Pablo Emilio Obando Acosta
Lo ocurrido al interior de la Gobernación de Nariño alrededor del denominado memorando de entendimiento suscrito con una multinacional interesada en la explotación de oro y cobre en el departamento no puede despacharse con una simple explicación burocrática, ni mucho menos reducirse a un “malentendido administrativo”. Lo expresado públicamente por el secretario de Gobierno departamental, doctor Freddy Andrés Gamez, reviste una gravedad institucional enorme y obliga a un pronunciamiento inmediato, serio y contundente del gobernador de Nariño, doctor Luis Alfonso Escobar.
Las declaraciones son demoledoras. El secretario de Gobierno, quien para el mes de marzo ejercía como gobernador encargado ante la ausencia temporal del mandatario departamental, aseguró ante un periodista regional que fue “asaltado en su buena fe” por el secretario de Minas, doctor Plinio Pérez. Según su propio relato, el funcionario llegó hasta su despacho manifestándole que era el propio gobernador quien solicitaba la firma urgente de dicho documento. Confiando en esa afirmación y en la palabra de un colega de gabinete, procedió a firmarlo.
Posteriormente —según afirma el doctor Freddy Andrés Gamez— descubrió que había sido engañado.
La pregunta entonces es inevitable: ¿qué había realmente detrás de ese afán? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué interés se pretendía consolidar mediante la firma de un documento de semejante trascendencia para el futuro minero y ambiental del departamento de Nariño?
Aquí ya no estamos hablando de un error menor o de un simple trámite administrativo. Estamos hablando de una acusación gravísima formulada desde el corazón mismo del gobierno departamental. Un alto funcionario afirma públicamente que otro alto funcionario actuó de manera fraudulenta, engañosa y falsa para obtener la firma de un documento que comprometía asuntos estratégicos del departamento.
Eso, en cualquier democracia seria, tendría consecuencias inmediatas.
Porque si el secretario de Gobierno dice la verdad, entonces el doctor Plinio Pérez habría incurrido en una conducta absolutamente incompatible con el ejercicio de la función pública. Y si no la dice, entonces también corresponde esclarecer por qué se hacen semejantes afirmaciones sin que exista responsabilidad política o jurídica alguna.
Lo más preocupante es el silencio posterior. Resulta incomprensible que, después de unas declaraciones de semejante magnitud, no se hubiera producido de inmediato una separación del cargo mientras se esclarecen los hechos. ¿Cómo puede permanecer al frente de una dependencia tan delicada un funcionario señalado públicamente por engañar a otro miembro del gabinete y comprometer, mediante maniobras presuntamente fraudulentas, decisiones estratégicas relacionadas con los recursos naturales de Nariño?
Aquí no basta con comunicados tibios ni explicaciones evasivas. El departamento merece respuestas claras.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué alcance tenía realmente ese memorando de entendimiento con Prominar. Tiene derecho a conocer qué compromisos se adquirían, qué intereses económicos estaban en juego y quiénes impulsaban realmente ese acercamiento con la multinacional minera.
Porque el tema minero no es cualquier asunto. En Nariño toca fibras históricas, sociales, ambientales y territoriales profundamente sensibles. No puede manejarse entre sombras, presiones internas o documentos firmados bajo supuestos engaños.
La institucionalidad departamental no puede normalizar que un funcionario diga haber sido inducido fraudulentamente a firmar un documento oficial. Mucho menos cuando se trata del gobernador encargado del departamento. Si eso ocurrió, estamos frente a un hecho extremadamente delicado que compromete la confianza pública y la transparencia administrativa.
Por eso el gobernador Luis Alfonso Escobar está obligado política y moralmente a pronunciarse de fondo. La opinión pública espera claridad, no silencios. Espera decisiones, no evasivas. Espera saber por qué, después de conocerse estas denuncias internas, el doctor Plinio Pérez continúa en el cargo.
La buena fe en la administración pública no puede convertirse en excusa para la irresponsabilidad ni en refugio para posibles maniobras oscuras. Cuando un gobierno reconoce que fue “asaltado en su buena fe”, lo mínimo que corresponde es actuar con firmeza, denunciar ante las autoridades competentes y establecer responsabilidades.
Lo contrario sería aceptar que en la Gobernación de Nariño cualquiera puede comprometer el futuro del departamento mediante engaños internos, sin que ocurra absolutamente nada.
