Pablo Emilio Obando A.
Lo revelado por la Contraloría General de la República sobre los recursos del Programa de Alimentación Escolar —PAE— no es un simple hallazgo administrativo ni una cifra fría para el archivo burocrático. Es, sin exageración alguna, una herida abierta en el corazón social de Colombia.
Que más de 53 mil millones de pesos destinados a la alimentación de nuestros niños aparezcan hoy entre sobrecostos, pagos sin soporte, raciones inexistentes e irregularidades contractuales, constituye un acto de barbarie moral. Pero que, además, estos hechos golpeen con mayor fuerza a departamentos históricamente rezagados en desarrollo económico y social —como Nariño— agrava aún más la tragedia. Porque aquí no se roban excedentes: se roban la esperanza.
Hacemos nuestras las palabras del doctor Luis Fernando Mutis, excontralor del municipio de Pasto:
*Muy grave lo sucedido con el PAE en el Departamento de Nariño.
La CGR auditó los recursos del sistema general de regalías asignados al programa de alimentación escolar de Nariño, Quindio, Meta y Arauca.
Estas revisiones permitieron identificar cinco hallazgos con incidencia fiscal que representan un monto de $ 28.863 millones, derivados de inconsistencias en la administración de dichos fondos.
El hallazgo de mayor cuantía en este rubro se localizo en el Departamento de Nariño, donde se registraron $ 23.549 millones vinculados a deficiencias en la planeación y falta de aprobación formal de los ciclos de menú.
Segun el informe oficial, estas omisiones administrativas comprometen el cumplimiento de los parámetros nutricionales establecidos para la atención de los beneficiarios del programa*
Saquear inmisericordemente los recursos del PAE no es corrupción común. Es despojar a miles de niños de, quizás, la única comida digna del día. Es arrebatarles concentración en el aula, salud en el cuerpo y futuro en la vida. Es convertir el hambre infantil en botín político y electoral. Y cuando la comida de un niño se convierte en negocio, la sociedad entera fracasa.
Resulta moralmente insoportable imaginar que haya quienes llevan el pan a sus hogares manchado con la sangre social de la niñez vulnerada, cubierto con la podredumbre del dinero mal habido. No hay retórica que suavice esa infamia. No hay justificación técnica que la maquille. Aquí no caben excusas: caben sanciones.
Por eso este no puede ser un escándalo pasajero ni un titular de temporada. Se requiere un pronunciamiento firme de la clase política regional, de los líderes cívicos, de los organismos de control y, sobre todo, de los medios de comunicación de Nariño y del país. El silencio, en tiempos electorales, también corrompe.
¿Cómo es posible que frente a informes oficiales haya voces empeñadas en defender lo indefendible? ¿En relativizar lo que constituye una de las formas más crueles de corrupción? El periodismo no puede ser escudo de los saqueadores del erario ni vocero de intereses que mercadean con el hambre.
De acuerdo al delicado informe “En Nariño se estableció el hallazgo fiscal de mayor cuantía sobre estos recursos, por $23.549 millones, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, por deficiencias en la planeación y ausencias de aprobación formal de los ciclos de menú, que constituyen un riesgo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales en las entregas de las raciones”.
Ha llegado la hora de que la opinión pública deje la indiferencia. De que la ciudadanía proteste, exija, vigile. De que los responsables —sin importar rango, partido o investidura— reciban sanciones ejemplares, penales y fiscales. Pero también de que se impulsen reformas legales y mecanismos de control que blinden, de una vez por todas, los recursos del PAE.
Porque cuando se roban la comida de un niño, no solo cometen un delito: hipotecan el porvenir de una nación.
Y ese FUTURO, insistimos, —el de Colombia— no puede seguir siendo servido en bandejas de corrupción.
