La pregunta, en el fondo, sigue intacta: si estas concesiones abrirán una ruta real hacia el desmonte de las violencias o si terminarán alimentando la percepción de que el Estado negocia sin resultados verificables
