La relación entre Ecuador y Colombia volvió a tensarse con un anuncio que golpea de frente el comercio binacional y prende alarmas en la frontera sur: el presidente ecuatoriano Daniel Noboa informó que, desde el 1 de febrero, su país aplicará una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando falta de reciprocidad en cooperación para enfrentar narcotráfico y minería ilegal en la frontera.
Noboa aseguró que Ecuador ha hecho esfuerzos de cooperación pese a un déficit comercial superior a USD 1.000 millones anuales con Colombia, pero que mientras Quito insiste en el diálogo, sus fuerzas armadas siguen enfrentando a grupos ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. La medida, dijo, se mantendrá hasta que exista un compromiso real para actuar de manera conjunta en seguridad fronteriza.
La respuesta de Colombia: energía, cooperación y un freno anunciado
La reacción del Gobierno colombiano no tardó. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, rechazó el anuncio ecuatoriano y lo calificó como una “agresión económica” que rompe el principio de integración regional.
Palma centró su respuesta en un punto sensible para Ecuador: la energía. Según explicó, Colombia mantuvo exportaciones incluso cuando el sistema colombiano enfrentó una de las sequías más críticas por efectos climáticos y, aun así, sostuvo ventas que en momentos superaron los 450 MW (cerca del 90% de la capacidad de exportación disponible).
También recordó que en diciembre Colombia sufrió un atentado contra infraestructura eléctrica que afectó la capacidad de exportación, pero que —según su versión— la acción coordinada de fuerza pública y operadores permitió reconfigurar el sistema para mantener los volúmenes requeridos por Ecuador.
En cifras, Palma sostuvo que la demanda eléctrica ecuatoriana ronda entre 92 y 100 GWh-día, y que Colombia ha venido aportando alrededor de 8,0 GWh-día, lo que equivaldría a entre 8% y 10% del consumo del vecino país, gracias a acuerdos de la Comunidad Andina (CAN) y a la infraestructura binacional.
Como medida inmediata, el ministro añadió que Colombia había expedido recientemente una resolución para facilitar participación privada en ventas de energía entre países, pero anunció que ordenó “desmontarla” tras el anuncio de Noboa.
¿Qué significa esto para Nariño?
Aunque el anuncio se hizo a nivel nacional, el impacto se siente primero en la frontera: Nariño es puerta de entrada y salida del intercambio con Ecuador. En municipios como Ipiales y el corredor comercial hacia Tulcán, un recargo del 30% puede traducirse en mayores costos, presión sobre precios y tensiones para importadores, transportadores y comerciantes que dependen del flujo diario de mercancías.
Además, el trasfondo de la discusión —seguridad, narcotráfico y minería ilegal— ocurre justamente en la franja fronteriza, donde la población civil suele quedar atrapada entre decisiones de alto nivel y realidades de territorio.
Lo que viene
Tras el anuncio, autoridades colombianas señalaron que estaban revisando la medida.
En paralelo, el Gobierno ecuatoriano dejó claro que el arancel será una herramienta de presión hasta ver acciones conjuntas “con la misma seriedad” que afirma estar asumiendo Ecuador.
Para Nariño, la pregunta de fondo no es solo comercial: es si esta escalada empuja a ambos gobiernos a una salida institucional —con diálogo y coordinación real— o si abre una etapa de medidas unilaterales donde la frontera, como casi siempre, termina pagando la cuenta.
