Desde los años 90, se ha hablado de las nuevas guerras, un concepto desarrollado por Mary Kaldor. En estas, los conflictos son librados por distintos grupos y se convierten más en una empresa mutua o una condición social que en una guerra tradicional. Los bandos suelen evitar las batallas directas y buscan victorias a través de la violencia o la amenaza de ella, obteniendo ganancias económicas en el proceso. Estas nuevas guerras son permanentes y, a diferencia de las antiguas, no tienen un punto final claro. En este sentido, así como la estrategia de guerra ha cambiado, también debe cambiar la negociación para buscar la paz, una visión que compartimos con el gobernador de Nariño.
En Nariño, la complejidad de su territorio, su posición estratégica, la ausencia del Estado y la pobreza en las zonas periféricas crean el escenario perfecto para la existencia de múltiples actores armados ilegales. Estos actores se benefician del cultivo de ilícitos y de la minería ilegal, haciendo que el fin de la violencia parezca lejano. Si no se cambian estructuralmente estas condiciones, solo cambiarán los nombres de los grupos armados que controlan el territorio.
Con el acuerdo de paz con las FARC se terminó el conflicto ideológico, o al menos lo que quedaba de él. Ahora, la guerra que se vive en Colombia, y especialmente en Nariño, no es ideológica, sino política y económica. Este nuevo conflicto incluye el control territorial en determinadas regiones, y ya no es una guerra directa contra el Estado. Esto se refleja en la Ley 2272 de 2022, que constituye el marco jurídico de la paz total del presidente Petro.
Si todo sale bien. Uno de los principales logros del presidente cuando termine su gobierno será probablemente la paz construida en el departamento de Nariño. Sin embargo, el resto del país seguirá siendo inestable ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los líderes nacionales del ELN y del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. Estos procesos de negociación han sufrido reveses y cambios de rumbo, hasta el punto de incluirse en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Hasta ahora, en Nariño se han logrado tres cosas puntuales: el fraccionamiento del ELN, ahora Frente Comuneros del Sur, con el fin de apostar por una paz territorial; el inicio de diálogos con la Segunda Marquetalia; y la posibilidad de que los frentes del EMC de las FARC con presencia en Nariño se unan a este propósito. Si las cosas se dan, y obviamente es el deseo de todos los nariñenses, se podría lograr una tregua y desescalamiento del conflicto.
No obstante, hay elementos que preocupan frente a la paz territorializada, que siempre ha sido un anhelo de líderes, académicos y políticos alternativos en el departamento. Construir la paz desde abajo, desde la periferia y desde los territorios ha sido el clamor de las poblaciones que han sufrido la guerra en Colombia.
Entre las inquietudes que surgen están: ¿el fraccionamiento del ELN y del EMC podría generar una reconquista por parte de estas organizaciones “nacionales” para recuperar el territorio? ¿Cómo evitar que otros actores ilegales ingresen al territorio? ¿Cómo reconstruir un departamento que ha padecido una debilidad institucional durante tanto tiempo? ¿Cómo recuperar los territorios del país por parte del Estado central?
En cuanto a los actores ilegales involucrados en este proceso territorial, ¿cómo será el tratamiento con la justicia, la desmovilización, la dejación de armas y la transición a la vida social y política? ¿Cómo se adelantará el seguimiento al cumplimiento de acuerdos? ¿Qué hacer con las ventajas comparativas que existen frente a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal? En este caso, ¿será suficiente su formalización con los distritos mineros para restarle combustible a la guerra? ¿El cambio o sustitución del modelo económico ilegal tendrá un ejercicio real o únicamente se quedará en discurso? ¿En las condiciones actuales, es viable un modelo alternativo al modelo económico ilegal? ¿En dos años de gobierno, cuál ha sido la ejecución real en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, especialmente en el PDET Pacífico y Frontera nariñense y en los 5 municipios de cordillera del PDET alto Patía y del norte del Cauca?
Finalmente, la persistencia de las economías extractivas será el principal reto para construir la paz en Nariño. Es necesario generar una alternativa distinta que logre cambiar esta realidad económica. La negociación con los actuales actores ilegales, sin lograr el control del Estado colombiano, dará paso a otros actores que reemplazarán a los actuales, perpetuando un círculo vicioso sin fin.
