Por: Juan Pablo Torres-Henao
Un alto dirigente de las extintas FARC-EP, ahora dedicado a la construcción de paz en Colombia mediante el seguimiento, la verificación y el impulso al acuerdo de paz suscrito entre esta insurgencia y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado colombiano, en alguna ocasión me señaló que el gobierno de Gustavo Petro habla de su implementación cada tres meses, coincidencialmente cada tres meses que deben presentar un informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En esta ocasión no ha sido la excepción. Pasados tres meses desde la última vez que el Gobierno Nacional asistió a Nueva York y afirmó por enésima vez que cumpliría el Acuerdo Final de Paz, ahora, transcurridos más de dos años de su elección, asiste a la consabida cita con un nuevo -no tan nuevo- responsable de la implementación y este a su vez con un seudo “plan de choque” que de entrada, debo señalarlo con todas las letras, vulnera el principio de integralidad y deja por fuera temas esenciales como la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito, así como la reincorporación económica y social de los firmantes de paz o el capítulo étnico o las disposiciones de mujer y género.
El llamado “Plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz” dice estar compuesto por seis áreas estratégicas: i) pactos territoriales para la transformación; ii) reforma rural integral; iii) agenda legislativa para la paz; iv) articulación de la seguridad en el territorio; v) acuerdo nacional para un pacto político; y vi) gobernanza del plan de choque.
Comencemos por el principio y de manera muy concreta. Los pactos territoriales para la transformación, tal como están siendo construidos, reducen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) a su más mínima expresión, es decir, a un puñado de proyectos, la mayoría de ellos estructurados durante el gobierno de Iván Duque bajo la lógica de la Paz con legalidad y abstraídos de los objetivos otorgados a estos en el Acuerdo Final de Paz. Por su parte, el punto dedicado a la reforma rural integral vuelve a cometer un error garrafal: deja por fuera de la ecuación a los planes nacionales sectoriales de la reforma rural integral, los cuales merecen la mayor atención, fundamentalmente para anclar el proceso de transformación estructural del campo. En tercer lugar, sobre la agenda legislativa realmente hay poco que decir. El Acuerdo Final de Paz ya establece cuales son los desarrollos normativos prioritarios y pese a eso se dejan dos claves: ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito y normas o reformas constitucionales o legales necesarias para el Plan Cuatrienal de Implementación, que cabe señalar, este gobierno violó flagrantemente. En relación al punto cuatro no hay mucho que decir. Nada menos se podía esperar. Ahora, lo realmente importante al respecto será poder determinar cómo la “política” de Paz Total ha impactado en la implementación del Acuerdo Final de Paz y sus defensores en los territorios, y de ser negativa, que determinaciones supondrá para la continuidad de las distintas mesas. Quinto, el acuerdo nacional para un pacto político se concibió en el Acuerdo Final de Paz como un paso inicial para adelantar las distintas reformas hace ya casi ocho años. Si bien dicho acuerdo se necesita, dudo mucho que se logre forjar en relación a la escuálida agenda legislativa propuesta. Y finalmente, en relación a la gobernanza no queda más que esperar. Desde esta columna al iniciar el gobierno Petro se señaló en repetidas ocasiones que el andamiaje institucional era insuficiente y que incluso con la conformación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz se actuaba en detrimento. Lo que ahora me preocupa son dos cosas: primero, que resulta evidente que entre las entidades que lideraran el proceso: Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y Consejería del Comisionado de Paz hay tres lecturas distintas, siendo la del DNP la más próxima al espíritu y letra de lo consignado en La Habana.
Ante este plan de choque que poco choca no queda más que apelar al planteamiento de Gramsci, cuando en la prisión del fascismo italiano, nos recordaba que ante el pesimismo de la inteligencia, queda el optimismo de la voluntad. Ante el pesimismo que emana un plan de choque que incluso violenta lo consignado en el 2016, solo queda la defensa del optimismo que se desprende de continuar pensando/luchando por la construcción de paz en Colombia.
